25 de Mayo, ¿habrá un juicio o un linchamiento?

La acusación de un grupo de padres contra cuatro docentes del jardín de 25 de Mayo por presuntos abusos en contra de los menores que allí concurrían, ha entrado en su etapa final. La acusación, recogida en una causa por los fiscales ha sido elevada a juicio y solo falta que se conozca la fecha y el lugar de realización.
Todo el proceso ha sido un calvario. Para los docentes que, sin pruebas a la vista sobre su participación en los hechos, han sido acusados y encarcelados durante un año en una medida a todas luces violatoria de sus derechos de ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Para los niños, que por el cariz que tomaron los hechos fueron privados de su concurrencia a clases durante meses y han sido sujetos a revisaciones y pericias intrusivas. Para los padres de la mayoría de los niños que en un principio denunciaron abusos y que luego han sido apartados de la causa principal por la ausencia absoluta de pruebas. Para la sociedad veinticinqueña que ha sido partida en dos por la irracionalidad con la que un grupo de familiares ha planteado el caso como una división entre quienes creen su versión y quienes no la creen o simplemente dudan de ella.
El caso tiene a cuatro docentes detenidos desde hace un año aunque ninguna prueba material a la vista contra ellos haya sido presentada y las que se pidieron, como las muestras de ADN en el lugar donde presuntamente se consumaban los abusos en la quinta de uno de los acusados, han dado resultado negativo.
La causa se sustenta solo en los dichos de un niño que luego provocó un efecto contagio en el resto de los padres que sumaron treinta y seis denuncias contra los docentes a quienes se acusó de integrar una banda de pederastas.
De nada valió que los perfiles sicológicos de los docentes no dieran correspondencia a estas desviaciones que se les imputaba, ni que sus celulares, cámaras fotográficas, computadoras, sitios web visitados por los imputados y analizados por peritos, no arrojaran ni una foto ni una alusión, ni una visita a un lugar de perversión con menores.
De nada valió que las cámaras Gesell arrojaran testimonios distintos a los que narraban los padres y las pericias sicológicas sobre los niños no arrojaran los resultados que se hubieran hallado de haberse tratado de lo que se denunciaba, esto es, niños llevados a una chacra para ser abusados con acceso carnal por una banda de docentes pervertidos que los metían en una pileta para aprovecharse de ellos.
Solo en un caso, el testimonio del pequeño refiere que fue abusado. En ese caso las pericias físicas indican que tiene lesiones anales "de vieja data" y uno de sus amiguitos dijo en Cámara Gesell que era abusado "en su casa". Eso solo hubiera bastado para que la investigación se encaminara hacia el entorno familiar y sospechar (al menos sospechar), que el abuso no fue realizado en la escuela sino en su entorno familiar.
De nada valió la ausencia de testigos que hubieran visto cómo los niños eran llevados diariamente a la chacra en la supuesta combi, o que hubiera visto a los acusados varones con los niños.
Presionados por los familiares, los fiscales solo buscaron pruebas que validaran la versión de los padres que apuntan solo al jardín y sus docentes. No investigaron los entornos familiares donde, se suelen producir estos abusos.
Hasta llegaron a inventar una presunta testigo de identidad reservada cuyo testimonio fue refutado inmediatamente por quien, en el relato de esta "testigo", le había supuestamente dicho el año anterior que los niños iban a la chacra.
En suma, se llega al juicio con una instrucción sesgada, más dispuesta a no contradecir la iracundia de un grupo de padres que a ceñirse a los datos de la realidad.
Tal vez por esa conciencia de los fiscales de que la causa es del todo endeble y montada sobre supuestos, es que han pedido que el juicio se realice en 25 de Mayo donde el núcleo de familiares que sostiene que los docentes son culpables tiene mayor poder de presión sobre testigos y aún sobre los jueces.
Allí, en 25 de Mayo, el juicio tiene el ambiente propicio para que en vez de un juicio se realice un linchamiento. La falta de seguridad para abogados, periodistas y testigos -que han sido reiteradamente amenazados- pondrá en riesgo la única preocupación que debe hoy presidir la intención judicial que es llegar a determinar si hay pruebas que indiquen que los que están detenidos son culpables.