¿Ahora se doblan?

La emisión de más de medio centenar de cheques sin fondos por parte de una diputada no parece alterar al radicalismo. Una investigación periodística de este diario reveló ayer que la legisladora emitió valores por más de doscientos mil pesos y aún así, el presidente de la bancada y la propia firmante de los cheques aseguran que se trata de una situación personal que a nadie interesa y en la que el periodismo se inmiscuye indebidamente.
Esta respuesta, además de un inusual relativismo ético poco común en el radicalismo, evidencia un desconocimiento de la propia ley provincial por parte de dos diputados de la oposición que, está más que claro, deberían conocerla como la palma de su mano por ser, justamente, lo que deben construir y mejorar el corpus legal pampeano.
Cualquier ciudadano de esta provincia sabe que la ley 1232, -que obliga a los funcionarios (incluidos, desde luego, los diputados) a presentar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos- los obliga asimismo a declarar bajo juramento sus pasivos.
Esto es, de acuerdo a la ley vigente, los bienes, los ingresos y las deudas de un diputado, son cuestiones de interés público.
Que las actuales autoridades del bloque de radicalismo se hagan los distraídos ahora, es además una negación de la propia historia de ese partido. El radicalismo ha sostenido que cuando un funcionario acepta un cargo está poniendo a disposición de los ciudadanos no solo su conducta pública, sino además muchas de las acciones que, antes de asumir, podía considerar de su órbita privada como pueden ser, sus bienes, sus ingresos, sus deudas. Han sido diputados de esa bancada quienes han impulsado las reformas más progresistas a la ley (luego boicoteadas por el Tribunal de Cuentas) y han sido radicales los que se han presentado a la justicia con denuncias contra funcionarios enriquecidos que han terminado con sentencias condenatorias y cárcel para algunos de los denunciados. Han sido radicales los que han exigido que las declaraciones juradas de bienes sean puestas en internet para que la ciudadanía pueda acceder a ellas con comodidad y no como ahora que es necesario pasar por un calvario para poder verlas.
Lo que llama la atención es que, con ser públicas las deudas de los funcionarios de acuerdo a la ley, se intente tapar desde el bloque de diputados opositores una situación que excede con largueza la simple existencia de una deuda como tal pues la emisión de cincuenta o más cheques sin fondos que el Banco Central publica en su página web, denota una situación que podría encuadrarse en un desorden en la conducta a un funcionario público. Es necesarios recordar que la Constitución Provincial en su artículo 67 prevé sancionar a los diputados por “desorden de conducta” y que, más aún, puede removerlos por “inhabilidad moral”.
A la hora de analizar el caso de la diputada, es necesario que se le diga a la sociedad si emitir semejante cantidad de cheques sin fondos por parte de un funcionario forma parte de la conducta esperable de un legislador responsable no solo de legislar, sino de controlar al poder. Es necesario que se le diga a la ciudadanía si, para esa tarea de legislar y controlar, puede inspirarle confianza alguien que libra cheques sin fondos en un número tal que su sola publicación en la página del BCRA, llena varias páginas y, más aún que si, apremiada por las deudas, no podría ser presa fácil de alguna forma de quebrar su voluntad que la lleve a levantar o bajar la mano a la medida de alguien que se aproveche de su situación o prometa solucionarla.