Subzona 14

El abogado querellante Maximiliano Corroinca pidió ayer al Tribunal Oral Federal de La Pampa que condene al ex jefe de la Policía, Luis Enrique Baraldini, a 25 años de prisión durante los alegatos en el juicio de la causa Subzona 14 II en la que se investiga a 14 ex policías y ex militares por delitos de lesa humanidad.
Baraldini, el principal responsable de la represión e ícono del terrorismo en la provincia, está acusado por los delitos de asociación ilícita, secuestros, tormentos y genocidio en perjuicio de 214 personas durante la última dictadura cívico militar en la provincia de La Pampa.
El abogado también pidió una pena 25 años para el ex coronel militar Néstor Omar Greppi, ex secretario general de la Gobernación y acusado por 91 casos, y de 23 años contra el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto, el primer civil acusado por delitos de lesa humanidad. Está acusado por 22 delitos.
Por otro lado, la querella pidió 22 años de cárcel para los ex policías Antonio Oscar Yorio; Nestor Bonifacio Cenizo , Carlos Alberto Reinhart y Athos Reta; y 20 años para Oscar Alberto “Miseria” López, ahora de apellido Melazzi, y Juan Domingo Gatica.
También solicitaron 18 años de prisión para los ex policías Hugo Marenchino, 14 años para Jorge Osvaldo Quinteros, 12 años para Luis Horacio Lucero, y 10 años para Orlando Osmar Pérez y para Miguel Angel Ochoa. En este juicio, quedó afuera por cuestiones de salud el ex comisario Roberto Fiorucci.
Además, Corroinca planteó al TOF que se revoquen las detenciones domiciliarias con las que fueron beneficiados los imputados y que se ponga en conocimiento de la Administración Pública Provincial la sentencia para que se exoneren y se suspendan las jubilaciones, pensiones o retiros para los condenados, como corresponda.

Reparaciones.
Corroinca dijo que el objetivo del genocidio en La Pampa “fue dañar los lazos sociales de la sociedad pampeana, utilizando el terror y la desaparición para el control social, destruyendo los vínculos que tenían principio la solidaridad”.
Afirmó que “ya no podemos restituir sueños, juventud, compañeros ni compañeras de militancia” pero agregó: “La primera medida para reparar el daño es la satisfacción del derecho a la verdad que se podrá traducir en la sentencia de este juicio”.
“El derecho a la verdad adquiere dos dimensiones, el conocimiento y la verdad histórica y el reconocimiento. Esto coloca al Estado en el deber de preservar la memoria y garantizar el derecho colectivo a que todos sepamos qué sucedió”, siguió.
La querella en rigor representa a la Universidad Nacional de La Pampa, el Partido Comunista, el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos y a las víctimas Raquel Barabaschi y Juan Carlos “Pinky” Pumilla, y ayer finalizó con los alegatos en el Colegio de Abogados. Ahora seguirán las audiencias del 18 y 19 de diciembre con los alegatos de la fiscalía.
Por otro lado, la querella pidió que se le retire la matrícula al médico Pérez Oneto para que deje de ejercer la profesión y que además se investiguen nuevos delitos, entre ellos los hechos que afectaron a quienes en la dictadura eran niñas, niños y adolescentes en razón del daño producido ante los tormentos que ocasionaron las fuerzas policiales y militares, considerando víctimas a los hijos e hijas de Roberto Santa Juliana por el abandono de Jorge que tenía 10 años, Rafael Mercedes Guardia, Martín Severo Cortez por su hija Rosana y Raúl D’Atri.
También pidieron “reparaciones simbólicas” como que se notifique a las víctimas; que en el colegio José Ingenieros de Jacinto Arauz se impongan en distintos lugares los nombres de las víctimas; un reconocimiento público de la Corte Suprema de Justicia al juez federal Juan De Dios Uncal y a las víctimas del Poder Judicial que fueron perseguidas y que se ordene al Colegio Médico un reconocimiento y desagravio por el rol que ocupó la entidad en la represión.

Trabajadores.
A su vez, la querella solicitó que se ordene la reparación de los legajos de las y los trabajadores víctimas con el objetivo de reconocer y dejar asentado el verdadero motivo del cese de la relación laboral y pidieron a la Provincia que forme un espacio de la memoria en la Seccional Primera, el principal centro clandestino de detención.
También pretenden que se identifiquen los demás centros clandestinos como la ex Brigada de Investigaciones, ubicada en Raúl B. Díaz y Río Negro, la Jefatura de Policía, el Puesto Caminero de Jacinto Arauz y la comisaría local, y de General Pico, Catriló y Rancul; la Unidad 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal, y el Regimiento de Caballería de Toay; y la publicación en los medios de la sentencia.
En el pedido de reparación, incluyeron un planteo para que se le exija al gobierno provincial la creación de un “reservorio digital” que cuente con la documentación del juicio de la Subzona 14 y también para que se inicie en el ámbito legislativo la reforma de la ley que regula a la policía y otras normativas vigentes.
Por último, los querellantes solicitaron que se pida la habilitación al Obispado de Santa Rosa, como representante de la Iglesia Católica, para el acceso a los archivos entre 1975 y 1983 y que se haga lo mismo con la Delegación local de la Policía Federal y la Fuerza Aérea.

Consignas.
Sobre el final de su exposición, el abogado Corroinca dijo que “es indispensable” avanzar en la “reconstrucción de la verdad histórica” y para eso “es necesario buscar en los vestigios de la lógica operativa de las fuerzas de seguridad que cometieron el genocidio, esto no se pudo implementar sin un mapa lógico de la represión basado en la doctrina de la seguridad nacional, que fue racionalmente pensado, no fue la locura de algunos ni el intento de un loco que subió al poder y de un momento a otro se le ocurrió secuestrar a personas y eliminar a una generación”.
En esa línea, agregó que el Estado tiene el “deber de reivindicar la memoria para revelar toda la verdad” y destacó: “Memoria, verdad y justicia son consignas que llevaremos como bandera. No existe ningún tipo de fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas”.

Alegatos.
En el inicio de la jornada y sobre el caso del gobernador José Aquiles Regazzoli, que fue detenido ilegalmente entre abril y mayo de 1976, tras el golpe militar y estuvo alojado en la Unidad 4 junto a otros detenidos políticos, el abogado Miguel Villagra acusó a Luis Baraldini por asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio. “Los tres poderes del Estado fueron ocupados por la dictadura para desandar la represión”, explicó.
Por otro lado, cuestionó a los represores que pusieron “en discusión” las declaraciones de las víctimas que toman mayor importancia en este juicio ya que en la dictadura “hubo una orden para eliminar todo tipo de documentación que implicaría un problema en tiempos democráticos”.
Además, manifestó que “se pretendió relativizar los 170 testimonios que pasaron por el juicio, lo que implicaría negar la existencia del juicio que solo se pudo llevar a cabo por los testimonios de las víctimas”.
“El sistema de tortura implicaba no permitirle ver a las víctimas, debiendo ellas pretender reconocer al torturador por comentarios, el sonido de la voz, entre otros aspectos”, afirmó Villagra, destacando que “buscaban mantener la impunidad de la represión”.