"Una operación para Macri"

La ordenanza que impulsó el municipio de Leandro Altolaguirre para permitir que las empresas privadas instalen antenas de comunicaciones 4G en espacios públicos continúa generando rechazo de distintos sectores de la sociedad santarroseña que acusan al intendencia de beneficiar al Grupo Clarín.
El diputado Jorge Lezcano (PJ) manifestó ayer que la normativa local forma parte de "una operación de manual" para el gobierno nacional, que forma parte del frente Cambiemos al igual que Altolaguirre, y defendió al movimiento cooperativo que ya advirtió el perjuicio que genera la ordenanza a sus proyectos de telefonía móvil.
"La instalación de las antenas tiene un claro fin político que subyacente a lo económico y aún más grave, porque atentan contra la protección de la soberanía nacional. Es una operación de manual para el gobierno central, que es socio estratégico de los que manejan la información y condicionan, a través de la comunicación, la opinión pública en Argentina", afirmó.
El precandidato a intendencia por el PJ argumentó que las autoridades "temen al pensamiento libre" y destacó: "Nuestra responsabilidad política debe centrarse en el beneficio que reditúe a la comunidad, eso es un deber para todo gobierno y es parte de las prácticas responsables de las cooperativas y las instituciones intermedias en general".
La ordenanza fue sancionada el 13 de septiembre pasado por el Concejo Deliberante y desde ese momento crecieron las sospechas por la rapidez en el tratamiento de la normativa. Desde la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) advirtieron que la ordenanza fue realizada "a medida de Telecom y Clarín".
A ello se sumó otro dato llamativo, para ampliar las dudas opositoras. Es que el mismo día en que se aprobó la ordenanza, ingresó a la CPE un pedido de factibilidad técnica (suministro de energía eléctrica) para la instalación de cuatro antenas en distintos puntos del radio urbano y periurbano de Santa Rosa. "Tenían información privilegiada", contaron desde la entidad.

"Genera suspicacias".
El coordinador del Plan Estratégico de Santa Rosa, Santiago Ferro Moreno, cuestionó la ordenanza "anti-CPE" para la instalación de antenas en beneficio de los privados, al afirmar que la intendencia "debió convocar a los actores de la sociedad a un diálogo para hacer una política pública orientada a un proyecto de desarrollo a largo plazo".
Además, explicó que "acá hay dos problemas: uno es desatender los intereses de un actor local que tiene un impacto importante en el desarrollo de la ciudad como la CPE, por su arraigo en Santa Rosa, el impacto y la capacidad de generar empleo directo e indirecto, y además se puede criticar cómo se plantea el tema".
Aclaró que el Plan Estratégico no hace referencia puntualmente sobre este tipo de problemáticas y advirtió que "hubo desconocimiento por parte de los concejales" y que"el tratamiento exprés genera suspicacias porque habilita el pensamiento colateral de determinadas cuestiones. Están apuntando a la recaudación pero no es tan importante el número, es más importante el costo político que están pagando".