Un pampeano que defiende a mendocinos

Un abogado pampeano, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, utilizó los argumentos que la Corte Suprema dio a favor de La Pampa en el reclamo por el río Atuel, para defender los intereses de un sector social de la provincia de Mendoza que no quiere cambios en la ley minera de esa provincia. Paradójicamente, el sector social al que Gil Domínguez defiende con argumentos pampeanos, es el mismo que resiste sistemáticamente cualquier manejo compartido del río Atuel y de todo otro recurso natural interprovincial.
Un colectivo de vecinos se denomina Multisectoral del Sur y se declaró en alerta luego de conocer el proyecto de ley que envió el nuevo gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, al Parlamento de esa provincia proponiendo cambios a la Ley 7.722, que regula la actividad minera e impide el uso de sustancias como el cianuro.
Fue el propio abogado pampeano quien anunció la acción judicial en una entrevista que mantuvo con FM Vos, la emisora que pertenece a Diario San Rafael, en la que se explayó sobre las normas que protegen el ambiente y, sin dar precisiones, recurrió a fallos que protegen los intereses pampeanos frente al avasallamiento mendocino. Allí afirmó que el proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suarez en su primer día de gestión viola el principio de progresividad y no regresividad.
"La Multisectorial siempre ha sido clara apoyando la ley 7.722, que garantiza la tutela del ambiente, el derecho al agua, el derecho a las generaciones futuras; primero se protege el ambiente, el derecho al agua, y después se realiza cualquier tipo de actividades productivas", afirmó Gil Domínguez. "Lamentablemente el Gobernador ha enviado un proyecto de modificación que viola el principio de progresividad y no regresividad, que es un principio estructural básico de todo el sistema de Derecho, pero especialmente del derecho al ambiente".
Según explicó, este principio protege los derechos alcanzados para que lo logrado no pueda ser quitado. "Alcanzado determinado piso, siempre normativamente, se puede agrandar ese piso pero nunca disminuirlo; la posibilidad de utilizar determinadas sustancias químicas está afectando este principio".
Sostuvo que se está "desconociendo el fallo de la Suprema Corte de Mendoza que ratificó la constitucionalidad de la ley 7.722 y también fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ha consolidado la idea de la protección del ambiente y el derecho al agua como un derecho colectivo que no puede ser limitado por argumentos de necesidades de mercado o que encubren una cierta perversión argumental al decir 'pero en realidad vamos a generar más puestos de trabajo'. La producción de bienes y servicios no puede comprometer el ambiente y el futuro".

La sentencia de 2017.
Aunque no lo mencionó -o por lo menos no consta en la publicación de Diario San Rafael- el "fallo reciente" al que remitió Gil Domínguez n es ni más ni menos que la sentencia del 1 de diciembre de 2017 en la que la Corte Suprema de Justicia sentó una fuerte jurisprudencia de que el agua es, antes que nada, parte de un ecosistema y que las acciones de las personas deben estar sujetas a la dinámica de la naturaleza, y no a la inversa.
Esa sentencia ordenó determinar el "caudal hídrico apto" para reconstituir el daño ambiental en el oeste pampeano, algo que aún no se ha logrado por la férrea oposición del gobierno de Mendoza y de sectores sociales como los que ahora patrocina Gil Domínguez.
La sentencia de 2017 también advirtió que la utilización del agua con fines productivos no puede anteponerse a su condición de bien natural, que es lo que señaló Gil Domínguez cuando habló de la "perversión argumental" del planteo del gobierno mendocino y de los "argumentos de necesidades de mercado".

Medida preventiva.
En la entrevista con la FM sanrafaelina, Gil Domínguez anticipó que se estudia recurrir a la Justicia con una acción preventiva que permite el derecho ambiental para evitar daños que luego pueden ser irreparables o muy graves. "Estamos analizando interponer algún tipo de medida preventiva porque en torno a la tutela del ambiente la protección es mucho más amplia", escribió Diario San Rafael.
No coincidió con la idea de un plebiscito porque "los derechos no se plebiscitan, el logro de los tratados sobre derechos humanos justamente es que no dependen de las mayorías coyunturales, fueron puestos en las constituciones para ser garantizados, quizás para ser discutidos en aspectos periféricos pero no en sus puntos centrales".
El texto enviado por el Poder Ejecutivo mendocino para reformar la ley 7.722 plantea modificaciones estructurales a esa norma, sancionada hace una década por impulso de grupos sociales y ambientales que defienden el uso del agua pero también se resisten a compartir con las provincias condóminas del recurso.
La propuesta por un lado, elimina las prohibiciones y solo se mantiene esa excepción para el mercurio. El resto de las sustancias estarían permitidas pero con "uso sustentable y responsable".
La otra reforma clave es que le quita el requisito del aval legislativo a la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos mineros. Alcanzaría con la autorización del Poder Ejecutivo para dar luz verde.

Los ríos con poco agua.
La crisis hídrica que afecta a gran parte del país también se siente en los ríos cordilleranos de Mendoza, que escurren con un volumen menor al 50 por ciento que deberían tener en esta época del año, y los embalsen que acumulan sus aguas, ven descender día a día el volumen retenido. Los embalses del complejo El Nihuil están al 32 por ciento de su capacidad.
Según informó días atrás Diario de San Rafael, el caudal medio diario del río Atuel es apenas a un 30 por ciento del promedio histórico. En el paraje La Jaula, el aforo registró 16 metros cúbicos por segundo, cuando el registro histórico es de 54.
El balance marca además que se están erogando 30 metros cúbicos por segundo para riego, casi el doble de lo que ingresa al sistema.
"La situación del Atuel es menos drástica pero también preocupante", sostuvo DSR. Es que el caudal se ubica a un 47% de la media histórica. En la sección de aforo de La Angostura pasan 24 metros cúbicos por segundo, cuando la media es de 51.
A esto hay que sumarle que desde el dique Valle Grande se están erogando 33 metros cúbicos por segundo para satisfacer la demanda de riego, un 30 por ciento más de lo que ingresa al sistema.
No muy diferente es la situación del resto de los oasis. En el río Mendoza ingresa un 47% del caudal medio histórico y en el Tunuyán un 40%.

Embalses.
Los diques de Mendoza también se encuentran en una situación de poca acumulación de agua para afrontar lo que queda de la temporada de riego.
Los más complicados son los de la cuenca del Atuel (Complejo El Nihuil y Valle Grande), que apenas tienen el 32 por ciento de su capacidad, con solo 112 hectómetros cúbicos y por debajo de los 159 de promedio histórico.
Los embalses se encuentran peor que el año pasado. En el Valle Grande el año pasado había 65 Hm3 y hoy solo 46, mientras que en El Nihuil eran 75 y hoy apenas son 67.
La situación del Diamante es un poco mejor pero no alentadora. Con 308 Hm3, se ubica al 57% de su capacidad y bastante por debajo del promedio de 398.