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Usurpan dos casas del Poder Judicial

GENERAL ACHA: LA FISCALIA FORMALIZO CAUSA PERO AUN NO SE ORDENO EL DESALOJO DE LAS FAMILIAS

Dos familias ocuparon las viviendas ubicadas en calle Charlone, entre Roca y Fraga, que hace tiempo se encuentran deshabitadas. Pertenecen al Poder Judicial de La Pampa. La situación fue advertida y denunciada por la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento, lo que derivó en el inicio de una investigación por parte de la oficina única del ministerio público fiscal de esta ciudad.
Los uniformados se constituyeron en los inmuebles de calle Charlone, identificadas como casas 932 y 938. En la oportunidad, verificaron que una estaba ocupada por una mujer y sus pequeños hijos, mientras que en la otra también se encontraba una mujer con su hijo que posee una discapacidad, acompañados por su pareja. Fueron debidamente identificados por la fuerza de seguridad provincial.

Formalización.
Los tres adultos debieron presentarse en dependencias de la fiscalía, oportunidad en la que se procedió a recibirles declaración en carácter de imputados. Las diligencias se cumplieron después que cada uno de ellos recibió el asesoramiento técnico legal del defensor oficial sustituto Claudio Martínez Sabio.
Posteriormente se desarrolló la audiencia de formalización ante el juez de control, Diego Asin, oportunidad en la que el fiscal adjunto Francisco Cuenca puso en conocimiento a los tres imputados los hechos que se le atribuyen haber cometido, al igual que su correspondiente calificación legal. En un principio fue encuadrado como usurpación, delito previsto por el artículo 181 -inciso 1- del Código Penal. Desalojo.
En esa misma audiencia la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, Agostina Pensa, peticionó que para el caso que se ordene el desalojo, éste se materialice en un plazo razonable a los fines de impedir que se ejerza la violencia. Consideró, además, que de esta forma se daría tiempo a los distintos organismos provinciales para que intervengan y propongan una salida alternativa.

Oficios.
Asimismo se pidió que se oficie al área de Acción Social del municipio, al Ministerio de Desarrollo, al Defensor de los Derechos del Niño Juan Pablo Meaca, al IPAV, a la Dirección de Niñez y Adolescencia, y al Superior Tribunal de Justicia (Dirección General de Administración).
El pedido se extendió a la Cooperativa de Servicios Públicos (Cosega) y a Camuzzi, debido a que se sostuvo que las prestatarias de los servicios de agua, electricidad y gas, deben tomar conocimiento sobre la situación; para evitar así, que haya conexiones clandestinas con el peligro que esto puede representar para sus ocupantes.
El juez Diego Asin aceptó lo solicitado, a excepción de la medida de desalojo, sobre la cual afirmó que recién se expedirá una vez que reciba las respuestas de los organismos e instituciones mencionadas, informaron a LA ARENA fuentes oficiales. El hecho se registró hace unos días, pero recién trascendió ayer.