Trata: piden celeridad en causas

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía General ante el TOF de Santa Rosa, y Alejandra Mángano, fiscala a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), reclamaron que se fije la fecha de audiencia para dar comienzo a los debates orales en el marco de las causas por trata de personas y figuras conexas. El argumento central de la solicitud fue «el tiempo transcurrido desde la elevación a etapa plenaria» y el hecho de que ya se encuentran «en condiciones de avanzar en este sentido».
El primero caso que mencionaron desde la Fiscalía General y la Protex fue el de la causa del prostíbulo Good Night, que funcionó en Lonquimay. En ella el Tribunal Oral de La Pampa, el día 22 de mayo de 2017, condenó a Carlos Javier Fernández (autor), Luis Enrique Rogers y Carlos Adrián Alvarez (partícipes necesarios) por el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia en concurso ideal con el de acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas.
En ese expediente también fueron condenados Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs como participes secundarios.
El 25 de octubre del año pasado, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por las defensas de Carlos Alaniz y Luis Rogers y este último hacerlo extensivo a los restantes procesados, anular las penas impuestas a todos ellos, apartar al tribunal interviniente y reenviar la causa a fin de que realice una nueva graduación de penas de acuerdo a las consideraciones realizadas.

Trabajo esclavo.
Otro de los casos en el que pusieron la lupa fue el que tiene como imputados a Oscar Palacios y Marta Meringer por explotar a una persona en un horno ladrillero de Santa Rosa. «Dicha causa fue elevada a etapa de juicio el día 3 de septiembre de 2020 y este Ministerio Público Fiscal realizó el respectivo ofrecimiento de prueba, por lo que se encuentra a la espera de la fijación de audiencia de debate oral», explicaron.
La víctima fue un hombre que, según el procesamiento que pesa sobre los acusados, fue captado, recibido y acogido con fines de explotación, agravado por haber mediado engaño, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación de la víctima en un horno ladrillero durante más de una década (desde 2007 a 2018).
También mencionaron una tercera causa que tiene como imputado a Adolfo Marín Carapi, en la cual hace más de tres años Casación resolvió declarar la competencia del TOF de Santa Rosa, en su integración original, para seguir interviniendo. La última novedad en el expediente tuvo lugar el 13 de marzo de 2018.
«Hasta aquí, los casos enumerados se encuentran en condiciones para convocar a las partes al debate, siempre de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del Tribunal, pero con miras a evitar que su retardo obstaculice su continuidad o demore aún más el trámite de otros casos que le siguen», explicaron desde el MPF.

Venus y Karibian.
La nota alude también al caso que tiene entre los imputados al ex jefe comunal de 25 de Mayo, David Bravo. En ese expediente, 10 de noviembre pasado, la Fiscalía Federal realizó el requerimiento de elevación a juicio oral y público para Bravo y también para el ex comisario Miguel Angel Oyarce. Ambos están acusados del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, respectivamente, por haber facilitado el delito de trata de personas para explotación sexual en un local que, con los nombres de «Venus» y «Karibian», funcionó como prostíbulo al menos entre enero de 2011 y octubre de 2012.
En esa causa los principales acusados son Nurys Caraballo Castillo, una mujer dominicana, y su hijo, José Luis Carpio Caraballo, por el delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotación mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual. La madre fue sindicada como dueña del local y el hijo, como administrador.

Macachín.
El pedido de celeridad abarca también a la causa que involucra al actual jefe comunal de Macachín, Jorge Cabak. El 13 de diciembre de 2019 la Sala III de Casación resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por los fiscales y anuló la sentencia del TOF que había beneficiado a los acusados y apartó a ese tribunal del conocimiento de la causa, a la espera de que se designara uno nuevo para que lleve adelante, otra vez, el debate oral y público.
«En cuanto a los puntos más importantes de la sentencia anulada, deben mencionarse las revocaciones a las absoluciones de Leandro Otero, Oscar Moya, Luis De Luca, Esmundo Blas, Maximiliano De Luca, Hugo Iglesias y Cabak, por hechos vinculados a la trata de personas», explicaron Gómez Barbella y Mángano.
El 15 de septiembre de este año, la Sala mencionada dispuso no hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por las defensas. El mes pasado, el último trámite fue la notificación a uno de los abogados defensores sobre una presentación mal realizada, que debería reiterar.

El Delfín.
Por último, incluyeron el caso del prostíbulo de General Acha «El Delfín», donde la imputada es Marta Arminda Silva, entre otros. Cabe recordar que luego del juicio oral en el que todos los imputados fueron absueltos, el 20 de marzo del año pasado, la Cámara de Casación hizo lugar parcialmente al recurso de casación que había cursado el Fiscal General y anuló la sentencia. En el mismo fallo, el tribunal de alzada apartó al TOF de Santa Rosa y pidió designar una nueva conformación para realizar un nuevo juicio oral y público.
Así, fueron anuladas las absoluciones de Silva y Carlos Raúl Silva. En junio del año pasado, el TOF informó que la causa se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso de queja.

Diez años de trámite.
Respecto a los casos de 25 de Mayo, Macachín y General Acha, Gómez Barbella y Mángano explicaron que los tres tienen en común que, si bien aún no reúnen las condiciones para su llamamiento a debate, son hechos que datan de casi una década, por lo que se solicita que, una vez concluidas todas las revisiones pendientes, se le imprima celeridad al trámite de cada una de ellas para que pueda realizarse el respectivo juicio oral y público.
En los fundamentos del pedido, recordaron que existen compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional frente a la comunidad jurídica internacional en materia de investigación y juzgamiento de los hechos relacionados con este tipo de delitos. «Muchos de los casos enumerados se enmarcan en un contexto de explotación sexual, que comprometen al Estado en su defensa a los derechos de las mujeres y la igualdad de género», plantearon.