A la Justicia por el otro río robado

Son dos, y no solo uno, los ríos interprovinciales que le han “robado” a La Pampa. El caso más conocido y emblemático es el del Atuel, cortado definitivamente en la provincia de Mendoza hace casi setenta años y motivo de un juicio ante la Suprema Corte de Justicia que no solucionó la cuestión de fondo: el tribunal ratificó que el río es interprovincial pero permitió que la provincia cuyana siga disponiendo de todo el caudal sin ceder nada a la nuestra.
El caso del corte del río Salado es muy parecido al del Atuel aunque no tan conocido por buena parte de la población. En realidad se trata de una extensa cuenca que abarca territorios de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y La Pampa. Varias obras hidráulicas en esas provincias ubicadas aguas arriba, han hecho de este río un sumidero de escurrimiento hipersalino e inutilizable que llega esporádicamente a territorio pampeano.
Por esa razón la Fundación Chadileuvú anunció que iniciará una demanda contra aquellas cinco provincias y la Nación ya que ésta financió la mayoría de las obras hidráulicas en la cuenca. Lo que en verdad propuso la Fuchad es que ese recurso ante la Justicia lo realizara el Estado pampeano, pero ante la negativa de éste de llevarlo a cabo -sostiene que ahora está abocado a la causa por el Atuel contra Mendoza- la entidad decidió iniciar el reclamo judicial por su cuenta. Lo hará ante dos instancias: la Suprema Corte y el Tribunal Latinoamericano del Agua.
La Fuchad demandará a las cinco provincias y al Estado nacional por el daño ambiental provocado a nuestra provincia y solicitará que se establezca un “caudal fluvioecológico en forma inmediata” de agua de calidad. Esta reparación del daño ambiental que exige la entidad, no cierra futuras exigencias de un volumen de agua destinado a actividades productivas. Uno de los puntos más relevantes de la presentación es la exigencia de crear un comité de cuenca interjurisdiccional, siguiendo el ejemplo de lo sucedido en el río Colorado, del que participen todas las provincias condóminas.
Con esta demanda, la Fuchad plantea sus diferencias con el gobierno provincial. La ONG sostiene que ya es hora de dejar los reclamos administrativos que hasta el momento no han generado respuestas tangibles de parte de las provincias de aguas arriba ni de Nación. No es la primera vez que surgen discrepancias entre la entidad y el gobierno provincial. Puede recordarse que durante muchos años la Fuchad solicitó al Poder Ejecutivo volver a la Suprema Corte por el caso del Atuel. Ese reclamo fue desoído durante muchos años hasta que, finalmente, el Poder Ejecutivo planteó la nueva demanda contra Mendoza.
Es probable que el gobierno no quiera abrir dos frentes simultáneamente, sobre todo porque no solo se trata de presentaciones contra Estados provinciales pues también en ambos casos está involucrada la propia Nación, gran responsable de los cortes de los dos ríos. Sin los compromisos políticos que tiene el Estado pampeano -y la indiscutible dependencia económica con el gobierno nacional- la Fundación Chadileuvú apretó el acelerador para poner el tema en el debate público. Además con esta estrategia, obliga a las provincias arribeñas a dar respuestas en otro ámbito, el de la Justicia. De este modo las posturas elusivas o, directamente, la indiferencia con que siempre han recibido los reclamos pampeanos no serán tan fáciles de sostener. El campo de la política o de la diplomacia, en casos como éste en que está en juego el daño ambiental provocado en una muy extensa superficie del oeste pampeano, ha demostrado tener límites contundentes ante la cerrada postura de nuestros vecinos. Por eso está muy bien que ahora sea la Justicia la que deba intervenir para cesar con este proceso de desertificación al que fuimos sometidos los pampeanos.