G. Pico: grupo de docentes jubilados reclama en Nación

Uno de los expedientes de docentes jubilados que reclaman por el recálculo de haberes ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta acción legal incluye a varias personas y como caso puede sentar un precedente para el resto de los interesados, si se logra un fallo a favor.
Los docentes jubilados pampeanos, que finalizaron con su actividad laboral entre 1996 y 2010, son aquellos que hace tiempo vienen pidiendo al gobierno provincial que su situación sea equiparada a aquellos que realizando la misma actividad tienen un cálculo de haberes más beneficioso.
El conflicto se incrementó con la modificación legislativa que entró en vigencia en septiembre de 2010. La vieja normativa establecía que el cobro jubilatorio se calculara a partir de los últimos 20 años de aportes, período que coincide con épocas de sueldos sin aumento, sumas no bonificables, cambio de moneda (de australes a pesos) y antigüedad congelada. Frente a esta realidad, el grupo afectado afirmó que con los cambios que introdujo la Ley 2587, ellos quedaron como “jubilados de tercera”.
La cantidad de personas perjudicadas por esta situación sólo en General Pico sería de 200, conforme indicaron desde el Centro de Docentes Jubilados y Pensionados que abarca la zona norte. En toda La Pampa la cifra asciende a más de 1.000.

Acciones.
El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados de General Pico y zona norte realizó en 2011 un relevamiento para conocer la situación de los trabajadores estatales de la educación que finalizaron su período laboral hasta septiembre de 2010. Estimaron que según cada caso esa diferencia legislativa podía significar entre un 38 y un 50 por ciento de aumento en los haberes.
Ese año hubo diferentes presentaciones ante las autoridades pampeanas por esta situación y la respuesta fue que la modificación no se aplicaba en forma retroactiva.
Una de las opciones planteadas entonces fue encauzar todo en un reclamo colectivo, en forma voluntaria para aquellos que quisieran realizarlo. Para agosto ya se habían contactado con bufetes de abogados, que trabajando en manera mancomunada comenzaron a desarrollar el proceso formal de reclamo.
En junio de 2012 había casi 80 causas encaminadas como recurso administrativo, por parte de docentes jubilados.
Los representantes de estos trabajadores de la educación siguieron solicitando una audiencia con el gobernador, pero no tuvieron éxito. Lo que sí lograron fueron entrevistas con algunos diputados provinciales.
Desde la Cámara de Diputados se impulsó un proyecto para generar un fondo que permita atender el reclamo de los docentes jubilados. Se trató de una propuesta para modificar el impuesto que pagan las regalías petroleras, que no avanzó.
Hasta ahora no se vislumbra una solución mediante el diálogo con el gobierno provincial, y las acciones legales ya están llegando al ámbito nacional. Hace dos semanas una fuente confiable indicó que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hay expedientes por este conflicto.