Ex intendentes y empresario declararon ante la fiscalía

(General Acha) - María Elena García y Marcelo Berot, ambos ex intendentes de la ciudad de General Acha durante la gestión anterior, volvieron a prestar declaración ante la fiscalía por la licitación y adquisición de equipamientos para la puesta en marcha de la FM Municipal, por un monto superior a los 60 mil pesos.
En la oportunidad también declaró como imputado por segunda vez, Gustavo Girotti, representante de la firma Girotti Comunicaciones de la ciudad de Santa Rosa, empresa que se adjudicó la venta de los equipos para la radio comunal de General Acha que nunca funcionó.
Fuentes confiables informaron a esta agencia que la investigación ha tenido importantes avances a partir de la incorporación de nuevas evidencias. Por esa razón, se amplió los cargos y se llamó a una nueva imputada. Se trata de Silvia Cepeda de Arrese, quien al momento de realizarse tal operación se desempeñaba como jefa de Compras y Suministros de la comuna, y posteriormente como secretaria de Gobierno.

Licitación.
Se investiga los términos en los que se realizó la licitación y posterior adjudicación a Girotti Comunicaciones, de la provisión de equipos a los fines de concretarse la puesta en marcha de la FM 90.9 El Fortín: Una voz diferente.
En un principio se sospecha que se dibujó la licitación, ya que se habría inventado la identidad de representantes de al menos dos empresas de otras provincias, para direccionar y favorecer a Girotti Comunicaciones. Es que las personas allí mencionadas no tendrían ninguna relación laboral con las firmas inscriptas en los pliegos de licitación.
Además Girotti habría puesto a su esposa como representante de otra empresa, para que el Ejecutivo municipal tuviese cuatro firmas para poder realizar la licitación. No obstante, este procedimiento se habría hecho irregularmente porque la ordenanza establecía que debe haber cinco oferentes para su concreción.

Imputados.
A los ex intendentes y el empresario, la fiscalía ya les tomó declaración de imputado, y posteriormente formalizó la investigación. Ahora los tres implicados volvieron a declarar porque se ampliaron los cargos, y apareció una cuarta imputada, Silvia Cepeda de Arrese, quien deberá responder por los hechos que se le atribuyen haber cometido.
La causa se inició a partir de la denuncia que el intendente de ese entonces, Roberto Zamora (fallecido), y los concejales María Julia Arrarás (actualmente jefa comunal), Mónica Adriana Domínguez, Francisco Culla y Daniel Córdoba (todos de la Unión Vecinal de General Acha), Silvia Beatriz Caminos (Partido Justicialista), Adriana Leher (Comunidad Organizada) y Elena Teresa Alvarez (Frepam), formularon ante la Oficina Unica del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. En ese acto, los denunciantes acompañaron toda la documentación que certificaba cada paso de la licitación cuestionada.
Denunciaron que la compra se hizo por licitación privada, para la cual se invitó a cuatro oferentes, cuando la normativa establecía que el mínimo debe ser cinco empresas. Eso ocurrió el 12 de octubre de 2011 y en la apertura, llevada adelante una semana después, se presentó un solo oferente.