Docentes negaron las acusaciones

Ayer, a partir de las 8.30, comenzó a desarrollarse el juicio contra cuatro docentes de 25 de Mayo acusados de presuntos abusos sexuales contra seis niños que concurrían al JIN 12 de esa localidad. Los hechos que se investigan habrían ocurrido en 2014 y 2015, según las denuncias que los padres de las víctimas radicaron oportunamente. La jornada de la primera audiencia se extendió hasta las 19.30. En las inmediaciones, hubo familiares de los niños y, en otro sector, de los acusados.
El primer día de juicio transcurrió con tranquilidad, en el marco de un operativo de seguridad que garantizó que las partes se mantuvieran en paz a pesar de la tensión que se respiraba en el Centro Judicial. Cabe recordar que por la característica de los delitos que se investigan y por la corta edad de las víctimas, la audiencia estuvo cerrada al público y a los medios de comunicación.

Extensos testimonios.
Por ese motivo, lo ocurrido puertas adentro fue relatado en un parte de prensa que emitió el Superior Tribunal de Justicia. Allí se consignó que los cuatro imputados negaron cualquier participación en los hechos por los que están acusados. Los tres defendidos por el abogado santarroseño Omar Gebruers brindaron extensos testimonios y respondieron preguntas de la fiscalía, las querellas, y las defensas.
El ex rector del Colegio Alfageme, patrocinado por César Augusto Rodríguez y Juan Veneri, dio su versión de los hechos, pero prefirió no contestar preguntas.
Luego de escuchar a los acusados, el Tribunal requirió la presencia de los testigos, seis en total. Cinco madres, un padre y una abuela, quienes se explayaron ampliamente en sus relatos.
El tribunal está integrado por los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín. El fiscal general Jorge Marcelo Amado y el fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, son quienes impulsan la acusación. Los querellantes son Armando Agüero (representa a cuatro madres y un padre) y Vanesa Ranocchia (una madre). En la sala también estuvo la asesora de Menores, María Agostina Pensa.

Primer hecho.
Las imputaciones que se les realizan a los acusados apuntan a dos hechos. El primero se le atribuye al profesor de Educación Física -quien se desempeñaba como secretario de Coordinación Secundario Zona Sur- y a una de las maestras jardineras. Los fiscales aseguraron que el hecho tuvo lugar entre el 2 de marzo y hasta el 20 de abril del año pasado, por la mañana, en el baño de la Coordinación (organismo que compartía edificio con la Escuela Especial 10 y el JIN 12) y en el interior de una chacra propiedad del acusado.
“Este habría agredido sexualmente a tres alumnos del Jardín de Infantes, que también funcionaba en ese edificio. Además, durante 2014, habría abusado de otros dos alumnos también en el baño de Coordinación y en su chacra”, dice la acusación.
En cuanto a la docente de nivel inicial, encargada de la educación de los niños, se dijo que habría sido facilitadora para que se perpetrara el delito porque habría entregado a los alumnos durante el horario en que detentaba la guarda de ellos.
El delito que se le imputa al profesor es abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas por sus circunstancias de realización, en concurso real, en cinco oportunidades, agravándose solo en relación al hecho cometido en perjuicio de uno de los menores por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima en concurso ideal con el delito de promoción de la corrupción de menores agravado respecto a esa víctima.
La maestra jardinera está imputada del mismo delito pero en carácter de partícipe necesaria; concursando en forma ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Segunda imputación.
En el otro hecho están imputados el ex director del colegio secundario “Profesor José Armando Alfageme”, el profesor de Educación Física y la otra maestra jardinera, los primeros en calidad de coautores materiales de los abusos, y la docente, como entregadora.
En este caso los abusos contra un sexto alumno se habrían cometido también entre el 2 de marzo y el 20 de abril de 2015 en la vivienda de profesor y en el horario vespertino habitual de la jornada estudiantil. Aquí la acusación contra la maestra jardinera es la misma que se le hizo a la otra.
El delito que se le imputa a los dos hombres es abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima por sus circunstancias de realización en concurso ideal con el delito de promoción de corrupción de menores agravado respecto de un menor, y a la maestra por ambos delitos, en carácter de partícipe necesaria; en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Contrapunto de fiscales y defensores
El fiscal general Jorge Marcelo Amado y el fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, aseguraron que a lo largo de las audiencias iban a demostrar que los dos hombres que están acusados y detenidos cometieron los abusos “en un marco de clandestinidad propio de esta clase de delitos”, y que las maestras jardineras actuaron como “entregadoras o facilitadoras”.
Los querellantes Agüero y Ranocchia adhirieron a los hechos que expuso el Ministerio Público Fiscal, aunque ampliaron y agravaron la calificación legal. Por su parte, la asesora de Menores, María Agostina Pensa, se pronunció en igual sentido y pidió especialmente que el tribunal adhiera al principio de amplitud probatoria.
El defensor Omar Gebruers dijo que nada de lo dicho por los fiscales había ocurrido, que sus clientes era inocentes y que no se les podía reprochar ninguna conducta penal. Además planteó una actividad procesal defectuosa con relación a las pericias médicas, acotando que al momento de efectuárselas a las víctimas, dos de sus defendidos ya estaban detenidos y sin embargo la defensa no pudo controlar cómo se hizo esa prueba. Por ello, afirmó que se violó la norma constitucional de defensa en juicio y pidió que se anularan esas pericias. También sostuvo que de las declaraciones de los seis menores en Cámara Gesell no surgió que hubiera existido algún abuso sexual infantil.
Rodríguez habló de una “manifiesta parcialidad del proceso”, y enfatizó que “se duplicaron las Cámara Gesell cuando no se produjeron los resultados esperados”. El codefensor Veneri afirmó que “todavía no sabemos cuál es el hecho puntual” que se le imputa a su defendido, que “se soslayó el principio de inocencia” y que el Ministerio Público Fiscal “buscó debajo de la tierra lo que no halló en la superficie”.

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