El gobierno enjuiciará a la Coospu por su deuda

JUAN JOSE REYES
Entre lo adeudado a la APE, la AFIP, la DGR y fundamentalmente a muchos de los proveedores locales y de Catriel el pasivo superaría largamente los 25 millones de pesos, según informaron distintas fuentes consultadas.
El sector de Contaduría de la provincia emitió un certificado de deuda (pasivo exigible), que mantiene la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano Limitada (Coospu), de compromisos impagos con la Administración Provincial de Energía (APE).
Según reza en el Expediente Nº 4036/12 la deuda a la fecha asciende a $15.123.180. Los pasos a seguir después de la certificación son obvios, la Fiscalía de Estado con el aval del gobernador, irá a la justicia ordinaria para su cobro. Además se objetan decisiones financieras del Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados, por el estrecho vínculo con el intendente veinticinqueño David Bravo.
Pero los conflictos no terminan ahí. Hay fuertes protestas de por medio, con el gremio de Luz y Fuerza, las cuales se vienen repitiendo desde hace tiempo sobre los desmanejos financieros. Los trabajadores, junto con un grupo de asociados, denunciaron en 2013 el vaciamiento de la institución por parte del Consejo de Administración. Ya el año pasado el Gobierno provincial había facultado a la Fiscalía a iniciar acciones judiciales o extrajudiciales contra la CoosPu para el cobro de deudas de facturaciones de energía, pero muy inferiores a las actuales.
Hubo un tiempo de calma, pero el calor de las internas políticas parecen haber estallado. No se recuerda en el ámbito provincial que el Estado haya accionado sobre una cooperativa concesionaria de la distribución eléctrica, salvo las intimaciones que tuvo la Cooperativa de Victorica (Cevic) por otra deuda eléctrica, en este caso de $ 7,5 millones de pesos con la APE en 2013, pero al parecer la decisión política de ejecución es frenada, no así en contra de la CoosPu de 25 de Mayo.

¿Arreglo político?
Los problemas financieros de la CoosPu son archiconocidos desde hace varios años como fruto de una fuerte puja política de la interna del justicialismo por el manejo de su Consejo de Administración y del Cuerpo de Delegados. Pero sin más, como se explicó, es junto a la cooperativa de Victorica una de las entidades solidarias pampeanas con mayores problemas financieros a la fecha.
Distintas fuentes de la zona dan cuenta de que entre lo adeudado a la APE, la AFIP, la DGR y fundamentalmente a muchos de los proveedores locales y de Catriel el pasivo superaría largamente los 25 millones de pesos, cifra casi impagable para los números contables de la entidad en la actualidad.
La Coospu tenía al mes de junio pasado (cuando se firmó por los casi dos millones que recibirá de Nación por el Pacto Eléctrico) una cifra de 3.458 usuarios (el 2,3% del total provincial) pero con una facturación neta solamente por el rubro energético de casi cuatro millones de pesos (3,6% de lo abonado a la APE entre las cooperativas concesionarias del servicio) que la posiciona en tercer lugar después de la CPE y Corpico.
Pero si las deudas siguen creciendo a ese ritmo, los controles naturales no funcionan, la Secretaría de Cooperativas no actúa, tiene un futuro muy comprometido.

Deudas onerosas.
Cuando empezaron los primeros problemas, las cifras que habían trascendido hacia los medios de comunicación eran una tercera parte de las actuales. Los primeros indicios de la abultada deuda se inició por supuestas irregularidades presentadas por el abogado santarroseño Omar Gebruers un tiempo atrás.
El abogado pidió que se “investigue si la Municipalidad a cargo de David Bravo, con cercanos vínculos políticos con la conducción de la cooperativa, giró cifras millonarias de regalías petroleras para que las administre directamente la institución y sacarlas así de los canales de control”.
Además dijo esa vez que “un equipo de peritos monitoreó las cuentas de la entidad y las de la Municipalidad local para establecer si hubo transferencias entre ellas”. La presentación fue realizada ante el fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Marcelo Amado, y recayó en el fiscal de la localidad, Alejandro Massó.

Familiares.
Amado había designado al fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, para la investigación preliminar. La denuncia fue motorizada por un grupo de asociados y vecinos de 25 de Mayo enojados por la falta de trasparencia sobre las deudas millonarias con la APE y con proveedores locales, amén de ciertos pagos por fuera de los canales habituales.
Entre las irregularidades, pudo saberse que familiares del Consejo de Administración habían sido contratados para otro tipo de provisiones además del pago irregular de cerca de un millón de pesos a una empresa que se dedica a la extracción de petróleo de la vasta cuenca hidrocarburífera que detenta aquella Colonia.
También en 2013 el gremio de Luz y Fuerza hizo sendos paros para que se restituyera a varios despedidos. Lo cierto es que el inicio de las acciones judiciales ya están decididas por parte del Gobierno, solo resta saber cuál será el de la Fepamco ante tamaña decisión gubernamental.