Urnas de La Maruja: aceptaron el pedido de la CNE

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó el pedido que la semana pasada le formuló la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que defina qué tribunales tienen competencia en el caso de las supuestas irregularidades ocurridas en las cuatro mesas de La Maruja, durante la última elección legislativa nacional.
Con los votos de sus cinco integrantes, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, el máximo tribunal ordenó suspender el trámite de la causa penal que se tramita en el Juzgado Federal de Santa Rosa; suspender la destrucción de las boletas correspondientes a las urnas 692, 693, 694 y 695, del circuito 71 (La Maruja); solicitar al Juzgado Federal de Santa Rosa la inmediata remisión de las actuaciones y disponer la intervención de la Procuración General de la Nación para que emita dictamen.

Conflicto.
La semana pasada, LA ARENA reveló que la denuncia por supuestos votos marcados en la localidad pampeana había derivado en un conflicto de competencia y, también, en sendos reproches de la CNE a la fiscal federal Adriana Zapico y al juez federal subrogante Facundo Cubas. En esa oportunidad, este diario anticipó que el conflicto de competencia podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado el pedido que en ese sentido habían formulado los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, de la CNE.
Luego de las elecciones de octubre, en las que el PJ le ganó a Cambiemos por 76 votos de diferencia, el frente opositor pidió que se abrieran las cuatro urnas de La Maruja porque sospechaba que había ocurrido una irregularidad: la presencia de votos marcados. La Junta Electoral Nacional del distrito La Pampa, integrada por Cubas, Zapico y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Hugo Díaz, rechazó esa petición.
Argumentaron que ni los fiscales de Cambiemos en las mesas marujenses, ni los apoderados de Cambiemos en las 48 horas posteriores al cierre del acto eleccionario habían formulado reclamo alguno, con lo cual no se configuraban los motivos que el Código Electoral Nacional (CEN) establece para la apertura de las urnas.
No conformes con la respuesta los abogados del macrismo tomaron dos caminos: por un lado apelaron la resolución de la Junta y por el otro radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Santa Rosa. La apelación por vía electoral fue rechazada el 7 de noviembre por la CNE, que ordenó proclamar a los diputados nacionales electos, mientras que, en paralelo, la causa penal siguió avanzando.

Urnas en reserva.
Pero el problema que suscitó el conflicto de competencia se produjo con el avance de la denuncia penal. La fiscal Zapico dio curso al expediente y lo elevó al juez Cubas. Este se excusó de intervenir porque ya había opinado del tema como integrante de la Junta Electoral, pero antes dispuso la reserva de las urnas para que no fueran destruidas.
El expediente siguió su curso a través de la Secretaría Penal y la Cámara Federal de Bahía Blanca, siempre ante el fuero penal, designó a la bahiense María Gabriela Marrón, como jueza federal ad hoc para intervenir en la causa.
Con la jueza ya designada, Zapico pidió que se secuestraran las urnas de La Maruja por entender que eran la prueba fundamental para la investigación. Marrón hizo lugar al pedido y libró un pedido en ese sentido a la Junta Electoral Nacional del distrito La Pampa. Esta última, compuesta por Cubas, Zapico y Díaz respondió afirmativamente al pedido, con la mayoría de los votos de Cubas y Zapico y la disidencia de Díaz.
El 21 de noviembre, tras tomar conocimiento de lo actuado en el fuero penal, la CNE denunció el conflicto de competencias y pidió la urgente intervención de la Corte, la cual avanzó en ese sentido dos días después.