miércoles, 20 noviembre 2019
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«Uno parte de la base de que la persona mayor es enferma»

ESPECIALISTA DICTARA CHARLA SOBRE DERECHO DE LA VEJEZ

La abogada e investigadora del Conicet, María Isolina Dabove, brindará una charla denominada «Derecho de la vejez: autonomía e igualdad sin prejuicios» en la ciudad de Santa Rosa. La actividad, impulsada por la senadora nacional Norma Durango y el Ministerio de Desarrollo Social, se llevará a cabo hoy a las 17 en el Salón Patagonia (Río Negro 327)
En una charla con LA ARENA, la especialista anticipó que en la actividad abordará «los derechos de las personas mayores y esta nueva especialidad jurídica que es el derecho de la vejez», la cual «creció y se consolidó a partir de la sanción y entrada en vigencia de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores».
Según explicó Dabove, el objetivo principal de la Convención es «luchar contra los ‘viejismos’. Este es un termino técnico que alude a la práctica sistemática de discriminar, excluir, invisibilizar a alguien porque esa persona es vieja».
En ese sentido, destacó que se fueron desarrollando «herramientas que van dirigidas a las personas mayores, reconociéndole derechos nuevos», como por ejemplo «el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de la vejez».

Multidiscriminación.
Dabove precisó que las personas mayores sufren una «multidiscriminación», debido a que «suelen ser afectadas no solo porque son viejas sino que además si son mujeres la cosa se complica, porque se le suman los prejuicios contra la mujer». Además, «si la persona mayor tiene una orientación sexual diversa es peor y si pertenece a una comunidad indígena» la discriminación se agrava.
Por estos motivos, el derecho de la vejez trabaja «para elaborar herramientas jurídicas» que garanticen la igualdad. A su vez, también aborda «la cuestión vinculada a los cuidados».
«Si bien la vejez no es sinónimo de enfermedad, la Convención reconoce un paradigma nuevo que es el del envejecimiento activo y saludable. Todo los derechos van en esa dirección», agregó.

Límites en el cuidado.
La especialista resaltó que en relación al cuidado, «tanto la Convención Interamericana como el Derecho de la Vejez han reconocido por primera vez el cuidado en base a una serie de exigencias que van desde la capacitación de las personas que están a cargo como los límites a los cuidados que tienen que ver con el respeto de la autonomía» y «la voluntad de la persona mayor».
Estos límites fueron impuestos debido a que muchas veces, en el afán de cumplir con el cuidado y sumado a los prejuicios «de que los viejos son como niños», el cuidador o la cuidadora termina «imponiendo su voluntad sin escuchar lo que quiere la persona mayor».

Relaciones de familia.
Por otra parte, Dabove señaló que existen «una serie de áreas donde se hace patente la discriminación por razón de edad», entre las que mencionó las relaciones de familia. Según la especialista, se observan «practicas de exclusión de la persona mayor en el proceso de toma de decisiones, sin tener en cuenta que estamos frente a una persona capaz».
«Uno en ese afán protector empieza a tomar decisiones por ellos y ahí es donde comienza todo un proceso de degradación de esa persona. Esto se ve desde actos pequeños, que se realizan con buena voluntad, hasta hechos graves que tienen que ver con las internaciones compulsivas en los geriátricos sin consultar», agregó.
«Esta es una realidad lamentable y es tomada con naturalidad, porque uno parte de la base de que la persona mayor es enferma, más si tiene algún deterioro cognitivo y hay una situación de necesidad de cuidado. Entonces los hijos, con buena voluntad, terminan decidiendo por esa persona mayor y la llevan a internar», continuó.

Durango y su proyecto de ley.
Con respecto a los cuidados, Dabove destacó que «la senadora Norma Durango ha presentado un proyecto de ley para regular lo que se va a llamar el Contrato de Servicios Residenciales Gerontológicos». Esta iniciativa busca «erradicar esta práctica o bien, si es necesario internar a una persona, se haga con los controles del órgano de revisión de la ley de salud mental, que establece recaudos para que estas internaciones involuntarias sea hechas en base al respeto de los derechos humanos de la persona».
«Otra área muy importante es la lucha contra el maltrato, el abandono y la violencia hacia las personas mayores. Aquí también, a través de Norma Durango, estamos trabajando en un proyecto de ley nacional», resaltó.

Toma de decisiones.
La abogada precisó que «otra área importante donde se ven los derechos vulnerados es en la propia toma de decisiones de las personas mayores sobre sus cuerpos y sobre su patrimonio en su ámbito personalísimo».
En ese sentido, remarcó que también junto a Durango «hemos presentado un proyecto de ley para garantizar de una manera más clara el derecho de cada persona mayor a establecer directivas anticipadas, no solo en materia de salud sino también en relación a su lugar en el mundo, los criterios con los cuales quiere que la traten frente a una situación de deterioro cognitivo».
«Hay mucho por hacer», consideró Dabove y aseguró que están trabajando «en materia legislativa en la problemática de los cuidados y los cuidadores, y también en cuidados paliativos. Son todos temas que estamos trabajando y esperemos que en un tiempo corto podamos legislar».

Los «viejismos» en la Justicia.
La abogada reconoció que existen dos sectores «en donde más claramente se ven los ‘viejismos’. Una es la cuestión previsional, aunque esto es para un análisis mucho más profundo. La otra área donde sí la Convención establece estándares muy claros es en materia de acceso a la Justicia y en las respuestas que el sistema judicial da en un tiempo que no es razonable».
¿Cómo suelen operar entonces los ‘viejismos’ estatales en el campo procesal? Según la especialista, lo hacen «jugando con los tiempos, con los plazos normales que no se distinguen en relación a la edad o a la expectativa de vida de la persona».
De esta manera, «una persona mayor inicia una demanda en cualquier tema y ese juicio va a transitar un plazo que en promedio se puede extender entre 20 y 25 años. Esto no ocurre solo en Argentina, es así en el mundo».
«El Estado también de alguna manera, al hacerse ciego a este esquema procesal que hace que cualquier trámite judicial demore este tiempo, en relación a la vejez genera un grave problema de vulneración de derechos», advirtió.
En ese sentido, recordó que «la Convención Interamericana establece con claridad la obligación del Estado de transformar el sistema procesal para garantizar un trato preferente y expedito». Ante esto, destacó que la provincia de La Pampa «fue la primer provincia del país en adherir a la Convención, y esto tiene que ver con acceso a la Justicia».
A su vez, explicó que Argentina incorporó la Convención «con la aclaración de que en materia procesal iba a respetar las competencias provinciales». Sin embargo, «con muy buen criterio, el gobierno de La Pampa hace suya la convención y con eso generó un compromiso para que la respuesta judicial llegue a tiempo».