Giorgis pidió rápida solución

La diputada Claudia Giorgis (Frepam) pidió que con urgencia el Poder Ejecutivo provincial haga las gestiones para restituir el servicio público de telefonía fija en la localidad de Arata.
Dijo Giorgis que "enterados de lo ocurrido recientemente en la localidad de Arata, respecto al abuso que están viviendo los usuarios sobre el accionar de Telefónica, les ofrecemos nuestro apoyo y expresamos coincidir plenamente con los argumentos manifestados hasta aquí".
Recordó que el Frepam impulsó en la Legislatura un trabajo sobre "la temática de la telefonía, porque no es ajeno para nosotros el descontento que existe en la ciudadanía respecto a la cuestionada calidad de estos servicios, hoy prácticamente imprescindibles. Tampoco desconocemos el potencial estratégico que significan, de hecho, son los más rentables del país. Por ello, insistimos con la necesidad de conformar una Empresa de Telefonía Celular, donde sea el Movimiento Cooperativo Pampeano junto al Estado Provincial, quienes tengan en sus manos la administración de estos valiosísimos recursos".

Atropello a usuarios.
La legisladora dijo que el producido serían recursos "que deben ser volcados a la provincia para sacarla adelante, para hacer crecer los capitales locales y generar puestos de trabajo genuinos, esenciales para un verdadero desarrollo donde todos estemos contenidos".
Con respecto a la situación en Arata sostuvo que "lamentablemente no es más que otra forma, aunque mucho más visible y descarada, de avasallar y violentar los derechos y garantías de los usuarios, situación que no podemos permitir que continúe. Por supuesto que este desafío debemos asumirlo desde la política considerándolo una razón de Estado. En este caso, por tratarse la telefonía fija un servicio público, la situación es mucho más grave, ya que según hemos podido advertir de los propios vecinos y de sus representantes, esta firma arbitrariamente arrebató de Arata un servicio público, contrariando la normativa vigente".
Mencionó la diputada que la ley 27078 establece que por tratarse de un servicio público es el Estado el que debe regular e intervenir, además de controlar precios, tarifas sociales, el entorno de interconexión entre empresas y la calidad, así como la continuidad de los servicios".

Problemas.
También hizo referencia a "los inconvenientes que se desataron por la unilateral decisión de Telefónica en Arata de reemplazar los teléfonos fijos por artefactos similares a celulares, entre ellos las instituciones ya no cuentan con el servicio de fax y los comercios no pueden utilizar posnet. Lógicamente las personas mayores, están muy afectadas, no pudiéndose familiarizar con la sustitución de los aparatos. La situación empeora, si se tiene en cuenta, que la empresa de telefonía, envió los nuevos artefactos por correo privado, o sea que ni siquiera se planificó la instalación y el asesoramiento a los usuarios de la nueva tecnología".
Hizo responsable al Estado provincial, que debe garantizar las necesidades de comunicación de todos los sectores y pidió que el Poder Ejecutivo se exprese sobre esta alarmante situación.