Denuncian a funcionaria por una “desobediencia”

VICTIMA SIN ASISTENCIA

El Tribunal Oral Federal de La Pampa pidió que se investigue a las autoridades del municipio capitalino por el presunto delito de “desobediencia”, ya que su cuerpo de psicólogas de Políticas de Género se negó a asistir a una víctima de trata, que declaró en el juicio en el que está imputado un intendente y un subcomisario.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa presentaron un escrito en la fiscalía federal para que se investigue a la directora de Políticas de Género municipal, Carina Verdasco, por el presunto delito de “desobediencia judicial” ya que la dependencia no brindó asistencia psicológica a una víctima de trata de personas que declaró en el juicio donde hay cinco personas acusadas por el funcionamiento del cabaret Good Night, entre ellos el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el subcomisario Carlos Alaniz.
La información fue confirmada por fuentes de los tribunales locales consultadas por este medio, quienes indicaron que “lo que sucedió fue insólito, único, la mujer tuvo que declara sin asistencia psicológica” durante la segunda audiencia del juicio que se desarrolló el pasado martes, enmarcado en una causa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en el local nocturno, ubicado a la vera de la ruta nacional 5, cerca del ingreso a aquella localidad.
En rigor, la víctima se presentó en forma espontánea para declarar por lo que de manera urgente desde el tribunal local se pidió la asistencia a la dependencia que coordina Verdasco. En principio, se confirmó la asistencia de una profesional, luego la funcionaria solicitó un oficio y ante la insistencia de las autoridades judiciales, en definitiva, la respuesta fue negativa, y ninguna de las psicólogas asistió a la víctima de trata.
La mujer, identificada con las iniciales V.E.A., pidió declarar a pesar de la falta de asistencia profesional pero puntualmente pidió que no haya periodistas ni público, incluso también los cincos imputados tuvieron que retirarse de la sala de audiencia donde se desarrolla el juicio, que se reanudará el 2 de junio, con una nueva ronda de testigos. En este caso, la declaración de la víctima complicó la situación de los acusados.

Qué dijo la mujer.
En su testimonio, la joven explicó que su calvario comenzó cuando vio un aviso en un diario local donde pedían una empleada doméstica y llamó por teléfono, pero cuando llegó al lugar le dijeron que en realidad era para trabajar en “Good Night”. Además, señaló que fue engañada y que llegó al lugar cuando atravesaba una situación de alta vulnerabilidad, porque no tenía trabajo, ni dinero y era madre de una niña.
Ante los jueces, contó que hacían “pases” que eran cobrados por los dueños del local, quienes nunca le dieron su parte del dinero. También afirmó que ni ella ni el resto de las jóvenes podían salir del cabaret ni manejarse en el pueblo con libertad. En una oportunidad, agregó, todas las mujeres fueron trasladadas a una farmacia donde les inyectaron un anticonceptivo.
En la causa que llegó a debate oral está acusado el intendente marinista de Lonquimay, Rogers (67), y el ex subcomisario de esa localidad Alaniz (43), ambos por haber permitido el funcionamiento del local nocturno. También están sentados en el banquillo de los acusados Eduardo Mauricio Fernández (45), señalado como dueño de cabaret, y Carlos Eduardo Fernández (43) y Brian Martín Saxs (35), quienes se habrían desempeñado como encargados.