Después de las acusaciones cruzadas entre los tres poderes del Estado, cuando LA ARENA informó que el nuevo Código Procesal Penal no se pondría en ejecución en los plazos previstos, finalmente acordaron que se ponga en marcha en septiembre del año entrante. Pero ahora surgió otra novedad que lo haría inviable nuevamente.
En el proyecto de Ley de Presupuesto 2010 que el Poder Ejecutivo Provincial enviará a la Legislatura no incluiría el anexo VI elevado por el Poder Judicial (contempla los fondos para el C.P.P.). Por tanto, el Gobierno dejaría para el año próximo la sanción de una ley que provea los fondos para su implementación.
¿Por qué? Porque que el Código funcione implica más personal calificado (131 empleados y funcionarios), mejoras edilicias, nuevos escalafonamientos, mayor tecnología, etc. Habrá once jueces de juicio; trece de control; dos de ejecución penal, ocho secretarios de primera instancia y cinco profesionales más, tres prosecretarios y seis jefes de despacho. También, tres fiscales generales; doce y quince fiscales y fiscales adjuntos, respectivamente.
El listado incluye además 24 peritos (psicólogos, contadores, asistentes sociales, criminalistas, médicos forenses y siquiatras-forenses); 30 cargos para otros organismos previstos (oficina de N.N., Cámaras Gesell, oficinas de atención a la víctima del delito, etc.); y 30 más para nuevos agentes del Ministerio Público.
La circunstancia de que durante el próximo ejercicio presupuestario (1 de septiembre), entrará en vigencia en todo el ámbito de La Pampa el nuevo Código, el Poder Judicial pampeano necesitará una readecuación y reestructuración profunda de su planta de magistrados y funcionarios; más empleados para la Procuración General y para el fuero penal. Todo ello junto a las adecuaciones edilicias en las distintas circunscripciones y la indispensable creación de cargos específicos.
De hecho se trata de millones de pesos que deberán surgir de las arcas públicas para poner en funcionamiento este procedimiento. En 2009, con una planta 841 agentes, la Justicia tuvo un presupuesto fue de 88,5 millones. Es de imaginar que con 131 nuevos cargos crecería considerablemente.
Sueldos y cargos.
Las remuneraciones del Poder Judicial son potestad del Poder Ejecutivo por delegación de la Legislatura. Si en años anteriores se aprobaba un presupuesto un 30 por ciento por debajo del solicitado, ¿por qué ahora será diferente?
Aunque muchos cargos cambiarán de nombre y funciones y las remuneraciones se mantendrían sin aumentos, en lo sustancial deberá haber variantes en las fiscales y defensorías de los fueros civil y penal. Todo ello si Diputados decide otorgarles mayores jerarquías en razón de las nuevas funciones.
En realidad los que van a cambiar de funciones son los fiscales del fuero penal (cumplirán el rol de los jueces de instrucción), pero a su vez los defensores pretenden una requerarquización al igual que los defensores del fuero civil. Esa es la propuesta del jefe de los Fiscales, Mario Bongianino, porque ambos dependen de él.
En definitiva, proveer los fondos necesarios para la implementación del nuevo C.P.P. (por ley o por presupuesto) es potestad del Ejecutivo, ya que el Poder Judicial en su anexo VI (acuerdo 2637) cumplió con lo prometido a los legisladores. Lo que no se entiende es porqué si su implementación vino de la mano del Gobierno –porque el proyecto de Código fue enviado por el P.E.P. a la Legislatura (creó dos comisiones que nada aportaron y leyes complementarias que nunca dictaron)– ahora no le proveería los recursos necesarios.
Ley y presupuesto.
Los contratiempos y la dilatada aplicación en La Pampa del Código han sido innumerables. La ley 2512 se sancionó en la Cámara de Diputados el 7 de septiembre de 2006, otorgándose dos años de plazo para ponerla en marcha, es decir con inicio en septiembre de 2008. Primero se solicitó una prórroga de un año más, pero como no había forma de implementarlo, el Superior Tribunal de Justicia comunicó esa imposibilidad a Diputados.
Luego de dimes y diretes, que incluyeron fuegos cruzados, se acordó que el 1 de septiembre de 2010 entre en vigencia. Aún con la Ciudad Judicial en funcionamiento pleno, el costo económico del nuevo sistema haría imposible mantener ese acuerdo.
No se podrá contar con pasantes exclusivamente, sino con abogados y profesionales de otras especialidades para que funcione y se deberán equiparar salarios, ya que el fiscal pasará a tener un escalafón similar a los de los jueces actuales.
Hoy la instrucción está a cargo de un juez que práctica también la investigación, o sea que el mismo magistrado es el que dispone las medidas para llevar adelante la causa. La realidad dice que es un proceso inquisitorio porque el juez asume la conducción, la investigación y él mismo resuelve cuándo detiene, excarcela o libera.
Con el nuevo sistema, el fiscal asumirá el rol acusador y el juez pasará a ser un intermedio entre la acusación y la defensa. Los fiscales serán instrumentos activos de la investigación en colaboración con la Policía.
Según pudo saberse, el P.E.P. se tomaría los tiempos necesarios para ver si se crearán o no todos los organismos que están previstos en las leyes complementarias. Si el Gobierno tiene los fondos, los subejecuta y no le informa a Diputados su destino, al igual que la Cuenta de Inversión 2008 recién ingresada. Esto muestra que el C.P.P. no tenía ninguna posibilidad de entrar en vigencia ni en 2008 y menos en 2009, ni siquiera aún en la II Circunscripción Judicial (General Pico) con se había anunciado.
Si los cargos en la Ley Orgánica del Poder Judicial no están, el nuevo sistema no puede funcionar. Se afirma que, gracias al sinceramiento de las cosas, no se pasó el papelón de Santa Fe, cuando entró en vigencia un nuevo Código y el S.T.J. de esa provincia decidió suspenderlo a través de una acordada, cuando es sabido que ninguna Corte provincial o nacional puede, por medio de una resolución, suspender la entrada en vigencia de una ley.
JUAN JOSE REYES
