Videovigilancia: Pro-Frepam rechaza el cobro de una tasa

Después de haber aprobado en forma dividida la ordenanza que declara servicio público al sistema de videovigilancia y faculta al Ejecutivo municipal a comprar cámaras de seguridad para instarlas en la zona urbana y cobrar una tasa retributiva mensual a los frentistas, los concejales de Pro-Frepam le solicitaron a la intendenta Adriana García (PJ) que "revea" dicha norma. El cobro era para solventar el costo de mantenimiento, ampliaciones y recambio de los equipos tecnológicos
El pedido lo hicieron a través de una carta que le enviaron por intermedio del presidente del Concejo Deliberante y viceintendente, Domingo González. "A nuestro entender no se debería cobrar (a los vecinos) ni la adquisición de las cámaras ni el posterior servicio de mantenimiento dado que sería una clara discriminación hacia la localidad en comparación con otros pueblos o ciudades de la provincia que tienen estos sistemas y fueron provistos por el Ministerio de Seguridad o comprados con fondos municipales", destacan.
Los ediles promueven a cambio que el Ejecutivo municipal compre un kit de cámaras, se las cobre al frentista por "única vez" y no facture la tasa retributiva. "Atento a lo expresado por la intendenta respecto de la situación económica que afronta el municipio, Provincia y Nación y sin perder de vista la necesidad de dotar a la población de mayores medidas de seguridad ante la creciente ola de inseguridad que el pueblo ha tenido, es que le sugerimos que de ser necesario adquiera un equipo de cámaras base de buena resolución que permita a posteriori ser ampliado. Que dicho equipo y colocación sea cobrado a los frentistas por vía de excepción, pero no se cobre el posterior mantenimiento, dejando así de ser un servicio público".
Finalizan el escrito haciendo énfasis "en prevenir los posteriores inconvenientes que podría creársele al municipio, si como se escucha en la localidad mucha gente se negara a pagar dicha tasa considerándola inconstitucional dado que la Seguridad como Educación y Salud deben ser garantizados por el Estado provincial".
La carta está rubricada por Mario Corredera, Carmen Salamone y Sergio Salotti. Los dos primeros votaron en contra de la ordenanza que declara servicio público al sistema de videovigilancia, sancionada en marzo, y el tercero la aprobó junto con sus pares del PJ. El texto que le presentan ahora a la jefa comunal parece ambiguo ante las decisiones que tomaron en el recinto deliberativo.

Modificación.
En diálogo con LA ARENA, Corredera y Salamone recordaron que la norma en cuestión fue aprobada por mayoría en marzo pasado, horas antes de una masiva movilización de vecinos por las calles del pueblo en contra de la inseguridad. "Ante circunstancias bastantes indeseadas debido a hechos delictivos que habían ocurrido en el pueblo se nos presenta de apuro el proyecto, el cual tenía algunos puntos con los cuales no estábamos para nada de acuerdo. Negociamos con los ediles oficialistas y logramos cambiar algunos artículos de la redacción original", explicaron.
Así quedó estableció, entre otras cosas, que el Ejecutivo comunal gestionará la adquisición de las cámaras debiendo dar cuenta al CD a los fines de su aprobación. Justificaron la actitud de Salotti: "Hay que tener en cuenta el contexto en el que estábamos, en medio de una negociación bastante intensa. El expresó que habiendo sido una víctima de un hecho delictivo creía muy importante tener las cámaras y debido a que ellos (los ediles del PJ) habían cedido, nos preguntó qué nos parecía si la aprobaba. Estamos en democracia y nosotros no estamos digitamos por nadie, somos librepensadores".
En la carta "seguimos manteniendo nuestra postura original" y "ojalá la intendenta nos respondiera que no va a cobrar las cámaras ni la tasa".