Polémica por el auspicio a un torneo de caza con jauría
Redacción 30/05/2015 - 05.41.hs
Dos grupos proteccionistas de la ciudad de General Pico manifestaron ayer su desagrado por el apoyo que la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa está brindando a un torneo de cacería a jauría y al acecho que se realizará en la ciudad de Toay este fin de semana. Las ONGs denunciantes son "Patitas Felices" y la Asociación Piquense Protectora de Animales.
"Este tipo de prácticas, mal llamados Torneos Deportivos (en sus dos modalidades) no son tal, ya que matar por "diversión" o por "placer" no es un deporte", aseguraron a través de un parte de prensa.
Los activistas aseguraron que la realización del torneo auspiciado por el gobierno provincial estaría violando dos principios de la "Declaración Universal de los Derechos del Animal": el artículo 10, inciso 1, que sostiene que "ningún animal debe ser explotado por diversión del hombre", y el artículo 11, que dispone que "todo acto que implique la muerte del animal sin necesidad es un biocidio, es decir un crimen contra la vida".
Los grupos proteccionistas consideraron que el deporte tiene como finalidad mantener la salud psicofísica de quienes lo practican, y debe realizarse en un marco solidario, cooperativo y tolerante. En ese sentido, afirmaron que el hecho de ser racionales y pensantes, no da derecho a los seres humanos a decidir sobre la vida de las demás especies, sino que, por el contrario, los obliga y los compromete con sus intereses.
"El 'humano', para satisfacer su ego, utiliza al perro como un arma, justificando que es una práctica deportiva, donde el perjudicado siempre es el animal", se quejaron. A su vez, recordaron que la cacería vulnera el artículo 3, inciso 7, de la Ley 14346 (Penas establecidas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales), en la cual se considera acto de crueldad "producirle sufrimientos innecesarios", tanto al jabalí como a los perros, ya que como consecuencia de las peleas que se originan, la mayoría de ellos presenta serias heridas, que muchas veces conducen a la muerte", expresaron.
Por último, las ONGs realizaron un llamado a la reflexión a las dependencias gubernamentales, instituciones intermedias y vecinos que tuvieran poder de decisión para que terminen con prácticas que no contribuyen con el bienestar animal y no dignifican la condición humana.
"Este tipo de prácticas, mal llamados Torneos Deportivos (en sus dos modalidades) no son tal, ya que matar por "diversión" o por "placer" no es un deporte", aseguraron a través de un parte de prensa.
Los activistas aseguraron que la realización del torneo auspiciado por el gobierno provincial estaría violando dos principios de la "Declaración Universal de los Derechos del Animal": el artículo 10, inciso 1, que sostiene que "ningún animal debe ser explotado por diversión del hombre", y el artículo 11, que dispone que "todo acto que implique la muerte del animal sin necesidad es un biocidio, es decir un crimen contra la vida".
Los grupos proteccionistas consideraron que el deporte tiene como finalidad mantener la salud psicofísica de quienes lo practican, y debe realizarse en un marco solidario, cooperativo y tolerante. En ese sentido, afirmaron que el hecho de ser racionales y pensantes, no da derecho a los seres humanos a decidir sobre la vida de las demás especies, sino que, por el contrario, los obliga y los compromete con sus intereses.
"El 'humano', para satisfacer su ego, utiliza al perro como un arma, justificando que es una práctica deportiva, donde el perjudicado siempre es el animal", se quejaron. A su vez, recordaron que la cacería vulnera el artículo 3, inciso 7, de la Ley 14346 (Penas establecidas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales), en la cual se considera acto de crueldad "producirle sufrimientos innecesarios", tanto al jabalí como a los perros, ya que como consecuencia de las peleas que se originan, la mayoría de ellos presenta serias heridas, que muchas veces conducen a la muerte", expresaron.
Por último, las ONGs realizaron un llamado a la reflexión a las dependencias gubernamentales, instituciones intermedias y vecinos que tuvieran poder de decisión para que terminen con prácticas que no contribuyen con el bienestar animal y no dignifican la condición humana.
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