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Un militar a juicio por abuso

CONTRA UNA SOLDADA VOLUNTARIA

El fiscal federal de Santa Rosa Leonel Gómez Barbella y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, pidieron la elevación a juicio de la investigación seguida a un integrante del Ejército por abuso sexual simple en un hecho ocurrido el 3 de enero de 2018 en el Comando Brigada Mecanizada X en esta ciudad.
De acuerdo a la declaración de la víctima, una soldada voluntaria, esa jornada estaba de servicio efectivo de la guardia pasiva, volviendo desde el baño hacia el alojamiento C de la sección femenina y observó al imputado -cabo primero conductor motorista de turno- sentado en la puerta de la ayudantía para utilizar la señal de wi-fi de ese sector.
El acusado comenzó a hablar de manera prepotente a la víctima, preguntándole si podía dormir con ella y ante la negativa, el hombre entró a la habitación, le obstruyó el paso y la encerró contra la pared. Sin respetar los pedidos de la denunciante para que se vaya, la arrinconó más, intentó besarla y, al no poder hacerlo, le tocó la cola. Tras ser empujado de la habitación, el acusado se retiró diciendo «esto de acá no sale».
Según el informe técnico del área especializada de la Policía de La Pampa, la mujer fue «víctima de violencia de género bajo su forma sexual y psicológica» ya que señaló «sentimientos inherentes a los de una víctima de este tipo de situaciones como de culpa, angustia, pensando en el qué dirán sus compañeros y autoridades».
También se acopló el testimonio de una sargento ayudante en el Comando de Brigada Mecanizada II, que informó sobre otro hecho de violencia sexual ejercido por el acusado, por el cual fue sancionado con días de arresto.

Impunidad.
En su dictamen, Gómez Barbella y Labozzetta remarcaron que muchos de estos ataques ocurren en ámbitos cerrados o íntimos que impiden la multiplicidad de testigos «y ello no puede derivar en una impunidad sistemática». Además, indicaron que «es obligación del Estado, y del sistema de justicia de manera específica, establecer los parámetros y estrategias bajo los cuales investigar, probar y sancionar estos hechos con las particularidades que revisten».
Los funcionarios judiciales, según se indicó desde el Ministerio Público Fiscal, explicaron que la falta multiplicidad de testigos «no puede derivar en una impunidad sistemática» en estos casos.
En ese sentido, los fiscales indicaron que «el abuso sexual supone la ausencia de consentimiento jurídicamente válido de la víctima» y que, tal como surge de la descripción de los sucesos, el acusado habría realizado esta conducta en orden a la relación de dependencia, autoridad o poder.

Dependencia.
En el caso, la relación asimétrica se ve profundizada por el contexto en el que ocurrieron los hechos: en una dependencia del Ejército Nacional, «institución fuertemente jerarquizada en la cual las órdenes y la debida obediencia de unos para con otros, dependiendo de categorías y clasificaciones se encuentra particularmente naturalizada». Para el MPF, existió una relación jerárquica agravada por el ámbito militar que potenció la asimetría propia de las relaciones de género.
Al mismo tiempo, se indicó, los cargos que detentaban ambos implicaba una relación de poder: mientras que la víctima era soldada voluntaria, su agresor era cabo primero conductor motorista, estando en determinadas circunstancias bajo sus órdenes, que rondaban en torno a tareas de limpieza o de completar documentación, siempre en calidad de subalterna. En definitiva, existía una relación jerárquica agravada por el ámbito militar que potenció la asimetría existente entre ambos, propia de las relaciones de género, lo que acentúa aún más la responsabilidad del imputado por la gravedad de su conducta.