Miércoles 27 de marzo 2024

Intendente Bravo va a la Corte Suprema

Redacción 19/04/2015 - 00.26.hs

El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la condena de siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una investigación por el delito de trata de personas.
El Superior Tribunal de Justicia ya ratificó la condena por la habilitación irregular a un cabaré donde se registraron casos de trata. La preocupación de Bravo, por lo que irá a la Corte, es que si queda firme la sentencia, Bravo, que aspira a un tercer mandato, tendría problemas para participar de las elecciones.
El 12 de marzo de 2013 Bravo fue condenado por haber firmado en 2008 la resolución 340 que permitió de manera irregular la apertura del cabaré "El Rancho", donde se registraron casos de trata de personas, pese a que no se encontraba en condiciones de ser habilitado. La causa también pasó por el TIP, en otro revés contra el jefe comunal de 25 de Mayo.
La defensa de Bravo sostiene que existió desconocimiento por parte de los órganos judiciales acerca de la organización, funciones y competencias de la Administración Pública, específicamente, en relación al rol y responsabilidades de los secretarios municipales.
Sin embargo, los jueces indicaron que "la habilitación comercial, como acto administrativo, fue dispuesta por el titular del Ejecutivo, y refrendada por los secretarios en el ejercicio de su competencia normativa, es decir que la decisión de conceder el acto es de la exclusiva decisión del intendente".

 

Otras causas.
El jefe comunal, vinculado al vernismo, también está acusado en otra causa, donde fue imputado por vaciamiento y otras irregularidades cometidas en la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano Limitada (Coospu) de esa localidad.
Además, Bravo fue imputado el año pasado, junto a otras doce personas -entre ellas dos comisarios-, en la Justicia Federal por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación sexual, también por habilitar irregularmente un negocio nocturno en el que se ejercía la prostitución.
Asimismo, junto a otras siete personas, está imputado en los tribunales de General Acha vinculado a la causa por el cobro de más de mil cheques pagados en forma irregular por la municipalidad local por 900.000 pesos.

 


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