Aires nuevos en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba

Secuestro del abuelo.
Vaca Narvaja abuelo fue secuestrado el 10 de marzo de 1976, cuando tenía 59 años y sobrevivientes del Campo de la Ribera, uno de los centros clandestinos de detención de Córdoba, cuentan que lo vieron allí, donde fue torturado y finalmente asesinado. En el colmo de la perversión, fue decapitado y su cabeza tirada a las vías del ferrocarril. Uno de los genocidas, el coronel Raúl Fierro, gozaba mostrando la foto de su cuerpo decapitado en su escritorio, como si fuera un trofeo.
Hasta Eduardo Angeloz, que tenía buen diálogo con Luciano Benjamín Menéndez durante la dictadura, dijo que muchos años después de ese crimen le recriminó a Menéndez y éste le explicó que lo habían desaparecido porque "era el tesorero de los Montoneros". Ni Angeloz creyó esa justificación. Hoy Menéndez cumple en su domicilio las seis condenas a prisión perpetua que la Justicia Federal de Córdoba le impuso por ser responsable de crímenes de lesa humanidad. Esa misma Justicia Federal que el pasado jueves tuvo que abrir las puertas para la asunción como juez del nieto de aquel Vaca Narvaja.

Ley de fuga.
A su padre lo secuestraron en las escalinatas de los Tribunales Federales, el 20 de noviembre de 1975, cuando se dirigía a presentar un recurso de habeas corpus a favor del detenido-desaparecido "Chicato" Mozé, dirigente de la JP. Al ser interceptado alcanzó a gritar su nombre, lo que le valió ser "detenido legalmente", y fue a parar a la penitenciaría de Córdoba, la UP 1. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue uno de los treinta presos políticos de esa cárcel que fueron asesinados bajo la "ley de fuga", que consistía en sacar a un grupo de detenidos políticos, fusilarlos en las inmediaciones de la ciudad, y luego hacer pasar ese hecho como un "enfrentamiento con subversivos".

Exilio.
A los 9 años, Huguito, el mayor de sus tres hermanos y de sus primos, formó parte del contingente Vaca Narvaja que, luego del secuestro de su abuelo, se asiló en la embajada de México. Eran 13 niños y 13 adultos, que ingresaron a esa sede diplomática y permanecieron varios días hasta que pudieron salir a tomar un avión hacia Ezeiza. "Me acuerdo del miedo... Vivíamos en el altillo de la casa del cónsul... Recién nos llevaron a Ezeiza a principios de abril en cinco autos de la diplomatura mexicana. En todo el camino los soldados nos apuntaban con armas largas y nos siguieron hasta el aeropuerto. Lo habían hecho ya en la residencia del cónsul de ése país donde nos atrincheramos. A los chicos, el 24 de marzo nos pusieron a todos debajo de una mesa en el último piso por temor a que nos empezaran a disparar. Desde las ventanas se veían los tanques", contó el hoy juez a la periodista Marta Platía (“Los 400 abrazos”, Página 12, 20/11/2014).

Militancia sindical.
Cuando volvió del exilio, terminó la secundaria e ingresó en la facultad de Derecho, y, como su padre y su abuelo, se recibió de abogado en 1993. En 1988 había ingresado en la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS), que estaba en los planes privatizadores del gobierno de Angeloz. Fue delegado sindical y participó de las marchas de finales de los ´80 contra la Reforma del Estado que impulsaba el gobierno radical provincial. También fue secretario de Prensa del Sipos, el combativo sindicato del personal de la EPOS, cuyo secretario general, Luis "Negro" Bazán, también estuvo presente en su asunción como juez federal.

