Ziliotto ligó la Ley Corta con affaire de las antenas

SIGUE LA POLEMICA POR LA ORDENANZA ANTI-CPE EN SANTA ROSA

Para el diputado nacional Sergio Ziliotto, del PJ La Pampa, la Ley Corta de Telecomunicaciones que impulsa el gobierno nacional en el Congreso y la modificación de la ordenanza sobre las antenas de telefonía móvil en la ciudad de Santa Rosa son episodios íntimamente relacionados. Así lo plasmó en un parte de prensa que difundió ayer en el que afirmó que la entrega del espectro radioeléctrico a grupos concentrados elimina el mandato legal de destinar esa herramienta estratégica a achicar la brecha digital y construir un verdadero federalismo comunicacional.
Ese, para el legislador, es el objetivo del presidente Mauricio Macri a través del proyecto conocido como Ley Corta. “Si bien se la promociona como el marco legal de la convergencia comunicacional que permite a los operadores ofrecer el famoso cuádruple play: telefonía fija, comunicaciones móviles, Internet fija y televisión por suscripción, no deben obviarse las asimetrías imperantes en el mercado, que directamente darán mayores oportunidades a los grandes”, dijo.

Entrega de patrimonio.
“Y esa proyectada entrega de patrimonio público se vincula claramente con la ofensiva conocida días atrás en cuanto a la instalación de antenas por parte de grandes empresas destinadas al servicio de telefonía celular 4G que, indudablemente, potenciarían su negocio”, añadió. En ese sentido, el legislador se preguntó si esas grandes compañías cuentan ya con el compromiso del gobierno central para ser beneficiarios del uso de esas frecuencias 4G aunque el proyecto de ley aún esté en debate en el Congreso.
Ziliotto recordó que el espectro, compuesto por 90 megas de frecuencias radioeléctricas que están valuadas en 800 millones de dólares, es patrimonio de todos los argentinos y se encuentra reservado a través de la Ley 27208 -de noviembre de 2015- para que el Estado “desarrolle una Red Gubernamental de servicios de telecomunicaciones”, para “reducir la brecha digital geográfica en todo el país” a través “cobertura en zonas geográficas, económica o socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente” propiciando el “ingreso de nuevos actores al mercado de la telefonía celular”, como las cooperativas y las sociedades con participación estatal.
El texto original, sostuvo, fue modificado en el Senado. En ese punto, destacó el rol de los senadores pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera, quienes lograron que un 20% de esas frecuencias deba asignarse con exclusividad a operadores regionales otorgándoles a cooperativas y pymes y eliminando la obligación de los Estados provinciales, cooperativas y pymes de compartir compulsivamente su infraestructura propia, evitando ponerlas a disposición de los grandes operadores privados.

Acta de defunción.
No obstante, resaltó que el restante 80% de las frecuencias serán puestas al servicio de los negocios privados, en lo que consideró “un acta de defunción del rol social y estratégico que la ley actual tiene reservado para estas frecuencias 4G”. Por esa razón, Ziliotto propuso respetar la legislación actual y permitir que los estados provinciales sean beneficiarios de las frecuencias, de modo que se cumpla el propósito de reducir la brecha digital y que el acceso a la tecnología sea en un marco de igualdad de oportunidades para todos los argentinos.
“Ese objetivo coincide claramente con el ambicioso proyecto estratégico del gobierno provincial de crear una empresa provincial de telecomunicaciones, que junto a cooperativas y pymes brinde multiplicidad de servicios y que desarrolle una red gubernamental de protección pública e integración social al servicio de todos los habitantes de La Pampa, más allá de donde vivan. Y a través de la empresa estatal Ar-Sat y otros estados provinciales constituir una red federal”, dijo.