Testigos confirman comisarías tomadas

Las comisarías Primera y Tercera de esta capital pampeana estuvieron tomadas y la línea 101 de emergencias de seguridad ciudadana no funcionó durante las 27 horas que duró el acuartelamiento de un grupo de policías activos y retirados de la provincia, entre la noche del 11 y las primeras horas del 13 de diciembre del año 2013.
Así lo confirmaron la mayoría de los testigos que declaró ayer en el juicio oral y público que se sigue contra 14 policías en la Ciudad Judicial de Santa Rosa y que continuará esta mañana, desde las 8.30 ante el Tribunal de Audiencia conformado por los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín.
El primer testigo, Aldo Jesús Arhex, que se desempeñaba en el 101, dijo que estaba de franco aquel 11 de diciembre cuando se realizó la toma de la Jefatura de Policía y regresó al servicio el 12, cuando "estaba todo tomado", por lo que no se pudo reincorporar al Cecom ya que el 101 estaba "interrumpido".
El testigo, en una declaración que se extendió por pocos minutos, reiteró que ingresó al edificio del Cecom, que funcionaba en la Jefatura, y el servicio de emergencias 101 "no se atendía", favoreciendo la teoría de la fiscalía que acusó a los policías porque dejaron en estado de vulnerabilidad a la sociedad, sin seguridad.
En el juicio se ausentó Diego López, quien viajó afuera de la provincia y no pudo llegar a la audiencia. Por ahora, hay dos policías prófugos: Pablo Montes, que estaría en Estados Unidos, y Jeremías Salvatierra. Ambos tienen pedido de captura. Ayer, el defensor oficial Martín García Ongaro desistió de seis testimonios.
A su turno, Alfredo Gustavo Sierra en aquel momento trabajaba en el Cecom como operador, pero el 11 de diciembre estaba de guardia y contó que estuvo en la manifestación de policías que reclamaban salarios y mejores condiciones laborales. "No me convocó nadie", aclaró.
"Se reclamaba un aumento de sueldo, que fue lo único que se cedió, el cambio de la Ley de Policía, que nunca se hizo hasta hoy y nos perjudica, porque es una normativa vieja", explicó Sierra, agregando que la protesta "era pacífica" y "no hubo hechos violentos", como sostiene la defensa de los acusados.
Sobre la manifestación, afirmó que "al final se celebró a medias, porque se logró el incremento del sueldo pero queríamos una ley que nos protegiera y nos cuidara pero eso no pasó hasta hoy", mientras que aseguró que "los equipos del Cecom funcionaban "perfectamente", pero aclaró: "Los teléfonos del 101 -durante la toma- no se atendían".
Además, Sierra advirtió que "me encantaría que la Ley Orgánica cambiara por el bien de la policía" y destacó que "el gobernador prometió que se iba a cambiar la legislación y hasta hoy, no se cambió nada".

Comisarías "tomadas".
El entonces subjefe de la Seccional Primera, Juan Carlos Méndiz, manifestó que antes del acuartelamiento estuvo "toda la noche" trabajando para evitar el saqueo de La Anónima de la Pilcomayo y destacó que con el jefe Temístocles Torreani y los suboficiales, salieron en dos vehículos (un auto y una camioneta) a recorrer la jurisdicción.
El comisario, además, contó ante el tribunal que aquella noche del 12 de diciembre de 2013 entró y salió varias veces de la comisaría "sin problemas" a buscar balas y chalecos antibala y agregó: "Nos equipamos como para tener una batalla aunque nunca tuvimos mayores inconvenientes". Incluso, recordó, trasladaron a los tribunales a un detenido.
Mendiz fue consultado por el defensor de Rojas, el abogado Boris Vlasich, y afirmó que el efectivo "no estaba de acuerdo con la toma". Rojas está acusado de ingresar a Vialidad Provincial, junto a Montes, que rompió un candado para entrar al predio de la avenida Spinetto, para cargar nafta a un móvil policial en el que circulaban.
Comentó que Rojas llegó a la comisaría el 12 de diciembre a las 7 de la mañana y le explicó que no estaba de acuerdo con la toma. "Me dijo que no quería participar del acuartelamiento y le pedí que se quede en la comisaría cumpliendo su horario de trabajo. Me pidió salir a patrullar pero no había más lugar en los dos móviles", agregó Méndez.
Mendiz indicó que el personal de calle tiene que entregar el vehículo con combustible y en condiciones, ante una pregunta de Vlasich. "Si se entrega sin nafta, se puede aplicar una sanción, depende del jefe", manifestó. "En los primeros horarios, la cadena estuvo rota, estuvimos horas patrullando sin saber a quién responder", siguió.
También expresó que durante el patrullaje de la madrugada del 12 y a posteriori "más de media comisaría fue conmigo a la Escuela de Policía" y, entre ese personal estuvo Rojas. Definió a Rojas como "una buena persona, un buen policía", confirmó que Montes estuvo entre los suboficiales que resolvieron no trabajar y recordó que el segundo día de la toma fue a la Primera, donde se acordó "que la situación no daba, Rojas era encargado de turno y decidió seguir trabajando y fuimos a la Escuela de Policía".
-¿En esas horas la Seccional Primera estuvo bajo control?, se le preguntó.
-No. Nosotros salimos a recorrer y la orden fue no volver a las comisarías para evitar roces o problemas innecesarios con el personal porque se esperaban peleas que finalmente no ocurrieron. La comisaría no estuvo controlada, aunque cada vez que regresé a ella no hubieron hostilidades para conmigo.

