Lunes 15 de abril 2024

¿A quién le importa los despidos y las suspensiones?

Redacción 27/05/2016 - 01.14.hs

Antes del veto presidencial, el tratamiento de la ley de emergencia laboral fue objeto de negociaciones que
trasuntan más intereses electorales que sociales.
EDUARDO LUCITA*
Al mismo tiempo que se publicaba el veto presidencial a la ley antidespidos la Pastoral Social del Episcopado daba a conocer un documento en el que alerta sobre la "fragilidad laboral" y el "temor a perder el trabajo" que recorre el mundo del trabajo. El debate parlamentario estuvo más orientado hacia las próximas elecciones que hacia el objetivo que lo promovió.
Varios organismos privados dan cuenta que en lo que va de enero a abril entre despidos y suspensiones hay más de 150 mil trabajadores con serios problemas en el mercado laboral. El 61,2 por ciento en el sector privado y el 39 en el público. Por actividad lo encabeza la construcción con el 61,4, luego la industria con 33,2 y finalmente servicios con 5,5 por ciento.

 

Despidos diferenciados.
Los despidos en la construcción y en el Estado, son resultado de decisiones políticas del gobierno nacional. En el primer caso porque detuvieron las obras -sea por problemas presupuestarios sea por dudas en cuanto a la transparencia de los contratos-, en el segundo no se trata de una estrategia de ajuste y ahorro fiscal -las cifras no parecen ser significativas- sino que se trata de una señal. Es el propio Estado nacional el que habilita los despidos en el sector privado. Por el contrario en las distintas ramas industriales lo que prima es la incertidumbre por la caída de la actividad económica y del consumo, por la apertura indiscriminada de las importaciones. Este clima de incertidumbre se refleja también entre los trabajadores que viven las suspensiones como un anticipo de futuros despidos. Esto es lo que ha registrado la Pastoral Social, que tiene claro que en el tercer trimestre la actividad continuará cayendo y si la reactivación sigue sin hacerse ver el impacto sobre el empleo será más fuerte aún.
La concentración obrera del 29A recogió estas incertidumbres y dejó en negro sobre blanco que para los trabajadores los despidos y suspensiones son una de sus principales preocupaciones, sino la principal junto con la carestía de la vida.
Previamente las cinco centrales obreras recorrieron el espinel parlamentario y lograron reunirse con todos los bloques opositores para impulsar un proyecto de ley de emergencia laboral, básicamente prohibición de despidos y suspensiones por 180 días y pago de doble indemnización. El Senado elaboró su propio proyecto que logró rápidamente la media sanción, pero el oficialismo demoró lo posible el envío a Diputados. En paralelo el gobierno nacional, por boca del propio presidente de la Nación, hizo saber que de aprobarse vetaría la ley. Mientras los gurúes de la city y sus comunicadores no vacilaron en definir que no se trataba de una ley antidespidos sino de una pro-despidos y bloqueadora de la creación de empleo.

 

