Alejandra Gils Carbó pasó de perseguida a consultada

LA CORTE MANDO EL EXPEDIENTE DEL TARIFAZO A LA PROCURADORA

La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, atacada sin piedad por el gobierno de Mauricio Macri por integrar el colectivo Justicia Legítima, deberá expedirse en el expediente que tiene la Corte Suprema, para resolver los recursos sobre los tarifazos en el gas.
IRINA SANTESTEBAN
El ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene pinta de “yuppie” pero es un cuadro en implementar reformas en los poderes judiciales. El la vapuleó desde el momento mismo en que ocupó su cargo. Es que Alejandra Gils Carbó, una funcionaria judicial con dilatada trayectoria, se ganó el odio de todo el arco antikirchnerista, con sus dictámenes impecables a favor de leyes que fueron iniciativas de Cristina Fernández. Entre ellas, quizás las más irritantes para ese sector, la opinión favorable a la vigencia de la Ley de Medios y de las reformas judiciales. Estas últimas fueron atacadas tanto desde la corporación judicial como por el grupo Clarín, que las calificó de “leyes K para domesticar” a los jueces.

El odio del señor M.
Gils Carbó demostró siempre que tiene un criterio propio, incluso yendo contra un presidente en ejercicio. Fue cuando se pronunció en contra de la fusión de Multicanal y Cabrevisión, surgida de un acuerdo entre Néstor Kirchner y el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto. Opinó que eso era la “entronización de un conglomerado monopólico de medios que amenaza la democracia”.
Ese dictamen lo hizo como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, en abril de 2007, cuando ni siquiera soñaba que podría llegar a ocupar el cargo de jefe máximo de los fiscales. Así se ganó el odio del mayor grupo de medios.
En esa oportunidad, en un escrito que podríamos calificar hoy de “clarividente”, expresó que, de aprobarse esa fusión, la opinión pública podría llegar a “ser gobernada por un monopolio hegemónico dada la incidencia de los medios de comunicación para contribuir o dañar el consenso en una democracia”.

Monopolio ilícito.
La Procuradora también advertía que semejante posición de dominio en el mercado de los medios, le permitiría a Clarín “acceder a diferencias económicas y espacios de poder que irán menguando a sus competidores y al gobierno de turno, cualquier fuere”. En aquel momento, se estimaba que el monopolio tenía el control del 70 por ciento de la audiencia.
Para Gils Carbó esa posición dominante era “ilícita” y había sido homologada por jueces comerciales, además de ser fruto de un acuerdo político con el entonces presidente Kirchner. Lo era porque Clarín tenía participación casi monopólica en el negocio de la televisión abierta, por cable, radios, Internet, diarios, revistas y Papel Prensa. En este último caso, cuatro años después, la entonces presidenta presentó una denuncia por la apropiación de la empresa durante la dictadura, mediante torturas y secuestros de sus dueños, los Graiver. La causa Papel Prensa se encuentra prácticamente paralizada en manos del juez Julián Ercolini, quien en diciembre de 2015 denegó el pedido de indagatoria a los directivos de Clarín, acusados de la apropiación de esa empresa.
Se entiende por qué, entonces, el jefe del grupo Clarín desea el alejamiento de la Procuradora. Y se entiende, también, por qué desde el momento mismo de su asunción, tanto Macri como Garavano han intentado su retiro. Hasta el momento, por su trayectoria, por su firmeza, porque fue designada con el voto de una abrumadora mayoría de senadores, Gils Carbó mantiene su puesto.

No es vinculante.
El dictamen de la Procuración General no es vinculante, pero es un requisito previo a la resolución de cualquier causa por parte de la Corte. En este caso, le viene de perillas al tribunal para dilatar un recurso que lo enfrenta con el gobierno y las empresas que han aplicado el tarifazo, por un lado. Y por el otro, sabe que una decisión favorable a los aumentos, generará un amplio rechazo por parte de la población. Una posición difícil para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien se pasó discurseando sobre los “derechos de incidencia colectiva” y convocando a audiencias para escuchar a los sectores perjudicados por decisiones de empresas o grupos económicos.

