Además de políticos, la corrupción salpica a empresarios y oficios varios

En épocas de ajuste y aumento de la pobreza preocupa más que antes el fenómeno de corrupción. Es un mal antiguo y muy presente en Argentina, pero no debe ser sólo atribuido a una parcialidad política. Los monopolios son parte del problema.
EMILIO MARIN
¿Quién no se indignó al ver a un hijo de Báez y personal de confianza contando billetes en la financiera La Rosadita? Una bronca mayor suscitaron las imágenes del ex secretario de Obras Públicas, José F. López, ingresando con bolsos llenos de dólares a un convento en General Rodríguez. Era plata ligada a retornos de las licitaciones de esa Secretaría, parte estratégica del Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido.
Fueron noticias de alto poder destructivo, cuyas consecuencias se hicieron sentir en el Frente para la Victoria. Ya venía en retroceso tras perder las elecciones y finalizar su gobierno. Aparecieron fracciones y dirigentes que buscan despegarse de Cristina Fernández de Kirchner y relanzar el Partido Justicialista, que fue más bien un sello en la década pasada.
Nadie salió a defender a López. Ni su mujer. El titular de la bancada del FpV, Héctor Recalde, dijo que aquél se presume culpable, hallado en flagrancia con dinero que no podía justificar. Eran casi 9 millones de dólares, según la cuenta de la policía, que el juez Daniel Rafecas redujo a casi la mitad en un programa de TV con Nelson Castro. Como sea, muchísimo dinero. Y como López admitió, era "plata de la política" de la que no dio mayores detalles.
Con su primera abogada haciendo bailes hot en lo de Tinelli, López sigue preso. Y ojalá siga mucho tiempo en esa condición a medida que se le prueben los delitos. Rafecas es un muy buen magistrado de modo que puede conjeturarse que así será.
Por su parte el detenido Lázaro Báez ha pedido por medio de su abogado Maximiliano Rusconi la libertad o al menos la prisión domiciliaria argumentando razones de salud y que no existe riesgo de fuga. La causa donde le imputan diversos sobreprecios de la obra pública, lavado de dinero, cuentas bancarias no declaradas en el exterior, etc, la lleva el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Los intentos por ligar a Báez con la ex presidenta no han dado resultados hasta el momento, como tampoco las espectaculares excavaciones en estancias en Santa Cruz. Sí se han inventariado bienes por 220 millones de dólares y cuentas bancarias millonarias en Suiza de alguno de los hijos del empresario.
De modo que estará muy bien que esa causa prosiga, en términos que no pongan en riesgo la salud del imputado, y ciñéndose a los hechos. Marijuán se muere de ganas por encarcelar a Cristina, como se deduce del audio revelado por Roberto Navarro y del que Luis Majul admitió ser el destinatario.
En las causas de Báez y López hay material probatorio de posibles delitos. ¿Cuáles son las contras o problemas? Son dos. Uno, que se politizan los expedientes, por decisión de algunos jueces y fiscales para afectar política y personalmente a Cristina Fernández y ex funcionarios suyos. El otro problema, ligado al anterior, es que estos escándalos de La Rosadita y el convento son explotados políticamente por Mauricio Macri, para presentarse a sí mismo como impoluto y honesto, cuando dista de serlo. O sea, son noticias sesgadas por el gobierno y su inseparable compañero de ruta, el monopolio Clarín.

