Ahora el río Atuel divide a mendocinos

Los últimos sucesos ocurridos en la provincia de Mendoza en torno a los conflictos sobre recursos hídricos -posibles usos del agua del río Atuel en un emprendimiento minero- han puesto en blanco sobre negro la interna que sufre la provincia al respecto, pero también clarifican la posición cuyana en lo que respecta a compartir el recurso con La Pampa.
En principio quedó en evidencia la capacidad de presión del sector que representa a los regantes, de toda la provincia en general y del sur mendocino en particular, el que ante la posibilidad de ver disminuida en cantidad y calidad el agua del río jugó muy fuerte y bloqueó en la Cámara de Diputados el desarrollo de un gigantesco proyecto minero, que podría haber generado esos problemas. Cierto que, como ocurre a menudo, su aparición no había sido demasiado clara ni se había participado debidamente a los organismos pertinentes, pero políticamente no fue poca cosa ya que el proyecto tenía el aval del Senado de la provincia.
Pero el hecho político tuvo una derivación inesperada en la insólita respuesta de las autoridades del departamento Malargüe, donde se iba a radicar el proyecto y al que significaba un notable aporte económico y de puestos de trabajo. Los malargüinos, que ya venían golpeados y dolidos por la frustración de la mina de potasio en la cuenca del Colorado, han declarado que como represalia a la actitud de los regantes se opondrán al trasvase del río Grande al Atuel, tan discutido como largamente esperado por los sureños.
En principio la actitud puede parecer muy próxima a los intereses pampeanos, que por otros motivos que involucran al Tratado del río Colorado, condicionan ese trasvase. Tener un aliado interno dentro de la provincia cuyana no es para desestimar, pero a poco que se analice este complejo escenario se advierte que la negativa de los que defienden el proyecto minero tiene en su raíz la antigua y lamentable impronta mendocina: decidir arbitrariamente sobre el uso de un recurso natural compartido, en este caso el río Grande.
Tal como dijera recientemente un legislador pampeano, se puede “advertir cada vez más consolidada en aquella provincia la concepción de que los recursos naturales les pertenecen y pueden disponer de ellos a su antojo”. La afirmación se ve refrendada con la reciente iniciativa de un alto dirigente político mendocino que ha propuesto modificar la Constitución para declarar al Atuel como “río provincial, exclusivamente mendocino”, un disparate desde cualquier punto de vista que se lo considere.
¿Qué razones pueden mover a pobladores y autoridades de una provincia políticamente experimentada a pronunciarse de maneras tan contrarias al sentido común y que bordean el absurdo? Las económicas, fundamentalmente, pero también la ausencia de voluntad conciliatoria, aún en casos internos, como este caso muy bien deja ver. Sesenta años de reclamos pampeanos importaron nada a los cuyanos mientras se redujeran a conversaciones intrascendentes; bastaron algunos modestos avances a nivel judicial para que surgiera una multitud de argumentos negativos a la solicitud de nuestra provincia, a cual más necio.
Este inesperado conflicto por el agua desatado en la provincia vecina puede resultar beneficioso para La Pampa porque contribuye al conocimiento del tema en todo el país; al margen de que, por una vez, algunos mendocinos experimentan en carne propia las consecuencias de la necedad y la intransigencia. Sin embargo no conviene adelantarse a sacar demasiadas conclusiones, promover apoyos apresurados o escuchar voces que suenen a cantos de sirenas; sí estar atentos y mostrarse eficientes en el manejo de las herramientas técnicas y legales que involucran a la cuestión, sin dejar de exigir los derechos que nos asisten.