Bravo le respondió al gobierno

El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, salió ayer al cruce del gobierno provincial por la inseguridad que se vive en su comuna. El intendente a través de un comunicado respondió la carta que días atrás le había enviado el subsecretario de Seguridad de La Pampa, Ricardo Torres, y nuevamente reclamó que el Estado provincial actúe para reducir la desigualdad en la localidad.
Hace unos días, el jefe comunal había pedido cámaras de videovigilancia debido al aumentó de los delitos en 25 de Mayo. Frente al reclamo, Torres contestó que, según sus estadísticas, no es cierto que hayan subido los hechos delictivos. “No se registra incremento alguno”, le dijo a Bravo.
También le manifestó que las cámaras de videovigilancia podría comprarlas la municipalidad con el dinero que le ingresa por la coparticipación petrolera. Y aclaró que el Gobierno decidió comprar las cámaras para Santa Rosa, General Pico y Toay porque tienen mayor inseguridad. Mientras que las municipalidades de Intendente Alvear, Quemu Quemú y Macachín decidieron invertir en materia de seguridad por su cuenta.

Respuesta.
En el comunicado, Bravo aclaró que todos los municipios de la provincia reciben dichas regalías, es decir, no solo los productores. “Y entre todas las administraciones comunales reciben solo el 20 por ciento del total, el resto lo recepta el Gobierno provincial y, como resulta lógico, seguramente lo destinará a cumplir obligaciones constitucionales como lo es el servicio de seguridad”, dijo.
Bravo destacó que “en innumerables ocasiones se habla de las regalías que recibe 25 de Mayo, muchas de ellas livianamente y desconociendo la realidad. Los beneficios coyunturales nunca van a paliar el perjuicio estructural que la explotación de un recurso no renovable provocará inexorablemente en el futuro”.
Además, dijo que “queda claramente certificado que la actividad petrolera produce una gran desigualdad social: existe una enorme diferencia de ingresos entre los que viven de ella y los que dependen de las demás actividades productivas”.
“Es allí -prosiguió el jefe comunal- que debe actuar el Estado. Esta administración municipal seguirá desarrollando, aunque algunos renieguen de la legitimidad de las necesidades de la gente, acciones para morigerar esa desigualdad”.