Dos achenses van presos por trata de personas

Julia Gil Solano y Héctor Mario Molina, una pareja que hasta el año 2011 regenteaba dos prostíbulos en General Acha fueron condenados esta semana por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa a la pena de 4 años de prisión efectiva por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. “El Amanecer” y “El Delfín” se llamaban los dos lupanares que el matrimonio manejaba instalados a la vera de la ruta 152, un paso obligado hacia el sur de la Patagonia. Por ahora, ambos condenados permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme.
En marzo de 2011, luego de que se realizaran una serie de inspecciones, fue clausurado El Amanecer y en el mes de noviembre le llegó el turno a El Delfín. Los investigadores habían encontrado en el lugar a una sanjuanina de 17 años siendo prostituída y que además tuvo que mentir su edad para sacar su libreta sanitaria: a los médicos les dijo que tenía 23 años.
En sus declaraciones en el juicio -según informó el diario digital Noticias del Sur- los dos acusados señalaron que su actividad era “legal”, ya que la municipalidad y la policía los había habilitado y que las mujeres contaban con libretas sanitarias. También adujeron desconocer que no sabían que estaba prohibido abrir un cabaret.

Víctimas y testigos.
En el debate que duró dos días, declararon dos víctimas -mujeres que eran prosituídas- y la joven que al momento de los hechos tenía 17 años lo hizo por videoconferencia desde San Juan.
Las tres mujeres indicaron que mantenían relaciones sexuales en una pieza ubicada al costado del local y que hacían “pases” con los clientes. Indicaron que fueron tratadas bien y que no estaban en contra de su voluntad, pero dijeron que el matrimonio sacaba provecho económico de la explotación sexual.
En un principio, en la causa estuvieron investigados la ex intendenta María Elena García y el ex secretario de Gobierno, Luis Javier Bassa, aunque más tarde la Justicia Federal consideró que no cometieron delitos.
En la investigación se determinó que los funcionarios habilitaron el local como “cabaret”, es decir, un local donde se sirven copas y se baila. Para ellos, no se pudo probar que hayan sabido que allí funcionaban, en realidad, dos prostíbulos. También estuvo involucrado el juez de Faltas, Sancho.