Familia de Quiroga pedirán que citen a Bravo como testigo

Aunque el juez Manuel Alvarez no hizo lugar a la solicitud del fiscal Hugo Vercellino de secuestrar los teléfonos celulares de David Bravo, y tampoco autorizó una nueva autopsia por un profesional avezado -sólo una ampliación de la médica que ya realizó un primer informe-, ahora la querella le pedirá que cite al intendente de 25 de Mayo como testigo.
Se trata de una medida que pedirán los representantes legales de la familia de Ariel Quiroga -víctima que murió en las aguas del canal matriz-, y también del gremialista Sergio Vázquez, que estuvo aquella mañana en el lugar donde se produjeron los hechos.
¿Accederá esta vez el magistrado a una comparencia que aparece de importancia para tratar de conocer algunos detalles del crimen del gremialista Ariel Quiroga?, ¿o volverá a decir que no?
A esta altura vale preguntarse si el juez que tiene a su cargo llegará a la verdad en el caso de la agresión en el puente dique de 25 de Mayo, que terminó con la muerte de Quiroga y otro sindicalista internado. ¿Podrá dilucidar el caso o fracasará en el intento?
Hoy por hoy no pareciera que la investigación esté bien orientada, y podría suceder que el crimen quede impune. ¿De quién será entonces la responsabilidad? La respuesta parece obvia.
Fuentes tribunalicias todavía no aciertan a entender por qué Alvarez desestimó secuestrar los teléfonos de Bravo, y también los de la comuna veinticiqueña. Quizás de esa manera podría haber constatado si, como sospecha el fiscal, pudo haber llamado a los sindicalistas de Río Negro y Neuquen, y avisarles que en el puente se encontraban gremialistas de otros sindicatos con desocupados de 25 de Mayo. Lo mismo si hubiera ordenado secuestrar el teléfono de Pérez -el hombre que vive en la localidad- y que está acusado de haber "marcado" a los agresores a quiénes tenían que apalear (Quiroga y Sergio Vázquez).
Nada de eso hizo el juez, y sería bueno que explique por qué se negó.
Tampoco ordenó una nueva autopsia y se quedó con la de Marlene Arrechea -una forense novata- que según la querella no satisface para nada las necesidades de la investigación. Sólo le requirió una ampliación a las dos carillas que presentó la profesional.

El incidente.
La muerte del sindicalista mendocino Ariel Quiroga se produjo en la mañana del jueves 20 de noviembre en las aguas del canal matriz de 25 de Mayo, cuando era perseguido por una patota del sindicato de petroleros de Río Negro y Neuquen.
Los agresores irrumpieron en forma imprevista al puente dique de 25 de Mayo, donde Quiroga y otro gremialista -Sergio Vázquez- se encontraban reunidos con desocupados de la zona.
Eran casi las 7 de la mañana de ese jueves cuando los atacantes la emprendieron a golpes con palos y piedras contra los que estaban reunidos en el puente dique, y sobre todo sobre Quiroga y Vázquez, quienes habían sido señalados por alguien de apellido Pérez que estaba en una de las camionetas que llegaron al lugar.
Quiroga caería al canal y sería hallado muerto horas más tarde.
A raíz de esos sucesos catorce de los intervinientes en la trifulca -algunos aseguran que eran más de cien- fueron detenidos y puestos a disposición del juez de General Acha. Permanecieron en la Alcaidía de esa localidad hasta que el juez Alvarez decidió liberarlos, incluso antes de que se cumpliera el plazo legal para resolver si los procesaba o no.
En esos días el intendente de 25 de Mayo estuvo en General Acha con la intención de visitar a los detenidos, aunque no pudo hacerlo.
También estuvo Guillermo Pereyra, el secretario general del Sindicato de Petroleros de Río Negro y Neuquen, y durante varios días la localidad estuvo muy custodiada por policías del grupo GEO, ante la posibilidad que pudieran repetirse incidentes.
Ahora la querella insistirá para conseguir que Bravo vaya ante el juez, y también para que se consigan los listados de las llamadas que pudieran haber surgido de su celular aquella mañana.
¿Accederá esta vez Alvarez, o seguirá negando la posibilidad de conseguir evidencias?