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Telega desafía a la Cosega y al Gobierno

GENERAL ACHA: EMPRESA FUE EN QUEJA AL ENACOM Y RECLAMA POR EL VALOR DEL CANON

La empresa privada del servicio de televisión por cable e internet de General Acha, Telega, se niega a pagar el canon fijado para el uso de los soportes cooperativos por la ley provincial 3140 y acudió en queja al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pidiendo que interceda por lo que considera la violación de leyes nacionales y hasta la Constitución Nacional.
La presentación fue hecha ante el organismo nacional en septiembre y se corresponde con una comunicación similar que por escrito y con la firma del titular del directorio de Telega, Jorge Martínez, ante la Cosega (Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha) donde argumenta que lo fijado por la norma dictada por la Cámara de Diputados de La Pampa prevé un canon que es «absolutamente desproporcionado e irrazonable».
La resistencia de la empresa achense va incluso a contramano de la postura adoptada por el Grupo Clarín, que luego de resistir ha comenzado a pagar tanto en Santa Rosa como en General Pico, lo que establece la ley a las cooperativas locales y además embate contra el propio Gobierno de La Pampa, que al dictar la ley a través del poder respectivo «ha excedido sus atribuciones» e incluso «viola la Constitución Nacional», dice el escrito.
La respuesta legal además parece ahora tener un correlato político, con la presentación en el filo del límite legal de una lista para competir en las elecciones de delegados que la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha realizará en los próximos días. Se desprende del mero repaso de algunos de los nombres que la integran, algunos de ellos futuros funcionarios al gobierno municipal entrante (ver aparte).
En mayo, en nota dirigida al Consejo de Administración de la Cosega, Martínez declaró -como pide la ley- que su empresa utiliza las columnas del tendido eléctrico, propiedad de la cooperativa según la ley, para televisión por cable e internet y que tiene sobre ellas una red de 60.640 metros de extensión.
Sin embargo, y tras hacer algunas consideraciones técnicas que propone para distinguir cada tendido, el empresario del cable cuestiona el canon y el instrumento legal que lo dispone.
En términos similares fue redactada la nota dirigida a la presidenta del Enacom, Silva Giudici, y tendiente a «impugnar el canon» previsto por la ley pampeana. Fue elevada el 23 de septiembre y además de las consideraciones técnico-jurídicas apunta directamente contra los valores asignados por la ley, a los que compara con lo que pagaba antes de su sanción e incluso con lo que se abona en igual concepto en otros puntos del país.

«Canon irrazonable».
Para Martínez y su empresa, el canon «es absolutamente desproporcionado e irrazonable» y sostiene que «es fácilmente demostrable esa desproporción». Abundó indicando que lo establecido «raya en lo absurdo» y acusa de que «ya nada les alcanza».
También dedicó un largo espacio a los gastados argumentos con los que los cableros de todo el país han atacado e intentado combatir a los vecinos organizados en cooperativas (eso es la Cosega) y el resto de las entidades solidarias haciendo referencia al monopolio en la distribución eléctrica, el beneficio de los subsidios del Estado que para ellos resultan ilegales y hasta la exención de algunos impuestos.
Allí, el empresario cargó contra el gobierno provincial al que acusó de «excederse en sus atribuciones» al propulsar y sancionar la ley 3140″.
En su consideración, se está violando la ley nacional 27078 en su artículo 95, inciso D apartado i. Martínez y su empresa reclaman que el canon que se abone «sea acorde al precio del mercado».
Espera licencia.
Por lo que se pudo averiguar en torno al Enacom, desde el organismo no han emitido aún ni opinión ni respuesta a esta presentación. En el mismo organismo duerme o pasea de una oficina a otra el expediente por el que se tramita la licencia para prestar el servicio de televisión por cable de la cooperativa de Acha, cuyas autoridades ya no tienen esperanzas de que sea otorgada antes del final de la actual gestión, proclive como los hechos lo han demostrado a favorecer a los prestadores privados por sobre las cooperativas en aquellos puntos donde deberían convivir y competir.
Si bien es cierto que muchas cooperativas han logrado licencia, se trata de pequeñas localidades donde si no es la cooperativa la que da el servicio (otra vez los vecinos organizados para satisfacer una necesidad) no hay interés del capital privado.

Se recortó presupuesto
La castense Verónica Filippa es doctora en bioquímica y docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
Filippa reconoció que actualmente la situación de los proyectos de investigación «son complejos como en todos los sectores y cada vez es más difícil ingresar al sistema del Conicet por las exigencias, y por los recursos diarios para trabajar, donde todo cuesta mucho y los reactivos son a precio dólar y se complica tener todo para trabajar».
«Se recortó el presupuesto para investigación y si no tenés financiamiento externo se hace muy difícil, y ahí se nota en las limitaciones que tenés a diario», admitió.
Actualmente trabaja en una «investigación básica». «Nuestro modelo experimental es un roedor, que es la vizcacha. Investigamos los procesos reproductivos en distintos órganos, que pasa en el eje reproductivo en este roedor a lo largo del año, porque tiene un ciclo reproductor muy particular. Estoy en ese proyecto de investigación desde que empecé a trabajar en la Universidad cuando era alumna», relató.