¿Un proyecto de injusticia social?

(Eduardo Castex) – El bloque de concejales del PJ presentó un proyecto de ordenanza para declarar de “interés público y pago obligatorio” las obras de pavimentación y repavimentación que se ejecuten en la zona urbana, para que en el futuro los vecinos tengan que afrontar los costos de estas obras. Lo más extraño es que la medida, también pretende que los vecinos paguen además las obras que se ejecuten con subsidios del gobierno provincial y/o nacional.
La comunidad castense tiene una mala experiencia con las obras de asfaltado. Los frentistas tuvieron que pagar con sus impuestos municipales incluso algunas obras de pavimentación y repavimentación en la zona céntrica, que se concretaron por intermedio de “malos negocios” que realizaron algunas administraciones y que actualmente aún se están abonando.
Entre los que se están pagando, figura un crédito del Prodeco por 2 millones de pesos-dólares que se solicitó durante la intendencia de Livio Curto para repavimentación en el centro y la compra de maquinarias para el Parque Automotor municipal. Este préstamo recién se empezó a normalizar cuando asumió Luis Ordóñez en 1999.
Paradójicamente, el proyecto de ordenanza del bloque peronista plantea una “injusticia social” hacia los sectores de menores recursos económicos, porque precisamente quienes habitan en los nuevos barrios no tendrán los beneficios que tuvieron quienes habitan en la zona céntrica que cuentan con la repavimentación financiada con el Fondo de la Soja.

Polémico.
El bosquejo del bloque pejotista establece que los frentistas deberán abonar los trabajos de repavimentaciones que se lleven a cabo en calles con más de quince años de su construcción original.
También, fija que los vecinos tendrán que dar consentimiento para la realización de las obras de pavimento, y el departamento Ejecutivo municipal estará facultado para cobrar el canon “en tiempo y plazo prudencial”.
Inexplicablemente, los ediles castenses pretenden establecer que las obras de pavimento que se concreten con fondos provenientes de subsidios o partidas no reintegrables de organismos provinciales y/o nacionales, también serán de pago obligatorio de los frentistas.
En los casos de personas de escasos recursos, serán sometidas a un estudio socio-económico, y después los concejales aprobarán los plazos y excepciones que se realicen para eximirlos de pagos.