"La Chicho Show": se agrava la situación de los procesados

Dos de los cinco procesados por presunta trata de personas en el prostíbulo de Macachín, "La Chicho Show", deben afrontar ahora acusaciones más graves, de acuerdo con la resolución realizada por los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Los letrados además pidieron a la jueza Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, "celeridad" en la investigación.
El fallo fue firmado por los jueces Luis Montezanti y Ricardo Planes y hay cinco acusados. Los magistrados le dieron curso parcial a una apelación del fiscal juan José Baric y cambiaron el procesamiento del remisero Oscar Moya y Maximiliano De Luca, es decir que pasaron de estar imputados a ser partícipes necesarios del delito de coautor y partícipe primario respectivamente.
La Cámara mantuvo la acusación de los otros tres acusados. Luis Daniel De Luca (presunto jefe de la banda) y a Esmundo Blas (su socio) están acusados de ser "coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada y por ser tres o más las víctimas en concurso ideal con el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia". El regenteador Leandro Ariel Otero está sospechado de ser partícipe necesario.

Intendentes.
"La Chicho Show", de acuerdo con las primeras sospechas, pudo haber sido en algún momento un sitio donde recluyeron a Marita Verón, la hija buscada por Susana Trimarco en un proceso paradigmático para la investigación de los casos de trata de personas en el país.
Cabe recordar que en este caso quedó involucrado el jefe comunal de Macachín, Jorge Cabak, quien a mediados del año pasado fue indagado por la Justicia aunque hoy su situación judicial no está resuelta. Sin embargo, no es el primer jefe comunal involucrado en un presunto caso de trata de personas. El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, fue condenado por abuso de poder debido a que le dio habilitación a "El Rancho" donde se ejercía la trata de personas. Otro de los intendentes sospechados fue Luis Rogers, de Lonquimay, quien fue procesado por una causa similar y la ex intendenta de General Acha, María Elena García.