Ahora, después de la destitución de Dilma, van por Lula

Desde marzo pasado la justicia corporativa, los medios hegemónicos y la derecha destituyente buscan encarcelar a Lula da Silva. En estos días corrieron versiones de su detención. El objetivo es dejarlo fuera de la carrera presidencial de 2018.
EMILIO MARIN
En los últimos días arreciaron los rumores de que el juez Sergio Moro, de Curitiba, estado de Paraná, iba a detener al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Esas versiones empezaron a tomar fuerza desde el 4 de marzo pasado, cuando Moro ordenó a la Policía Federal allanar el departamento donde vive Lula en San Pablo y lo llevara a declarar bajo la fuerza. Ese allanamiento tuvo cobertura mediática a pesar de haber sido a las 6 de la mañana, porque el juzgado había colado la información a la Red O'Globo y al diario Folha de Sao Paulo, que destacaron periodistas a ese lugar. Fue una comparecencia por la fuerza, como si Lula se hubiera negado a declarar alguna vez, lo que nunca ocurrió. El ex presidente allanado y conducido por la policía, -como si lo llevaran detenido- contó con el circo mediático que la derecha requería para este caso y con todo lo vinculado con el enjuiciamiento contra Dilma Rousseff, que en marzo pasado estaba un poco parado.
Luego de declarar durante tres horas, Lula pudo volver a su casa; en rigor fue al local central del Partido de los Trabajadores (PT) donde brindó una conferencia de prensa. Se defendió de las acusaciones, que consideró políticas en ausencia de causas por supuesta corrupción. Y dijo que si el PT necesitaba un candidato presidencial en 2018 él se ponía a disposición y comenzaba a caminar todo el país para buscar apoyo a esa causa, como si la campaña presidencial ya estuviera comenzando.
El juez de Curitiba dice sospechar que empresas como OAS le hubiesen pagado coimas a Lula bajo la forma de construirle un tríplex en el balneario de Guarujas y una residencia de campo, así como otros pagos formalmente imputados a las conferencias internacionales.
Lo del tríplex y la casa de campo fue negado rotundamente por Lula todas las veces que fue preguntado y eso reiteró en su declaración del 4 de marzo, receptada por los Federales en una sala especial del aeropuerto paulista de Cogonhas.
Sobre lo otro, alguna vez contestó que si Bill Clinton cobraba un millón de dólares por sus conferencias, ¿por qué no podía él cobrar 200.000 dólares si era el responsable de un milagro? Se refería a haber sacado de la pobreza en Brasil a 30 millones de personas. En total fueron 50 millones los que emergieron, contando los que aportó su sucesora Dilma Rousseff, aún con su administración interrumpida por un golpe palaciego.
Desde el allanamiento de marzo hasta hoy, Lula viene visitando ciudades del país, denunciando que está en marcha una operación política que lo tiene como blanco pero en realidad apunta contra toda la democracia y la socava, convirtiendo a Brasil en un estado de excepción. Cuando se rumoreaba que iba a ser detenido, anteayer publicó una columna en el Folha de Sao Paulo donde aseguró: "en más de 40 años de vida política nunca hice nada ilegal, nada que pudiese manchar mi historia".

