Se incrementan consultas por financieras

GENERAL PICO: UNA DENUNCIA PENAL SACO A LA LUZ MAS CASOS DE PRESTAMOS ABUSIVOS

El abogado que presentó una denuncia por los intereses excesivos que una financiera aplicó a una vecina, señaló que sigue recibiendo consultas por ese tipo de situaciones. La modalidad de préstamo siempre es similar y con pocos comprobantes documentales del delito.
El abogado Pablo Rodríguez Salto señaló que cada vez son más las consultas de personas que se han visto perjudicadas por tomar préstamos en financieras. Por otra parte, desde la empresa Credisur, que fue denunciada por usura días atrás no quisieron hacer declaraciones. En General Pico hay muchas empresas que se dedican a entregar este tipo de créditos personales, ya sea como actividad específica o como uno de los diferentes servicios que ofrecen.
Credisur tiene una sucursal en esta ciudad que es la involucrada directamente en el caso denunciado por el letrado piquense y que fue allanada días atrás por la Justicia. Cuando este diario habló con la financiera, en la casa central de Santa Rosa, el gerente no quiso hacer declaraciones.
“Van a pedir la plata y les hacen firmar un pagaré por un monto mucho mayor”, explicó Rodríguez Salto. La financiera se queda con un pagaré en el que figura solo el monto a devolver por el cliente, y ante un juez eso tiene la validez de un cheque. Si está firmado y tiene determinación de fecha y lugar, es válido sin que haya un contrato más específico de por medio porque esa documental dejaría evidencia. “Allí radica el despojo y la imposibilidad de demostrarlo”, señaló el letrado.
En un caso reciente se pudo hacer la denuncia penal porque la financiera hizo dos pagarés. El primero por 17 mil pesos y el segundo por 65 mil pesos.
Las consultas desencadenadas desde el pasado lunes, por la información de los medios, mostraron que las empresas crediticias tienen la misma modalidad. “La forma de operar es esa porque como saben que están cometiendo un delito se escoden. Ellos hacen firmar un pagaré por un monto que no entregaron”, reiteró.
Además, la tasa de interés que cobran no tiene un límite establecido, “es un gris”, a diferencia de lo que ocurre con los bancos que son regulados.

“Lo ilegal es la usura”.
“Se trata de una sociedad comercial, entiendo que se habrá creado con el objeto de prestar dinero que es totalmente lícito. No están bajo el control del Banco Central porque no captan dinero del público, si no que prestan su dinero. Pueden básicamente hacer lo que quieran, no existe un límite a los intereses. La actividad en sí es legal, lo ilegal es la usura. He visto de todo, que figuran a nombre de testaferros insolventes económicamente, como monotributistas y jubilados, de forma que si hay un problema no hay quien se responsabilice”, indicó el abogado.
El control para esas empresas debe ser realizado por la AFIP y la DGR.
En el caso local, Rodríguez Salto representa a una mujer, una docente de esta ciudad que tiene dos hijos y es madre sola, que habría obtenido un préstamo por 5.000 pesos en 2014 y debía devolver más del triple de esa suma. “En ese momento ya hay una usura porque obtienen una ventaja desproporcionada aprovechándose de una situación de necesidad o de inexperiencia de una persona que pide dinero”, dijo el abogado.
La gravedad de la situación es que se cuenta con la declaración del perjudicado pero no quedan más comprobantes. Lo que sí se puede demostrar en este caso que llegó a la Justicia es que hay un pagaré de 17 mil pesos, y luego le ejecutaron un embargo del salario por falta de pago, eso ocurrió en mayo del 2015. Ese expediente judicial se tramitó en Santa Rosa donde tiene domicilio central la empresa.
“Entonces la mujer refinanció su deuda, luego de recibir la intimación, porque de su salario de entre 7.000 y 8.000 pesos no le quedaba resto para poder vivir”, indicó el abogado. Los términos de la crediticia fueron que ella firmase otro pagaré por una suma que significó un interés del 489 por ciento.
El letrado explicó que el lapso de tiempo entre los dos pagarés es de un año, y no pueden ser créditos separados porque ninguna empresa le va a dar un nuevo préstamo a una persona que no pudo pagar el primero. Incluso a la mujer le volvieron a embargar el sueldo.
La causa irá dentro de lo penal por el delito de usura y luego seguirá en lo civil.