“Siento frustración e indignación”

GENERAL PICO: ROLERO HABLO DE LA APROBACION DE LA PROBATION EN EL ROBO A LA CORPICO

Carlos Rolero, titular del Consejo de Administración de la Cooperativa Regional de Electricidad (Corpico) de esta ciudad, manifestó que siente un “alto grado de frustración, pero también de indignación y de bronca contenida”, por el resultado que tuvo la causa judicial en la cual se investigó el robo de las cajas fuertes a la entidad eléctrica, y que terminó con la aprobación de la suspensión del proceso a prueba, que favoreció a cuatro de los cinco imputados.
Además reconoció que un grupo de asociados iniciaría la presentación para la conformación de un jury contra la fiscala Ivana Hernández, quien llevó adelante la causa, y que aún no se analizó de manera institucional si se acompañará tal decisión.
“La verdad que nunca pensamos que después de haber esperado tres años, el final de esta película iba a ser con el que terminó, y porque sobre todo pensamos que hay acumulados elementos importantes y contundentes que hubieran ameritado haber sido puestos a consideración”, dijo Rolero.
Calificó de “ridículas” a las reparaciones económicas de entre 4.000 y 5.000 pesos y el compromiso de realizar trabajo comunitario, que ofrecieron los defensores de los imputados.
“Aunque esto sea que tenga un carácter simbólico, nos parece un ridículo total, porque tanto los hechos como los imputados están determinados, y nosotros nos quedamos en la cuestión simbólica de la reparación. Eso parece una tomada de pelo, porque en realidad uno puede señalar desde el comienzo, hechos que parecen mucho más significativos que una salida ridícula”, afirmó.

Excusas y jury.
Rolero indicó que la fiscalía esgrimió distintas excusas durante todo ese tiempo, y manifestó que la causa no tuvo el tratamiento que mereció tener.
“Los problemas que tenga la estructura judicial para hacerse cargo de cada una de las causas, no es algo que nosotros tengamos que resolver. Porque hemos escuchado todo tipo de excusas, desde la valoración que puedan tener las causas, hasta los recursos que tiene la Justicia para hacerse cargo, y el tiempo material con el que cuentan cada uno de los agentes de la Justicia. Todo este tiempo hemos recibido excusas, pero lo cierto es que sentimos que la causa no tuvo el tratamiento que tuvo que tener”, agregó.
También confirmó las versiones que tomaron cuerpo días atrás, las cuales señalaban que un grupo de asociados pretendía pedir que se constituyera un jury de enjuiciamiento contra la fiscala Hernández.
“Nos hemos anoticiado de esta intención. Estos asociados nos lo han hecho saber, y posiblemente estemos invitados a acompañarlos, y esto es algo que el Concejo de Administración o el cuerpo de delegados no ha debatido aún. Institucionalmente, no tenemos para esto aún una decisión tomada, quizá vaya a ser un tema de debate tanto dentro del Consejo como en el cuerpo de delegados, porque nos parece que tiene la suficiente importancia este tema como para que consensuemos que vamos a hacer”, sostuvo.

“Esperaba juicio oral”
La secretaria del Consejo de Administración de la Corpico, la abogada Marina Vanini, subrayó que la Justicia local está en deuda con la entidad eléctrica y a su vez con la sociedad piquense, puesto que consideró que al afectarse el patrimonio de la cooperativa, se afectó el patrimonio de todos los asociados. Señaló que esperaban que el caso llegara a ser debatido en un juicio oral y público.
“Esperábamos que esto fuera debatido en un juicio oral y público. Creemos que están los elementos para que esto fuera así, que existen las pruebas y que el ámbito era el debate oral, y es ahí a donde teníamos que llegar. Con esta medida no hay resolución para el caso, estos imputados en unos años van a quedar libres de toda culpa y cargo, y el hecho de la Corpico va a quedar sin dilucidar. Esto es lo que hay que tener en cuenta, que del robo no van a quedar ni culpables ni inocentes”, indicó.
Agregó que en este caso, “se afectó el patrimonio de la sociedad”, puesto que el robo fue a la cooperativa, cuyos “dueños son los habitantes de Pico”.
“La Justicia tiene esta deuda pendiente, estaba la posibilidad de abrir el debate en el ámbito que correspondía, y no se lo hizo”, concluyó.