El golpe.
La Justicia brasileña, bien funcional a la derecha y los pulpos de la comunicación, fue alternando sus dentelladas contra la humanidad de Lula y el prestigio del PT, en sintonía con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y aliados menores, enfocados en la destitución de Rousseff.
Y lo lograron con la apertura de un juicio político, autorizado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), que llevó a la suspensión de la mandataria en mayo y a su destitución el 31 de agosto en una sesión especial del Senado.
Dilma debió abandonar el palacio del Planalto y la residencia de la Alvorada para que se entronizara allí quien desde mayo venía fungiendo como interino, el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, también del PMDB. Este actuó en yunta con Cunha y el titular del Senado, Renan Calheiros, también de ese partido que desde 2002 con Lula venía ocupando la vicepresidencia y los cargos principales en el Congreso.
Tiempo antes Cunha había sido acusado de ser parte de los corruptos que percibían coimas de las empresas ganadoras de licitaciones en la estatal Petrobras. Reclamó al gobierno la protección necesaria para un hombre de su posición y como Rousseff no se la brindó, entonces aceptó tramitar el impeachment y logró que todo el PMDB se alejara de la coalición gobernante.
A Rousseff no se la acusaba de haber percibido coimas aunque las acusaciones del caso Petrobras, causa "Lava Jato" conducida por el juez Moro, involucraban a figuras prominentes de casi todos los partidos políticos (28 con representación parlamentaria). Su "delito o crimen de responsabilidad" habría consistido en que la banca oficial pagara los planes Bolsa Familia y otros planes sociales antes de recibir la autorización legal; o disimular el déficit fiscal postergando el asentamiento de deudas públicas. Eso se denominó "pedaleadas fiscales" y era algo que habían realizado muchísimos gobiernos anteriores, incluyendo Fernando H. Cardoso (PSDB) y gobernadores de los diferentes estados, de procedencias varias, sin haber sido penalizados nunca.
Pero a Dilma no se lo perdonaron, aún cuando esos supuestos cargos los hubiera cometido en 2014, cuando su vicepresidente era Temer, quien quedó impoluto y más aún, fue investido como presidente interino y luego definitivo hasta completar el mandato en 2018.
El nuevo gobierno tan poco democrático en su génesis menos aún lo es en su desenvolvimiento. Una de las primeras leyes que logró aprobar fue para abrir la riqueza petrolera del pre-sal, mar adentro, a las multinacionales del petróleo. Antes se reservaba la posición dominante a la estatal Petrobras. El escándalo de corrupción le vino como anillo al dedo a la derecha pro monopolista para maquillar la entrega de la formidable reserva de hidrocarburos a firmas extranjeras.
Y la otra ley, que ayer recibió un voto favorable en una Comisión Especial de Diputados pero deberá ir a una segunda votación el 24 de octubre, es el Proyecto de Enmienda Constitucional 241, que congela por veinte años el gasto público. Este pedido del FMI y el Banco Mundial, supone el fin de la agenda del desarrollo, según opinaron economistas y académicos prestigiosos de Brasil.

Cunha preso.
Ayer la noticia en principio positiva para la democracia brasileña fue la detención de Eduardo Cunha. El juez Moro dio esa orden, luego que el Tribunal Supremo Federal hubiera sancionado al ex presidente con la pérdida de su banca, en mayo pasado, por la solidez de los cargos en su contra, a solicitud del procurador general Rodrigo Janot.
A Cunha, a diferencia de Lula y Dilma, se le había probado la existencia de cuentas secretas bancarias en Suiza con depósitos por 5,2 millones de dólares y todo indica que fueron por "retornos" del "Lava Jato". El reo había mentido ante la Comisión Parlamentaria de Investigación que lo interrogó si tenía aquellos depósitos en el extranjero, negándolos, pero luego fueron informados por la Justicia suiza.
Es más, según la información disponible, ahora serían más de 10 millones de dólares los fondeados en forma subrepticia allí. La Justicia ordenó el bloqueo de los bienes y fondos pertenecientes al ex diputado, que totalizan más de 220 millones de reales (68.750.999 dólares).
El juez paranaense le había dado diez días para presentar su defensa frente a dos acusaciones: recibir coimas de Petrobras por la compra de un campo petrolero en Benin (Africa) y lavado de dinero por esas cuentas de Suiza. Al final ordenó su detención por el temor a fuga o alterar pruebas, en un ex legislador de doble nacionalidad, brasileña e italiana.
La prisión del corrupto y golpista Cunha es un dato positivo, pero pueden desprenderse o suceder cosas muy diferentes, que habrá que evaluar.
Una posibilidad es que el detenido -temeroso de la detención de su esposa Claudia Cruz, también acusada en la causa por lavado de dinero y evasión- termine denunciando a otros popes del gobierno de Temer. No sería el primer caso de las polémicas "delaciones premiadas". Y en esa hipótesis quien va a sufrir es Temer, que se debilitaría más si hay más revelaciones de corrupción de sus ministros y de él mismo, que no es trigo limpio. Su situación es difícil porque la encuesta de ayer, encargada por la Confederación Nacional del Transporte, reveló que lo detesta el 51,4 por ciento del país.
Preocupado por las consecuencias de la detención de su aliado Cunha, Temer emprendió raudamente el regreso desde la India, adonde había ido a una cumbre del Brics.
La otra posibilidad, derivada de esa detención, es que ahora el juez Moro decida encarar la prisión de Lula, su blanco mayor, con la excusa de que no hay en su investigación un sesgo anti-PT ni anti-Lula pues el procedimiento contra Cunha habría demostrado que él es "equidistante".
El diario digital Brasil 247 recogió declaraciones del líder del partido Demócratas (DEM) en la Cámara de Diputados, el derechista Pauderney Avelino, considerando que "la prisión de Cunha abre el camino para la prisión de Lula". En este caso lo del juez sería una carambola a dos bandas, pegando la bola más dura contra el PT y su precandidato para 2018.