"Violan igualdad de derechos"

Diversas agrupaciones del campo de los Derechos Humanos en nuestro país denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tanto el Gobierno Nacional argentino como algunos provinciales están implementando normativas que "violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante". "Estas decisiones se basan en información falsa que busca asociar migración con criminalidad", apuntaron en un fuerte documento.
Según denunciaron organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional y la Copadi, entre otras, durante la última semana la Argentina fue testigo de medidas orientadas a endurecer sus políticas migratorias: en Jujuy, una nueva ley determina el cobro de los servicios de salud a los migrantes que se establezcan allí de manera transitoria, mientras que en Chubut, el gobierno firmó un decreto que prevé la expulsión de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales.
En este contexto, las organizaciones dejaron en claro que "estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de los migrantes", como por ejemplo la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017.
La presentación cuestionó que el cambio de políticas migratorias llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri llegó "a un punto de extrema gravedad en los últimos días" y que utilizan "información falsa o distorsionada" que "busca asociar migración con la criminalidad". Además, expresa que este tipo de prejuicios "encuentra respaldo en los discursos discriminatorios de algunas autoridades públicas".

"Giro preocupante".
Es por esto, que las agrupaciones alertaron por el "tiro preocupante" que la política migratoria argentina tomó en este último tiempo que, en casos extremos, incluyen la separación de niñas y niños de sus familias. "Tal es el caso de la expulsión, el lunes 4 de febrero, de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva junto a su hijo argentino de dos años". "Vanessa fue obligada a dejar el país donde vivió por más de 15 años, sin haberse podido despedir de sus dos otros hijos, también argentinos, de 5 y 14 años", criticaron en el documento.
Ante este panorama, un grupo de diversas organizaciones enviaron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre estos hechos, donde se señaló que "estas medidas no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones sino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes".
Es por ello que solicitaron que "el Estado argentino derogue el DNU 70/2017 y disponga las medidas administrativas y políticas necesarias para que en nuestro país se garantice la igualdad de derechos para las personas migrantes" ya que estos discursos "buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación".

Firmantes.
El documento fue firmado por más de una docena de organizaciones e instituciones encargadas de velar por los derechos humanos en el país. Entre ellos se encuentra: Amnistía Internacional, Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), la Asociación Civil CineMigrante, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo para La Diversidad (Copadi), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), entre otros.