A los tiros y por la espalda

LA DOCTRINA CHOCOBAR AHORA ES DOCTRINA BULLRICH

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dictó un decreto reglamentando el uso de armas de fuego para el personal policial, que habilita a disparar cuando, a criterio del agente, exista “peligro inminente”.
Irina Santesteban
Después del caso Chocobar y a pesar de que la Justicia resolvió que fue “homicidio en exceso del deber”, Bullrich dio un nuevo paso reafirmando su teoría de “mano dura” en el área de Seguridad. Dispuso autorizar, en la reciente Cumbre del G-20 en Buenos Aires, al personal policial para disparar en caso de que hubiera alguna situación “de riesgo” para los mandatarios extranjeros.
Esa instrucción provocó el repudio de un amplio espectro de personalidades y organizaciones democráticas -no sólo de la oposición- por la peligrosidad que significa habilitar a la policía a hacer uso de las armas, y dejar al criterio de cada agente la evaluación del “riesgo o peligro”.

Tirar a discreción.
El nuevo Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego permite a la Policía Federal disparar su arma a supuestos delincuentes, aún en casos en que no haya agresión previa, sin dar la voz de “alto”, y aunque no tenga un arma letal.
No resulta extraño que el gobierno de Cambiemos promueva estos cambios en seguridad, pues tanto el presidente Mauricio Macri como la ministra han adoptado siempre una actitud de defensa de las fuerzas policiales, incluso ante casos como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambos jóvenes muertos en medio de la represión de las fuerzas de seguridad, cuando participaban de acciones de protesta en las comunidades mapuches, en defensa de sus territorios ancestrales.
Ni Santiago ni Rafael Nahuel representaban un “peligro inminente” para el Estado ni para las fuerzas de seguridad, no estaban armados, y el decreto de Bullrich convalida el accionar de la represión, en este y en otros casos.

“Peligro inminente”.
Para Bullrich, la evaluación del “peligro inminente” la hace la policía, sin tomar en cuenta la cantidad de casos en nuestro país de jóvenes baleados a los que luego se les “plantan” armas o drogas, para fraguar una situación de enfrentamiento o presunta represión de la delincuencia. Son centenares de casos de muertes por “gatillo fácil”, que han sido denunciados por familiares y han sido motivos de marchas y protestas, incluso ante organismos internacionales.

“Gatillo fácil”.
Así se llama a los asesinatos que comete la policía y las fuerzas de seguridad, cuando abusa del poder que tiene para la represión del delito. Un caso emblemático fue el de Walter Bulacio, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino, por la muerte del adolescente de 17 años en la comisaría 35 de Buenos Aires, hecho ocurrido en 1991, cuando fue detenido junto a otros jóvenes en un recital de Los Redonditos de Ricota. Gracias a esa condena internacional, se consiguió enjuiciar al comisario Miguel Angel Espósito, a quien se le impuso la pena de 3 años de prisión, en 2013, ¡22 años después!
“En Argentina a la gente la matan los delincuentes”, dice Bullrich sin citar las fuentes de sus dichos, convalidando el discurso de la “mano dura” y la “tolerancia cero”, consignas que enarbolara en 2004 Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, un joven que había sido secuestrado y luego murió por las balas policiales, en un confuso rescate. Su prédica para que se sancionaron nuevas leyes con mayores penas tuvo éxito, pero lejos de reducir los índices de criminalidad, lo que se logró fue mayor hacinamiento en las cárceles, situación por la que Argentina ha tenido que responder ante los organismos internacionales.

“Mesura”.
La ministra dijo “confiar en la mesura” del personal policial para aplicar el nuevo reglamento, llegando a plantear que si un delincuente huye “no significa que no haya peligro”.
Su caballito de batalla es que los policías están para “defender a la gente, no a los delincuentes”, dando por sentado que cualquier persona a la que aborda o persigue un policía sería un criminal.
El Reglamento es violatorio de la doctrina penal argentina, en la que el principio de inocencia tiene raigambre constitucional, ya que nadie puede ser considerado culpable hasta tanto no lo declare un juez y tenga sentencia firme.

“Tengan cuidado”.
Eugenio Zaffaroni, el jurista penal más prestigioso de nuestro país, afirmó que ningún reglamento puede contradecir la ley penal. Aconsejó a los policías que “tengan cuidado”, dando a entender que ese accionar podría ser cuestionado en un proceso judicial.
Los cambios que introduce este Reglamento implican que las fuerzas policiales pueden disparar sus armas, incluso sin dar la voz de “alto” y sin necesidad de agresión directa previa. Bullrich justificó esta disposición en que al dar el aviso, el policía está revelando su ubicación, y lo hace un blanco más fácil para la agresión de los delincuentes. Tampoco se exige que el oponente muestre un arma con poder de fuego, puede ser un arma de juguete o directamente ninguna, basta con que realice un movimiento sospechoso, que indique que podría tener un arma.
Para el matutino Página/12, esta nueva disposición es lisa y llanamente una “Licencia para matar”.

El bien y el mal.
Otra definición peligrosa de la ministra fue que este reglamento brinda directivas “claras y transparentes”, lo que redundará en una “sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y dónde está el mal”, como si esa grieta se diera entre la policía y lo que ella y sus agentes definen como los “delincuentes”.
¿Eran Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, peligrosos delincuentes que había que asesinar? Los cientos y hasta miles de casos de jóvenes muertos a manos de la policía, en todo el país, desde Bulacio, Sebastián Bordón (Mendoza), Miguel Bru (La Plata), “Güere” Pellico (Córdoba), y los más recientes Rodolfo Orellana y Marcos Sosa, militantes de la CTEP, no pueden ser considerados excepcionales.
La consecuencia inmediata de este reglamento, como ya viene sucediendo desde el caso Chocobar, será un mayor número de ejecuciones sumarias, disfrazadas de “persecuciones a peligrosos delincuentes”, ya que definir el “peligro” estará a cargo de los propios involucrados. Ni en la más dura doctrina policial de los EE.UU. se le ha dado tanto poder a los uniformados para la represión del delito.