Acusadora acusada

El escándalo de los aportes ilegales para la campaña electoral de Cambiemos amenaza con embarrar a la diputada Elisa Carrió. Como una mancha de aceite, el caso se estaría derramando desde la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal al revelarse mecanismos fraudulentos de recaudación de dinero, aunque en este caso con mayor presencia de elementos probatorios que estarían indicando que los fondos provendrían del propio gobierno de la CABA.
La legisladora siempre se preocupó por cultivar un perfil de dirigente inmaculada y de hacer de la “lucha contra la corrupción” su principal desvelo. Con el respaldo mediático del Grupo Clarín -que ahora minimiza u oculta estas graves revelaciones- asumió con fruición sus cruzadas moralizantes y sus acusaciones de todo calibre contra quienes se colocan bajo su mira. Sin molestarse demasiado por el aporte de pruebas participó con gusto en infinidad de campañas derramando sus anatemas a diestra y siniestra atribuyéndose el rol de custodia de la virtud republicana.
Hoy empieza a probar su propia medicina, y todo indica que hay sólidas pruebas que la incriminan como receptora de dineros públicos desviados para sus bolsillos con el fin de solventar sus campañas electorales. Un extenso listado de empleados del gobierno de la CABA aparece cobrando retribuciones especiales y, poco después, los mismos nombres figuran como aportantes de la campaña con, exactamente, los mismos montos percibidos. Para peor, las “donaciones” habrían sido realizadas, todas ellas, el mismo día.
En tanto, un periodista de La Nación -medio insospechado de simpatías con la oposición- reveló este domingo que en los listados de donantes de Cambiemos no figuran empresas que reconocieron haber aportado montos millonarios para la campaña de Cambiemos.
Quienes se presentaron como los adalides de la “transparencia” vienen mostrando con creces que la corrupción no es patrimonio de un solo sector político y, además, aparecen como maestros consumados en el arte de realizar operaciones con enormes sumas de dinero en efectivo. Lo único que los diferencia del resto es la protección mediática que les brindan los grandes medios porteños.

El “no” del senador
La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una cuestión de salud pública. Está demostrado que todos los años mueren mujeres por esta práctica realizada en un entorno sanitario deficiente. Y lo peor: todas ellas son mujeres de condición humilde, que no pueden pagar los servicios de un profesional de la medicina privada. Las mujeres con recursos económicos seguirán acudiendo a estas prácticas -como lo han hecho hasta ahora- independientemente de la suerte que tenga en el Senado el proyecto de ley ya aprobado en Diputados.
La ofensiva de los sectores reaccionarios, con la Iglesia Católica a la cabeza y no pocos aliados, no ha vacilado en acudir al falseamiento de la información con tal de evitar este avance de la sociedad. Los países más desarrollados del mundo han legalizado el aborto. Solo los más atrasados mantienen la persecución penal de las mujeres que reivindican el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad.
El senador radical Juan Carlos Marino, al decidir votar en contra del proyecto de ley, se alinea con aquellos representantes más conservadores del patriarcado. Aunque no pertenece a su partido, el legislador se aproxima indefectiblemente al ex gobernador Oscar Mario Jorge quien vetara en el año 2007 la denominada “Ley Peppino” de aborto no punible aprobada por la Legislatura pampeana.
Quienes por razones morales o religiosas se oponen a la IVE deberían plantear el problema en el terreno de las decisiones personales en lugar de pretender que toda la sociedad se rija por sus dogmas. El proyecto no obliga a nadie a abortar, solo hablita la opción para quien la acepta. Eso es lo que no entienden los sectores más retrógrados con quienes se identifica el senador pampeano.