Sobre las espaldas del 40 por ciento

La coincidencia es elocuente. En Santa Rosa apenas el 40 por ciento de los vecinos paga las tasas municipales en tiempo y forma. Y en toda la provincia es el mismo porcentaje de los que fueron beneficiados con viviendas construídas por el Estado el que abona en término las cuotas por el inmueble recibido. Los datos fueron conocidos en los últimos días a través de informes brindados por las actuales autoridades de la municipalidad de esta capital -en el caso de las tasas- y por funcionarios provinciales -en cuanto al recupero del IPAV- reunidos con diputados para debatir sobre el presupuesto.
Esta situación revela que sobre las espaldas de una minoría solidaria y cumplidora se descarga el esfuerzo económico de mantener servicios que cumplen una función imprescindible para el conjunto de la sociedad.
Vivimos en una de las provincias con menos habitantes del país y su capital es también una de las menos pobladas, por lo tanto bien puede aplicarse el dicho que reza: “somos pocos y nos conocemos mucho”. No hacen falta sesudos estudios estadísticos para saber que en nuestro medio los niveles de indigencia -la única razón que podría esgrimirse para justificar el no cumplimiento de estas obligaciones económicas- son muy bajos. En realidad, La Pampa es una provincia que presenta índices de calidad de vida superiores al promedio nacional, por lo cual no existe razón para resignarse a un nivel de incumplimiento del 60 por ciento.
Es evidente que el Estado provincial y el municipal están en deuda, especialmente con los que afrontan sus obligaciones. Las autoridades deben asumir sin más demora el problema y revertir esta situación de evidente injusticia porque no puede tolerarse que se le exija a un sector un esfuerzo que debería repartirse en forma mucho más equitativa.
Como se dijo, solo una situación de indigencia puede ameritar la omisión de pago por las tasas o las viviendas sociales ya que ambos servicios requieren de una estructura de costos que deberían afrontar solidariamente todas las personas que se benefician con ellos. El funcionamiento del Estado municipal permite que vivan y convivan todos los vecinos en el ámbito común de la ciudad. Y el recupero de las cuotas por las viviendas -cuyo monto es ridículamente bajo y debería ser revisado- retroalimenta un sistema pensado para continuar extendiendo el beneficio a los que todavía esperan su turno.
Es inaceptable la excusa de la mala calidad de los servicios o de las viviendas para esquivar el pago. Esos problemas deben solucionarse de otra manera, porque si todos se arrogaran el mismo “derecho” y dejaran de contribuir, el Estado colapsaría.
Urge encontrar la forma de crear conciencia sobre la necesidad de que todos los integrantes de la sociedad cumplan con su cuota de esfuerzo común. La más expeditiva quizás sea “premiar” a los cumplidores y “sancionar” a los que están en falta. Se está prolongando en el tiempo una situación irritante que puede tener consecuencias todavía peores: que los que asumen su obligación con el Estado y la comunidad se cansen y empiecen a imitar a los que anteponen su mezquino individualismo.