La Tercera, tomada.
Braian Eduardo Adrián Elizondo era oficial inspector de la Seccional Tercera. Aseguró que "la dependencia estuvo tomada" y que patrulló la jurisdicción junto al jefe y al subjefe de la comisaría y otros oficiales. "El 101 no funcionó, por eso no podíamos operar entre los móviles", dijo.
Siguiendo en esa línea, el efectivo señaló que "la frecuencia era el canal 4 y se obstruía porque pasaban música e incluso conmigo hubo un altercado. No podíamos usar la frecuencia, por eso los que estábamos trabajando nos comunicábamos por teléfono, así se llevaron a cabo los patrullajes".
Omar Eduardo Obholz, que en 2013 era el jefe de la Seccional Segunda, dijo que el miércoles 11 a las 23 un grupo del personal subalterno le avisó que no trabajaría. Esos policías se quedaron en el patio de la dependencia y al otro día por la mañana fueron hasta la Jefatura, que estaba tomada.
El comisario agregó que eran unos 30 efectivos los que decidieron no trabajar, que no existió problema con los detenidos y que "no hubo ninguna situación de hostilidad. Solamente tenían dos patrulleros operativos y uno de los que quedó en la comisaría terminó en la Jefatura. Por otro lado, ante la pregunta de la fiscalía, añadió que "los teléfonos de la comisaría sonaban y no se atendía".

Testimonio de una vecina
Durante la audiencia realizada ayer en los tribunales locales, también declaró ayer Natalia Daniel González, una vecina que se "solidarizó" con la policía y participó de la manifestación que comenzó en la plaza San Martín, siguió a Casa de Gobierno, donde se entregó un petitorio, y finalizó con la toma de la Jefatura. "Los policías estaban mal pagos, los patrulleros rotos, me sumé como una ciudadana", explicó. Y ante una pregunta de la defensa, indicó: "Me parece un juicio poco serio, el reclamo era legítimo".
Romina Beatriz Camarero, que trabajaba en el Servicio de Emergencias Médicas, recordó que durante el acuartelamiento atendió a un herido de arma blanca, el 12 de diciembre a las 18. El paciente fue trasladado al hospital Lucio Molas y la médica dijo que "alguien llamó al SEM" y resaltó que "el servicio se prestó normalmente". En total, atendió tres pacientes ese día en el que estuvo de guardia.
Con respecto al intento de saqueo al supermercado La Anónima de la calle Pilcomayo, un día antes del acuartelamiento, declaró Claudia Mariela Pardo, una vecina que destacó que en esa zona "estuvo la policía en todo momento, la seguridad estaba reforzada, andaban camionetas con efectivos en las cajas".
Incluso, recordó que personas quisieron entrar a un comercio que estaba por inaugurar y "la policía detuvo a la gente". Y siguió: "La gente se portó muy mal, querían entrar a La Anónima".

Los acusados.
Según la acusación del fiscal general Guillermo Sancho, el 11 de diciembre de 2013 -casi sobre la medianoche- existió "una toma violenta y hostil" de la Jefatura , el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) y la Dirección de Comunicaciones, para "arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial" una serie de medidas que habían quedado reflejadas en un petitorio presentado horas antes.
Los imputados por ese hecho son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. A estos dos últimos, además, se los acusa también de daño y coacción.