El fiscal Marijuan pidió investigar a la Universidad Nacional de La Pampa

La Universidad Nacional de La Pampa figura en un listado de más de cincuenta universidades nacionales de todo el país que fueron denunciadas por el fiscal federal porteño Guillermo Marijuan por una supuesta “malversación de caudales”. El funcionario judicial pidió que se investigue el destino de “millonarios fondos” transferidos a las casas de altos estudios desde el Estado nacional en los últimos meses del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La novedad se conoció a través de un cable de la agencia oficial de noticias Télam. “Deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las universidades de todo el país” entre 2014 y 2015 fue la conclusión a la que arribó el fiscal Marijuan tras una investigación preliminar que derivó en la presentación de las denuncias, hechas de manera individual para cada casa de estudios, y que resultaron sorteadas en distintos juzgados del fuero federal porteño, según informó la agencia oficial.
El fiscal pidió investigar por supuesta “malversación de caudales”, aunque no descartó otros delitos, a las “autoridades universitarias así como los empleados de estas instituciones que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos recibidos desde el Estado nacional”. Así figura en la denuncia, a la que accedió Télam.
“Se colectaron numerosas pruebas que ameritan que sean analizadas y valoradas en el marco de un proceso penal para determinar en definitiva la comisión del delito denunciado. Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”, afirmó el fiscal.

¿Destino distinto?
Télam consignó que en la denuncia se advirtió que había que investigar posibles delitos en que “habrían incurrido las autoridades” de cada universidad denunciada “sin perjuicio de la complicidad o connivencia de autoridades nacionales, puesto que habrían recibido fondos estatales que podrían haber tenido un destino distinto para el que realmente fueron otorgados”.
“La investigación preliminar de la fiscalía comenzó a raíz de notas periodísticas que daban cuenta de la supuesta distribución de 747 millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2015 a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación nacional. Marijuan requirió informes a distintos organismos públicos, recibió soporte documental con el detalle de las transferencias hechas y otras evidencias, antes de presentar las denuncias”, reza el cable.

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