Regantes mendocinos hablan de “traición”

La decisión fue adoptada en una reunión celebrada en General Alvear donde concurrieron unos 150 productores y vecinos de esa ciudad y de San Rafael. La próxima semana habrá otro encuentro similar.
Unos 150 regantes y vecinos del sur mendocino quieren ser parte de la demanda por daño ambiental colectivo que el abogado Miguel Angel Palazzani, en su condición de “afectado” y “vecino” pampeano, presentó ante la Corte Suprema para que Mendoza cumpla con el convenio firmado en 2008 por las aguas del río Atuel, y que le exige brindar una mínima escorrentía permanente en el límite interprovincial con La Pampa.
Los regantes de General Alvear y San Rafael se reunieron el lunes en el Concejo Deliberante de la primera ciudad y resolvieron dos cosas: darle la espalda al gobernador justicialista Francisco Paco Pérez por sentirse “traicionados” y autorizar al abogado Marcelo Martín Romano para que intente incluirlos como parte interesada en el expediente para ir a la carga contra La Pampa. El propio Romano le adelantó a este diario que el miércoles habrá otro conclave similar en el mismo lugar (ver aparte).
La información, publicada por Sitio Andino, señala que los usuarios del agua que provee el río Atuel, en el sur de la provincia, han roto relaciones definitivamente con el gobierno mendocino y “tomaron la decisión de ir legalmente contra La Pampa por el convenio firmado por el ex gobernador, Celso Jaque”.
Ese convenio fue rubricado entre Jaque, antecesor de Pérez, y su par pampeano, Oscar Mario Jorge, el 7 de agosto de 2008 y establece que a partir de ese momento La Pampa debía recibir “un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial, hasta la concreción y puesta en marcha de las obras previstas en las cláusulas cuarta y sexta”, referidas a la impermeabilización de los canales marginales.

Convenio lesivo.
La preocupación del gobierno mendocino y de los regantes surgió a partir de que, a principios de mes, la Corte se declaró competente para intervenir en el amparo promovido por el abogado Palazzani a fines de 2010, e intimó a Mendoza y al Estado nacional para que en 60 días digan qué hicieron para que se cumpla efectivamente ese acuerdo.
“Por unanimidad, los productores presentes decidieron tener representación legal propia en la disputa legal entre Mendoza y La Pampa, ya que se sienten traicionados por las gestiones de Paco Pérez”, le dijo Romano a Sitio Andino. El será quien lleve adelante la representación legal de los productores.
Apelando a una frase poco feliz, Romano expresó que “el acuerdo entre Mendoza y La Pampa por el Atuel es lo más parecido al choque del camión en la ruta 7 (aludiendo al reciente accidente que dejó 16 muertos). Antes de que Jaque firmara (el convenio de hace seis años) sonaron cinco alarmas de partes interesadas, que avisaron sobre los problemas que habría en caso de tomar esta decisión, pero no se hizo nada”.
Esas cinco alarmas de los cuerpos jurídicos fueron “dos dictámenes legales de Irrigación, uno del Ministerio de Infraestructura, otro de Asesoría de Gobierno y el restante de la Fiscalía de Estado; todos aconsejando el rechazo al convenio por ser lesivo para Mendoza. Sin embargo, los funcionarios políticos igual lo firmaron, y luego los mismos cuerpos legales tratando de enmendar el error y daño producido, intentaron, sin éxito confeccionar un proyecto de ley para remitir el acuerdo a la Legislatura. Tenía nueve artículos y siete eran reservas esenciales; es decir que con los cambios propuestos prácticamente desaparecía el convenio original”.
En cuanto a los pasos legales inmediatos, Romano indicó que lo primero será buscar que la Corte Suprema reconozca a los regantes como parte interesada. “Si la Corte le dio lugar a abogados de La Pampa suponemos que hará lo mismo con abogados y productores de Mendoza. En el sistema legal los terceros interesados y afectados por las disputas judiciales pueden pedir participar de los litigios”, finalizó.