Actitud política que se ha extendido

Entre los lugares comunes de la política argentina, está aquel de que, mientras el Justicialismo es el más ávido de poder y más apto para gobernar, cuando está en el rol opositor ejerce un rol desestabilizador y poco institucional. Las fuerzas opositoras, en tanto, presumen de su contribución al mantenimiento del sistema, si bien su desempeño en el poder suele no ser exitoso. De hecho, desde 1930 a la fecha, ningún gobierno no peronista concluyó en tiempo su mandato.
Si se tiene en cuenta el inocultable rol de algunos dirigentes justicialistas en la desestabilización de los gobiernos constitucionales que se vieron truncados en 1989 y en 2001, algo de verdad parece haber en el aserto.
No obstante, y en vista de los acontecimientos recientes, habría que cuestionarse si, en realidad, las actitudes desestabilizadoras y antiinstitucionales no se han extendido en la clase política argentina, bastante más allá de los difusos límites del movimiento actualmente en el poder. Basten para ello dos ejemplos, el de la Corte Suprema y el del nuevo Código Civil.
Hasta los más acérrimos críticos del actual gobierno coinciden en señalar como un mérito la designación de una serie de ministros que transformaron al más alto tribunal del país en una institución independiente, respetable y señera. La preservación del normal funcionamiento de la Corte debería estar entre las más altas prioridades republicanas.
Sin embargo, la inesperada muerte de dos de los miembros del Tribunal durante el año en curso, y la inminente vacante que dejará a partir del año entrante la renuncia de un tercero, dejarán al cuerpo con sólo cuatro miembros. Como es necesario un número impar de jueces para desempatar votaciones, el proceso de dictado de sentencias se vería notoriamente afectado si no se designa rápidamente un sustituto.
Desde la “institucional” oposición, sin embargo, se ha adoptado la postura pueril de negarse a convalidar cualquier nombramiento que haga el actual gobierno, al que le queda un largo año de mandato. Se anuncia que será rechazado, incluso, el nombramiento de un candidato de inocultables méritos y del riñón opositor, cuyo buen nombre ya ha sido bastardeado en el proceso.
Otro tanto ocurre con el nuevo Código Civil y Comercial, un monumental esfuerzo de estudio y debate académico, al que colaboraron además todas las fuerzas políticas, y que viene a reemplazar un cuerpo legal con casi un siglo y medio de antigüedad, y con un historial de reformas y parches muy poco alegre.
Si bien en el tramo final de la sanción del proyecto podría haberse producido un debate legislativo más profundo, la pluralidad y excelencia de la tarea no puede ponerse en duda. La verdad es que tampoco el Código de Vélez Sársfield fue debatido en el Congreso, y que el nivel de discusión actualmente en boga en ese cuerpo dista mucho de la excelencia científica.
Sin embargo, desde la oposición se ha anunciado que, de llegar al poder, intentarán derogar esta importante ley, cuya vigencia está prevista para el 2016. No parece ésta una conducta consecuente con la proclamada “seguridad jurídica”. Flaco favor se le hace no sólo al sistema, sino también a los sufridos operadores del sistema jurídico que están en el proceso de estudio y adaptación a las nuevas instituciones.
Como se ve, entonces, si en dos temas tan importantes y serios, tan directamente atinentes al funcionamiento de las instituciones republicanas, la oposición ostenta este comportamiento anárquico, corre el riesgo de hipotecar el que acaso sea su capital político más importante.