¿Un pampeano era el dueño de la mansión?

CRIMEN SWINGER EN PUNTA DEL ESTE

Detrás del crimen de un profesor de inglés en Maldonado, Uruguay, y que tiene a la ex de la víctima y “madama” de una mansión swinger ubicada en el barrio Beverly Hills de Punta del Este presa, se esconde una historia de sexo, dinero, lujos y lujuria que -según una investigación del diario uruguayo El País- involucra a un argentino. Este periódico consignó que la información fue chequeada con cuatro fuentes independientes antes de asegurar que la construcción de la mansión swinger fue financiada por un alto funcionario de la administración del ex presidente Carlos Saúl Menem, de quien no trascendió la identidad.
Los primeros datos aportados por el medio del país vecino sostienen que en el barrio Beverly Hills aseguran que el encargado de financiar la construcción de la mansión “Gipsy Queen” fue un ex funcionario argentino, y que habría puesto el dinero para la compra del predio de 1.049 metros cuadrados, ya que por entonces estaba vinculado emocionalmente con “Leticia”, la mejor amiga de la detenida Lulukhy (“Lulu” ó “La Gitana”) por el crimen de su ex, Edwar Alexis Vaz Fascioli (45), que figuró como titular de la casa hasta su posterior venta a un empresario brasileño.
Clarín también sostuvo que fuentes del caso aseguraron en horas del jueves que el argentino involucrado sería un hombre fuerte del gobierno nacional durante los ’90, quien se desempeñó como ministro durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem y hoy viviría en Estados Unidos.

Fuertes sospechas.
Ahora bien, los datos publicados por el matutino porteño llevaron a que varios pampeanos comenzaran a tener fuertes sospechas de que este misterioso argentino involucrado podría ser -o no- Jorge Alberto Rodríguez; oriundo de Hilario Lagos, que supo ocupar el cargo de ministro de Educación durante el mandato de Menem, entre los años 1992 y 1996; para luego ser Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, donde se mantuvo hasta el año 1999. Las sospechas estarían fundadas también en el dato de que Rodríguez reside en los Estados Unidos.
Jorge Rodríguez claramente fue un “hombre fuerte” de la política en la década de los ’90. Pertenecía al Partido Justicialista y antes de ocupar cargos a nivel nacional se desempeñó como subsecretario de Asuntos Agrarios de la Provincia de La Pampa, durante la gobernación de Rubén Marín, entre los años 1983 y 1987; y, entre 1987 y 1989, fue ministro de Educación en nuestra provincia -renunciando para candidatearse a diputado nacional-.
La última vez que se lo habría visto en nuestra provincia fue en el año 2011, en marzo, cuando arribó para el centenario de su pueblo. Desde que a fines de 1999 se alejó del gobierno nacional, desapareció de la escena pública y acumuló denuncias penales y causas judiciales, pero en todos estos años todavía no tiene ninguna condena firme en su contra.
Gente que lo conoce ha sostenido que vive parte del año en Uruguay, que supo abrir una consultora y asesorar a provincias, municipios y al BID.

Suerte en la Justicia.
En el año 2012 zafó de la ampliación del procesamiento por el delito de peculado porque un juez cometió un error increíble: lo indagó por el cobro de sobresueldos cuando ocupaba el cargo de ministro de Cultura y Educación de la Nación, pero lo procesó por haberlos percibido por un período de tiempo más extenso. La resolución de la Cámara Federal porteña está fechada el 5 de diciembre y en ella se revocó la falta de mérito y se procesó a 22 ex funcionarios menemistas por el cobro de esos dineros extras. Rodríguez ya estaba procesado, en otra causa, por pagar sobresueldos cuando fue jefe de Gabinete de la Nación.
Sin dudas el ex funcionario ha tenido mucha suerte en la justicia. La causa en la que fue investigado por enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública prescribió, pese a que habría llegado a tener más de veinte inmuebles, cuatro campos, acciones y ahorros, entre otros bienes. También zafaría de la acusación de haber beneficiado a la sociedad anónima Aeropuertos Argentina 2000 cuando en 1998 obtuvo la privatización de 33 estaciones aéreas en todo el país. En ese expediente lo habían imputado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Por lo tanto, además de los sobresueldos, sólo debe afrontar la imputación de tentativa de administración infiel de bienes públicos porque, en 1999, cuatro días antes de terminar su gestión como jefe de Gabinete, autorizó el pago de 47.150 pesos a la empresa “Trazos SRL” para un seminario que no se hizo.