Ruta del dinero M.
Hay que convenir que los casos mencionados no son meramente un par de malos ejemplos del kirchnerismo. El empresario ganaba el 70 por ciento de las licitaciones en el Estado de origen del matrimonio presidencial, habiendo partido prácticamente de la nada. Otro era el secretario de un ministerio clave en las obras públicas y de infraestructura.
Sería ingenuo pensar que en ese par de nombres se agota el listado de funcionarios K corruptos; debe haber varias decenas más. Y la envergadura de los mismos se vuelve un pelotazo en contra de Néstor Kirchner y su esposa por proximidad con los cuestionados y también, como mínimo, por falta de controles en sus administraciones para prevenir, descubrir y castigar a gente como esa.
Otras acusaciones, en cambio, fueron armadas por jueces como Claudio Bonadío, como la del dólar a futuro, contra la ex presidente y 18 ex funcionarios. No hay allí ni pizca de asociación ilícita ni conducta criminal sino un daño por 54.000 millones de pesos que no fueron culpa de Axel Kicillof ni Alejandro Vanoli sino de Macri, Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger. Ellos devaluaron más de un 40 por ciento de un solo saque.
Otras mentiras, ya comprobadas, fueron las del periodista de Clarín, Daniel Santoro, sobre cuentas millonarias de Máximo Kirchner y la ex ministra Nilda Garré en el exterior. Puro bluff.
Y buscando el dinero K en el exterior, con esas rimbombantes denuncias, se toparon con la ruta del dinero M, de Macri, como ironizó CFK el 13 de abril frente a Tribunales. El dato vino de fuente insospechada de kirchnerismo, en ese abril, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación provocó una conmoción con el "Panamá Papers". Del estudio panameño Mossack-Fonseca se filtraron datos sobre políticos y empresarios de buena parte del mundo que tenían empresas y cuentas en guaridas fiscales.
No había allí ni un billete de Cristina pero sí información sobre el presidente Macri, su ex secretario de Hacienda en el gobierno de la CABA, Darío Grindetti (ex funcionario del grupo Socma, Sociedades Macri) y otros tres funcionarios macristas: al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas; y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas.
Macri figuraba como directivo de dos empresas en Bahamas: Fleg Trading y Kagemusha. El número se amplió porque el holding Macri había inscripto otras sociedades off-shore y algunas habían invertido casi 10 millones de dólares en empresas brasileñas.
Uno de los diputados que hizo la primera denuncia en abril fue Darío Martínez (FpV) y la amplió en agosto, con más información sobre que Fleg Trading había invertido 9,3 millones de dólares en Owners do Brasil. Y esta firma empezó a controlar a Itron Do Brasil Ltda, Martex Do Sul Ltda y Mega Consultoria Servicios e Participacoes.
Un mes después del escándalo, el presidente admitió que tenía 18 millones de pesos en un banco de Las Bahamas. Dijo que los traería y compraría Lebacs, títulos que rinden el 38 por ciento anual. Hombre especulativo de Bahamas a La City.
¿La prensa dio a estas maniobras de Macri que rozan lo ilegal el mismo tratamiento que a López? Ni ahí. El 3 de mayo Jorge Lanata reveló que allegados al presidente habían apretado a "La Nación" y Clarín para que su implicancia en Panamá Papers no aparecieran en tapa. El primero aceptó.
También está complicada por sospecha de corrupción la vicepresidenta Gabriela Michetti, luego de ocultarse ocho meses un robo en su domicilio de 245.000 pesos y 50.000 dólares no declarados. El dinero nacional supuestamente era de su fundación SUMA, muy flojita de papeles...

Los empresarios.
Una visión sesgada de la corrupción posa la mirada crítica sobre el kirchnerismo y salva al macrismo y la derecha, que aprovechan para que ese alboroto les ayude a hacer pasar el ajuste, los despidos, tarifazos y alta inflación. La gente dice "se robaron todo", por los anteriores gobernantes, y los actuales se roban aún más, enriqueciendo a un reducido sector. Aranguren les mete la mano en el bolsillo a los televidentes absortos en los bolsos de López...
Aquella mirada unilateral cree que sólo políticos roban dineros públicos. Y si bien esa tribu hace méritos para la acusación, no merece ser tratada de conjunto como tal. Hay honrados, como Recalde y su hijo Mariano que rechazaron coimas millonarias de empresarios que querían mantener los ticket-canasta. No se crea que el último honrado fue Arturo Illia.
Hay que poner en la lista de sospechosos a muchos empresarios top.
En esa categoría no puede encasillarse sólo al multiacusado Báez. La lista del ministerio de De Vido ubicó a Austral Construcciones cerca del número 40 en el ranking de las empresas que más ganaron contratos de obra pública. El n° 1 era Techint, de Paolo Rocca, y el n° 3 Iecsa, del primo hermano de Macri, Angelo Calcaterra.
Entre las acusaciones a Báez hubo una por recibir 209 millones de dólares de Helvetic, una firma suiza; era un aporte para que Austral junto con Calcaterra compitiera en la licitación de las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Lo K y lo M, de la mano.
Buena parte de esos banqueros, inversionistas y gambeteadores de la AFIP estaban en las 4.040 cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra. Un ex directivo de esa entidad proporcionó datos a la Justicia francesa, compartidas luego con Argentina. Allí había más de 3.000 millones de dólares que no pagaron impuestos o que provinieron de otros orígenes non sanctos. Prat-Gay era administrador de la plata de Amalia de Fortabat; varios directivos de Clarín nutrían la lista de evasores.
La plata grande de la corrupción gana impunidad con el fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que levantó la multa de 80,7 millones de pesos impuesta en 2015 al HSBC por retacear aquella información.
La corrupción no es sólo un asunto de políticos. Es, ante todo, de los monopolios.