Contra las privatizaciones.
Como delegado gremial se opuso y peleó contra la privatización de la EPOS, que finalmente fue entregada a la empresa francesa Lyonnaise des Eaux y al grupo local Roggio, durante el gobierno de Ramón Mestre padre. Muchos trabajadores fueron trasladados a otras dependencias del Estado y las boletas del agua sufrieron incrementos superiores al 300%.
Huguito pasó a la Procuración del Estado, y ya recibido de abogado, formó parte del plantel de asesores llegando a ser jefe de la sala civil. En ese carácter hizo ganar al Estado provincial varios juicios importantes, como el del palacio Ferreyra, que le ahorró al erario público una suma cercana a los 40 millones de pesos. Declaraciones suyas en relación a ese juicio, al diario La Voz del Interior, molestaron al entonces gobernador Juan Schiaretti, y fue desplazado del cargo que ocupaba. Pero no se desanimó, rindió el concurso, lo ganó y volvió a ocupar la jefatura de la sala civil de la Procuración.
Toda esa experiencia en dependencias estatales, lejos de burocratizarlo, lo han formado como un abogado defensor de lo público, y hoy pregona la necesidad de que tanto funcionarios como los trabajadores, aún cuando tengan que pelear por mejores salarios, defiendan el papel de las empresas del Estado y el servicio que prestan a la población.
En 2012, fue designado coordinador letrado de la Anses Córdoba, y desde allí defendió la posición del gobierno nacional respecto a las jubilaciones.
Ese mismo año formó parte de la Multisectorial en Defensa de la Crese, la empresa municipal de recolección de basura. Esta vez le tocaba pelear contra una privatización que encaraba el actual intendente de Córdoba, Ramón Mestre hijo, quien finalmente la entregó a dos empresas -Cotreco y Lusa-, con la anuencia del sindicato de recolectores de basura, Surbac. Esa Multisectorial estaba conformada por organizaciones sociales, gremiales y políticas, entre ellas el Gremio de Judiciales de Córdoba y el legislador provincial juecista Santiago Clavijo. Esa lucha se perdió y las dos empresas que hoy tienen a su cargo la recolección de basura en Córdoba, brindan un servicio deficiente y mucho más caro del que prestaba la empresa municipal.

Justicia legítima.
Desde el año pasado, cuando se creó el colectivo Justicia Legítima, para apoyar las leyes de reforma judicial que impulsó la presidenta Cristina Fernández, Vaca Narvaja nieto formó parte de ese espacio, al que reivindica como parte de un esfuerzo necesario para democratizar las estructuras de un Poder Judicial conservador y poco permeable a cambios.
Para el nuevo juez federal, lo que más necesita la Justicia es la celeridad, no concibe que las causas se demoren años y años, porque entonces ya no tiene sentido el reclamo de la gente.
En la causa judicial que se realizó en 2010, para juzgar los fusilamientos de la UP1, dentro de los cuales estaba su padre, al momento de alegar como querellante, Huguito Vaca Narvaja hizo una excelente intervención, donde denunció el papel genocida del ejército argentino, desde la mal llamada conquista del desierto hasta la dictadura militar. También denunció el papel nefasto de la Iglesia Católica, y de las fuerzas de seguridad. Reivindicó la fortaleza de los presos políticos y los testimonios de los declarantes, para finalmente pedir condena para los asesinos de su padre y su abuelo.
Al momento de pronunciar sus últimas palabras, el dictador Jorge Rafael Videla, calificó al alegato de Vaca Narvaja como de "peligroso revisionismo histórico", tanto le había molestado las palabras de quien era un niño cuando él asumía como jefe del Proceso de Reorganización Nacional. Hoy ese dictador está muerto, murió en la cárcel. Ese niño, abogado de su familia en la causa por su asesinato, ocupa el sillón del Juzgado Federal 3 de Córdoba.
La historia, a veces, da revanchas.

Los aportes de la abuela Tuntuna
La abuela de Huguito, Susana Yofre de Vaca Narvaja, falleció a los 95 años. Se había jubilado como docente a los 40 años, luego de trabajar y aportar 20 años, como era lo usual en aquellos años. Con menos de 60 años tuvo que partir junto a su numerosa familia al exilio, dejando atrás a su esposo secuestrado y luego asesinado, a un hijo preso y a otro, en la clandestinidad.
Cuando Huguito Vaca Narvaja fue designado en la Anses, le recriminaba a la abuela, medio en broma, medio en serio, que casos como el de ella, con 20 años de aportes y 55 años de cobrando el haber jubilatorio, eran los que desfinanciaban el sistema previsional.
A la abuela de Huguito le decían "Tuntuna", justamente porque su nieto mayor la llamaba así de pequeño, porque no podía pronunciar su nombre, Susana.