El TIP admite juicio abreviado por la voladura del polideportivo de Ataliva Roca

Primero los defensores de los dos imputados negociaron un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Jorge Marcelo Amado para que ambos recibieran penas en suspenso. Después la Cámara en lo Criminal 1 avaló el arreglo. Más tarde, el propio tribunal revocó su propia decisión al conocer, a través de este diario, que uno de los imputados tenía una condena por corrupción, y dispuso la realización de un juicio oral y público. Entonces uno de los defensores recurrió esa decisión y ahora el Tribunal de Impugnación Penal le dio la razón. Conclusión: el responsable técnico de la constructora Sol Obras, Raúl Horacio Lechner, y el inspector del Ministerio de Obras Públicas, Juan Velázquez, recibirán la pena mínima de dos años en suspenso y nadie irá a prisión por el derrumbe del polideportivo de Ataliva Roca, ocurrido el 30 de enero de 2009.
El gimnasio, que había sido inaugurado en septiembre de 2007 y había costado 1.800.000 pesos, se cayó a los dos años a causa de un tornado, según la versión oficial; y su caída dejó en evidencia las graves fallas de construcción.
Esos trabajos estuvieron a cargo de Sol Obras, una firma que se radicó en la provincia solo durante los cuatro años que duró la gestión del gobernador Carlos Verna, entre 2003 y 2007. Cuando se marchó de La Pampa dejó una gran deuda, abandonó trece obras que tenía adjudicadas por 23 millones de pesos y pidió el concurso de acreedores en la justicia porteña. Tras el derrumbe, el Estado -ya con Oscar Mario Jorge en la gobernación- tuvo que llamar a una nueva licitación y adjudicó otra vez la misma obra por 2.200.000 pesos y más tarde otorgó una redeterminación de precio por algo más de 400.000.
La causa judicial incluye un peritaje oficial que detalla que se cambiaron materiales "sin estar debidamente documentados", que se pagaron "trabajos no ejecutados", que se usaron materiales de "mala calidad", que hubo "graves deficiencias" en la construcción, que hubo "certificados y pagos por trabajos de calidad y cantidad" diferentes a los contratados y que llegaron a abonarse tribunas que no habían sido levantadas. Además existieron sospechas de "connivencia" entre Velázquez y "personal de la empresa para defraudar al Estado", de acuerdo a lo que surge del expediente.

La historia.
El juicio oral y público contra Lechner y Velázquez iba a realizarse en noviembre del año pasado. Pocos días antes, los abogados de ellos, Marcelo Bernardi y Alberto Fabián Pérez, respectivamente, acordaron un juicio abreviado con Amado. Dijeron que los imputados aceptarían la culpabilidad de los hechos a cambio de no ir a prisión y se fijaron penas a dos años de prisión en suspenso.
Velázquez fue imputado de fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica; y Lechner, de fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
La Cámara 1 admitió el procedimiento y fijó el 11 de diciembre como día para la lectura del fallo, pero cinco días antes -a partir de una nota de LA ARENA- supo que Lechner ya tenía otra condena: en septiembre de 2009, en otro juicio abreviado, recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción ocurridos cuando era funcionario de la Municipalidad de Puán, en la Provincia de Buenos Aires, entre 1997 y 1999. Por ello la revocó.
El tribunal adujo que como al momento de celebrarse el acuerdo de juicio abreviado, el 28 de noviembre de 2013, Lechner tenía una sentencia anterior firme -el 31 de octubre el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires la había ratificado-, no podía obtener el beneficio de una nueva pena condicional.
Pero el TIP, apoyándose en el dictamen de la fiscalía, revocó ese pronunciamiento indicando que el hecho delictivo (el derrumbe de gimnasio) se produjo antes de la condena a tres años dictada por el Tribunal Criminal 1 de Bahía Blanca (25 de septiembre de 2009) y, por lo tanto, no existen impedimentos para otorgarle la posibilidad de que reciba otra condena en suspenso. Eso sí: tanto el fiscal opinante como el TIP dejaron en claro que técnicamente correspondía esa resolución, "sin perjuicio de discutirse si es acertada o no la decisión de (Amado) de acordar un juicio abreviado".
Anoche, calificadas fuentes judiciales dejaron en claro que ahora la Cámara 1 lo único que tiene que hacer es ratificar el acuerdo de juicio abreviado de noviembre pasado y dictar la sentencia, ya ni ella ni Amado tienen ahora chances de modificarlo.

Coimas: hoy leen el fallo
Hoy a las 18, en la Cámara en lo Criminal I, un día después de lo previsto, se leerá la sentencia de la causa de las coimas del acueducto del Río Colorado, que tiene como imputados al ex asesor legal y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto (Cotarc) y ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Romero Oneto y al ex jefe de inspectores de la obra, Carlos Oppezzo. Sobre ambos acusados pesa un pedido de tres años y medio de prisión por parte del fiscal. A su vez, las defensas pidieron la absolución, por considerar que la acción penal está prescripta.