Activistas compran acciones de la minera Vale para hacerse oír

La compra de acciones de grandes corporaciones transnacionales, que da derecho a tomar parte en las asambleas de accionistas, es ya una práctica instaurada entre movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales.
Fabiola Ortiz*
Representantes de movimientos sociales y de comunidades que se sienten afectadas por proyectos de la empresa minera brasileña Vale compraron acciones de la compañía para denunciar mejor supuestos delitos e incumplimientos. La firma dejó hace poco el emprendimiento en Mendoza de Potasio Río Colorado en el que dejó a cientos de trabajadores en la calle.
La compra de acciones de grandes corporaciones transnacionales, que da derecho a tomar parte en las asambleas de accionistas, es ya una práctica instaurada entre movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales para efectuar reclamos o denuncias directamente ante los inversores de las empresas.
Seis activistas de la Articulación Internacional de los Afectados por Vale estuvieron presentes el miércoles 17 de marzo en la reunión de accionistas de la compañía, celebrada en Río de Janeiro.

Capital abierto.
Las empresas de capital abierto – aquellas que venden acciones en el mercado para capitalizar sus actividades e inversiones- están obligadas por ley a realizar al menos una asamblea general anual en su sede.
En esas reuniones, los inversores reciben información sobre el rumbo de las empresas y pueden interrogar a las gerencias sobre lo hecho en el año anterior, así como cobrar dividendos.
“Esta es la cuarta vez que la Articulación adopta esta iniciativa. La reunión fue exitosa. La asamblea prevé que los accionistas intervengan, y nuestra única oportunidad para hacerlo fue cuando se votó el orden del día. Entonces pedimos la palabra”, contó el abogado Danilo Chammas, sobre su participación en la reunión que duró tres horas y contó con la presencia de cincuenta accionistas.

Positivo.
Mientras los activistas hacían uso de la palabra, la mayor parte de los presentes guardaron silencio y no faltaron momentos de tensión, cuando se exponían cuestionamientos y críticas.
“Fue positiva la posibilidad de diálogo, pero sin grandes perspectivas de cambio. Nuestra idea es dar a conocer una cara que los accionistas ignoran y que también debe ser tenida en cuenta”, argumentó el abogado.
Según cálculos de las organizaciones sociales, la empresa brasileña, privatizada en 1997, causó en 2010 daños en un área que corresponde a 741,8 kilómetros cuadrados.

Reforzar las luchas.
Mientras tanto, decenas de manifestantes de la Articulación, que reúne organizaciones de 10 de los 38 países donde actúa Vale, se reunieron frente a la sede de la empresa, en el centro de Río de Janeiro, para hacer visibles sus denuncias.
“Como accionistas, explicamos lo que significan los riesgos y violaciones (de la empresa) para las comunidades damnificadas”, dijo la activista Sandra Quintela, del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur. En su opinión, esta estrategia multiplica la presión sobre la empresa y en la justicia.
“Intentamos reforzar las luchas, vincular las resistencias y pensar estrategias comunes. La forma en que esta empresa actúa en los territorios es muy cruel… Eso no es desarrollo, es destrucción”, criticó.

Un caso.
Este es el segundo año que seis habitantes del pequeño poblado Piquiá de Baixo, del municipio de Açailândia, en el nordestino estado de Maranhão, llegan a Río para denunciar su caso.
En esa aldea de 380 familias se instaló un polo siderúrgico de arrabio. La polvareda contaminante del aire, el agua y el suelo es permanente. Desde hace cinco años los vecinos reclaman que los trasladen a un área segura.
“Piquiá de Baixo va a dejar de existir. Estamos obligados a mudarnos a otro lugar, no hay alternativa. El tren que Vale carga de minerales atraviesa la aldea y el depósito está sobre nuestro poblado. Las cinco siderúrgicas están casi encima de nuestros huertos”, relató “Seu” Edvard Dantas, de 69 años.
El vive en Piquiá desde hace 26 y atestigua la extinción del poblado. Antes de que llegara la siderurgia, la zona era rural. Seu Edvard plantaba arroz, maíz y mandioca para alimentar a su numerosa familia. Hoy solo su esposa y una hija siguen viviendo con él. Sus otros cinco hijos ya abandonaron Piquiá, tal como muchos otros habitantes.
Los casos de cáncer de pulmón y de afecciones respiratorias y alergias no son raros. “En la huerta y en el tejado de mi casa hay una capa permanente de polvo. Estamos sufriendo mucho, esperamos que no lleve más de dos años” el traslado a un nuevo lugar. Sin embargo, las nuevas viviendas que deberían habitar todavía no se construyen, agregó.

Problemas.
Los países cambian, pero los problemas son los mismos, destacó el mozambiqueño Fabiao Maniza, de la Asociación de Asistencia y Apoyo Jurídico a las Comunidades de Tete, en la región central de ese país africano, donde Vale obtuvo una concesión para explotar durante 35 años la mina de carbón de Moatize.
“Estamos juntando fuerzas para hacer reivindicaciones. La empresa no abre espacios para negociar en forma directa con las asociaciones o las comunidades”, explicó.
El mayor problema allí fue el desplazamiento de 1.300 familias, pues las casas recién construidas que les entregaron ya tienen fallas estructurales.
“Las familias se mudaron hace un año y medio y hay grietas; son viviendas mal hechas. Los niños no tienen agua potable. No hay espacio para cultivar ni para criar a los hijos. Prometieron que nos iban a ayudar durante un año, entregando alimentos, transporte gratuito y empleos, pero no cumplieron”, detalló.
En algunos casos, las familias fueron reubicadas en lugares distantes hasta 50 kilómetros de donde vivían, agregó Maniza.
“Estábamos en zonas fértiles, y nuestra actividad principal es la agricultura. En África mi padre está enterrado en el huerto. La gente fue obligada a abandonar a sus antepasados e irse lejos”, lamentó.

Comunicado.
Ante el pedido, la empresa entregó un comunicado en el que sostiene que “respeta el derecho a la libre expresión” y que “se pone a disposición para recibir sugerencias y críticas sobre sus emprendimientos”.
La empresa aseguró que participa en el proceso de reubicación de las familias de Piquiá de Baixo. En julio de 2012 firmó con el ministerio público de Azailandia una propuesta para transferir cerca de 200.000 dólares al proyecto habitacional del nuevo barrio.
En cuanto a Mozambique, se delimitaron dos zonas para reasentar a las familias, con “participación pública, que consistió en tres audiencias, 20 presentaciones teatrales en la lengua local más hablada (nyungwe), 110 reuniones con la comunidad y sus líderes, 4.927 visitas domiciliarias y 639 consultas realizadas en el servicio de atención permanente al inicio del reasentamiento”, según la empresa.
Como parte del proyecto Carvao Moatize, además de las viviendas, se construyeron o reformaron escuelas, puestos de salud y una maternidad, una estación policial y calles. También se instaló energía eléctrica en las vías principales. Las casas que presentaron problemas, dijo Vale, ya comenzaron a ser reparadas.

*Periodista. Inter Press Service