Acuerdismo sin principios.
Luego de la masiva movilización del 29A la aprobación de la ley se daba por descontada sin embargo cuando ingresó en Diputados comenzó un verdadero minué parlamentario del que todos los bloques, con excepción de la izquierda, son responsables. El FpV hizo suyo el proyecto y pretendió convocar a sesión extraordinaria, contaba con el apoyo de los bloques de la oposición, incluidos los diputados de extracción sindical y el FIT, su objetivo no era otro que aplicar una derrota al oficialismo. Ocurrió que el macrismo dio garantías al massismo que la ley sería tratada en la próxima sesión ordinaria a cambio de que estos le hicieran naufragar la sesión al kirchnerismo. Y así fue, el FR puso como excusa que al proyecto había que incluirle modificaciones favorables a las Pymes y modificar párrafos que obviamente tenían visibles vicios de redacción. El FpV contraofertó aprobar la media sanción del Senado como estaba y tratar la cuestión Pymes por separado; no fue aceptado. El socialismo que había proclamado su apoyo, en un acuerdo de último momento con el FR, se bajó y no aportó para dar quórum. De los diputados sindicales solo uno se hizo presente. La sesión fracasó y el tratamiento pasó entonces para la otra semana.
Aquí quien parecía tener la situación bajo su control era el FR. Es que una vez aprobado el tratamiento del tema se trataría el dictamen de mayoría (FpV, Bloque Justicialista más Daer) pero para ser aprobado el kirchnerismo necesitaría los votos del FR. Si eso no se daba se pondría entonces en consideración el dictamen de Cambiemos, que rechazaba la doble indemnización y la prohibición de despidos; aquí eran indispensables los votos del FR en alianza con el FpV para bloquearlo. Si se llegaba a esta instancia recién ahí entraría a jugar el proyecto del FR que obviamente necesitaba el apoyo del FpV. Pero si éste lo apoyaba le daría aire al massismo, mientras que si votara en contra corría el riesgo de que se cayera el tratamiento parlamentario de la ley. El massismo estaba exultante: demostraba que podía frenar al kirchnerismo y pensaban que podían ponerle freno al macrismo.
Como se puede apreciar poco y nada de las preocupaciones de los trabajadores eran tenidas en cuenta. Lo que primaba en los tres grandes bloques era el horizonte electoral 2017, que el macrismo necesita ganar para afianzarse en el gobierno, el kirchnerismo para recuperarse de la derrota y pensar seriamente en el regreso y el massismo para hacerse valer con fuerza propia de cara a las presidenciales del 2019.
En el juego parlamentario cuando todos son simples minorías nunca está dicha la última palabra y se impone la negociación y la rosca entre bambalinas. Cambiemos, demostrando que también puede jugar a varias puntas, hizo un acuerdo con el FpV y en lugar de rechazar la ley decidió abstenerse con lo que obligó al FR a votar favorablemente el proyecto del FpV. Estos creyeron ver un triunfo propio, obligaban al gobierno Macri a vetarla y estaban seguros que habría reacción sindical.

 

Billetera mata conflicto.
Mientras tanto el presidente Macri convocaba a los empresarios a firmar un acuerdo, de nula validez legal, de no despidos por 90 días mientras que en la sala de al lado los dirigentes sindicales se hicieron los enojados y no asistieron al acto. Una verdadera farsa. Finalmente cumplió lo que anticipara y vetó la ley.
Lo hizo desde las instalaciones de Cresta Roja, empresa que a principios de año despidió a 3.500 trabajadores y que ahora el gobierno pone como ejemplo, cuando solo se reincorporaron 1.300, afirmando su autoridad y demostrando a los empresarios que no lo doblegarán así nomás y que no está de acuerdo con regulaciones de ningún tipo. Resultó una verdadera provocación, pero las CGT no reaccionaron, como lo preveía el kirchnerismo. Postergaron las decisiones hasta "consultar a los dirigentes"; una vez más se olvidaron de consultar a las bases. Solo las CTA levantaron la voz.
La diputada Graciela Camaño del FR lo dijo con todas las letras: "es la primera vez que participo del debate de una ley laboral y ni un mísero trabajador hay en la puerta con un cartel pidiendo que la votemos". A buen entendedor pocas palabras. Es que entre los dirigentes de las CGT pesa la negociación por la devolución parcial del dinero que se les debe de las obras sociales y además que entre tanta rosca e idas y vueltas pasó desapercibido que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que por unanimidad se votara momentos antes de la emergencia laboral, excluía explícitamente de ese tratamiento a la obras sociales, cuyas cajas suele manejar discrecionalmente la burocracia sindical peronista histórica.
El gobierno de los CEOs sabe mejor que nadie el poder que ostenta el dinero y lo hace valer, total "a la moral la dan por moneditas" y si no que lo digan los gobernadores que cambian posicionamientos políticos por la devolución en cuotas del 15 por ciento de la coparticipación federal.
Así durante quince días hemos asistido a una suerte de farsa democrática, propia del "cretinismo parlamentario" tal como lo definiera Carlos Marx en "El 18 brumario de Luis Bonaparte" cuando lo equiparaba a "una enfermedad que relega a un mundo imaginario a aquellos que sufren y les quita toda inteligencia, todo recuerdo, toda comprensión del rudo mundo exterior".

 

* Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

 

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