Ajuste, deuda y reforma tributaria

El ajuste implica una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados. Para las corporaciones el programa de austeridad no representa una mala noticia.
ADRIAN FALCO*
Los programas de ajuste recaen sobre los pueblos nunca sobre las corporaciones. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri implementó un plan de ajuste del gasto público que afecta a los sectores más vulnerables de la población. "Hay que gastar menos", "es necesario ordenar las cuentas públicas", "debemos terminar con el despilfarro de recursos estatales", son algunas de las consignas para justificar el achicamiento del Estado. Entre las medidas que forman parte del programa de austeridad se destacan cinco: quita de subsidios en energía y transporte, reducción del empleo público, ajuste en obras de infraestructura y ajuste en la seguridad social.
Las ofrendas realizadas no permitieron recuperar la confianza de los mercados y fueron acompañadas por una pérdida en la capacidad de compra de los trabajadores. En otras palabras, el paquete de medidas representa una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados. Para las corporaciones el programa de austeridad no representa una mala noticia.
Los agronegocios fueron los más favorecidos por la devaluación y la quita de los derechos de exportación. Distintas estimaciones arrojan que la pérdida de recursos para el Estado ascendería a 213 mil millones de pesos entre 2016 a 2019, alrededor de 10 mil millones de dólares. A esas cifras debe sumarse las quitas de retenciones a las exportaciones de productos industriales y mineros.

"Pasaron cosas".
Según el presidente Macri, "veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas". Puede advertirse que esto significa que Argentina buscó generar, con las reformas, un clima amistoso para el empresariado global, quien debía dar rienda suelta a la lluvia de inversiones; pero inesperadamente "el mundo cambió" y llevó a dar marcha atrás con algunos puntos de la reforma que favorecía a sectores concentrados de la economía.
La irrupción de una crisis autoinfligida llevó al gobierno a poner su reforma tributaria en el congelador. Así, la mentada rebaja o quita de retenciones a las exportaciones fue demorada por un problema de liquidez. La rebaja gradual del Impuesto a las Ganancias, que iba a reducirse de 35% a 25% hacia el 2020, se pospuso. El gravamen del 21% a los servicios digitales también.
Claro que no fue solo una decisión del gabinete nacional el demorar algunas partes de la reforma. Se ve claramente la mano del Fondo Monetario Internacional que manifiesta en el informe elaborado para que sus directivos evalúen la aprobación del préstamo solicitado por Argentina que "habría que retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria, como un medio para preservar los ingresos". Otro pasaje de aquel informe, no menos espeluznante que el anterior, sugieren "vender tierras y amortizar los activos de los fondos de pensiones (en poder del gobierno) para financiar parcialmente el pago del gobierno de los reclamos de pensiones pasadas".

Quién hace el esfuerzo.
Una vez más, queda de manifiesto desde dónde y para quién se gobierna en esta Argentina anfitriona del G-20 y de la OMC. El esfuerzo deberán hacerlo los trabajadores, el pueblo y no las élites, no las grandes riquezas. En última instancia, luego de tecnicismos que intentan matar a la política, está detrás la puja de poder, la lucha por el reparto de la riqueza. Según un informe del Centro de Investigaciones y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos, "los trabajadores perdieron más de 3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Esto implicó una transferencia de ingresos de 16.000 millones de dólares, que provocó una caída en la participación de los asalariados del 37,4 al 34,3 %".
Pero lo más preocupante tiene que ver con la reducción de la masa salarial, mediante la reducción del empleo público con el congelamiento de salarios para 2019 y 2020 incluso en universidades.

Planes pulverizados.
La reacción de los grandes grupos económicos a raíz de esta suspensión en las rebajas de retenciones a la exportación no se hizo esperar. El grupo de empresas y holdings cerealeros, reconocidos como "el campo", desató su aparato de lobby político y mediático para convertir su reclamo sectorial en un problema nacional.
Pero la escalada de los dueños de los dólares en Argentina no quedó ahí. Se extrañan, sintiéndose parte de la coalición gobernante, que "no se escucha nada de la baja del gasto público innecesario". Seguramente los dueños de la Pampa húmeda se refieren sin dudas a los gastos en programas sociales que apuntaron a disminuir la desigualdad y a potenciar la inclusión de sectores vulnerables luego de estas políticas pro mercado. Entre ellos se cuentan: el Plan Progresar, destinado a incentivar el estudio de los jóvenes de entre 18 y 24 años, 5,3 millones de notebooks del plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital en los jóvenes, el Plan Remediar, que dependía del Ministerio de Salud y estaba en vigencia desde 2001 entregando botiquines que contenían 74 medicamentos esenciales en su vademécum y le garantizaban el acceso a 16 millones de argentinos en cualquier punto del país, el Plan "Argentina Sonríe", que dio atención odontológica gratuita a casi 32 mil personas, etc.

Ganan los poderosos.
Es evidente, por parte del gobierno, la necesidad de hacer más "atractiva" a Argentina frente a los ojos del capital transnacional, hacerla más "competitiva". El aumento en las tarifas de servicios públicos que impactan de manera desmedida en las economías domésticas, el incremento del costo de vida, la rebaja de impuestos a sectores concentrados que ya hicieron su planificación fiscal y ya "ganan" en términos de pagar lo mínimo e indispensable al fisco, la apertura indiscriminada de las importaciones vía rebaja de aranceles que golpean fuertemente a la pequeña y mediana industria local, y el endeudamiento sin freno para cubrir la crisis financiera, son los condimentos suficientes que hacen de este presente un momento muy complejo para los millones de argentinos y argentinas que viven de su salario. Una vez más, ganan los poderosos, que ya no compran voluntades políticas sino que han logrado cooptar el poder para intentar institucionalizar el saqueo de nuestros países. (Extractado de Alainet).

*Secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.