Audiencia.
En el ínterin en que Gils Carbó prepara su dictamen, para el cual no tiene plazo, Juan José Aranguren ha anunciado la convocatoria a “audiencia informativa”. Un requisito ineludible de la ley, que fue obviado y que provocó que muchos jueces y Cámaras fallaran a favor de las medidas cautelares presentadas por los usuarios, frenando los aumentos aplicados por las empresas de gas y luz.
En esa audiencia, Aranguren ha dicho que informará sobre la “crisis energética”, como justificativo de los aumentos aplicados, que en relación a la tarifa de gas, superaron el 1.000% en algunos casos, y luego fueron acotados por dos decretos que los redujo a un 400% y 500% para el consumo residencial y comercial, respectivamente.
Pero mal que le pese al ministro -será por eso que no la convocaron-, en esa audiencia habrá muchos expositores, entre asociaciones de usuarios y consumidores de a pie, que le pedirán explicaciones sobre el precio del gas, por qué se dejó de importar gas de Bolivia (más barato y de mejor calidad) para ahora importar desde Chile beneficiando a Shell (en la que Aranguren tiene acciones por valor de 16 millones de pesos), entre otras “molestas” preguntas. Es la diferencia entre ser CEO de una multinacional, a ser ministro de un gobierno en una democracia donde todavía existen mecanismos de control, aunque haya quienes no quieran respetarlos.

Un “esfuercito”.
Aranguren, en una apelación asombrosa, pidió a los votantes de Cambiemos que hagan un “esfuerzo” para pagar la factura del gas y la luz, reconociendo que el peso de la crisis recae sobre la población, que antes gozaba de subsidios. No eran sólo los planes para los desocupados, los recursos del Estado también beneficiaban a las clases medias y hasta altas.
Cuando un gobierno reconoce una crisis, para sortearla, está claro que todos deben aportar un “esfuerzo” y que el mismo debe estar directamente relacionado con la capacidad adquisitiva y los ingresos de cada sector. Entonces Cambiemos debería explicar por qué, si hay crisis, se otorgaron tantos beneficios a los sectores de mayores recursos y con grandes ganancias. Por caso, la baja y eliminación de retenciones a los exportadores agropecuarios, la liberación de las tasas de interés (beneficiando a los bancos), la quita de aranceles a la importación de autos de alta gama, la devaluación del peso (que provocó aumentos de precios y benefició a quienes acumulaban dólares), etc.
Cada vez más los votantes se van dando cuenta de que ese “esfuercito” no se reparte equitativamente. Entonces se entiende por qué, hoy el 53% de los argentinos piensa que las medidas de este gobierno “benefician a los ricos”. Así de simple.

La verdad de los subsidios.
En esa audiencia, el ministro Aranguren también debería explicar por qué se quitaron los subsidios a las tarifas de energía, sea gas o luz, siendo que los fondos destinados a ese fin, no son más altos que los que pagan otros países.
Por ejemplo, en 2015, la Argentina gastó U$S 413 por persona en subsidios a la energía, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fueron recopilados por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).
En porcentajes, los subsidios a la energía que aplicó Argentina el año pasado -y que beneficiaron mayoritariamente a las capas medias y altas de la población- representaron el 3,25% de su PBI. Esa cifra es menor al 3,32% que aplica Chile, el 3,82% de EE.UU. y de otros 65 países más, entre 152 naciones.
En cuanto al gasto energético, relacionado con su PBI, Argentina ocupa el puesto número 68, entre 152 países; ello para contrarrestar el discurso oficial, sobre que los argentinos gastaríamos “mucho” en gas y luz, como gusta decir muy seguido Macri.
Siendo un país con recursos naturales como para proveer energía (hidráulica, gasífera, eólica), es una muestra de la falta de políticas públicas e inversiones que se deba importar gas. Pero mucho peor es hacerlo pagando más de lo que se estaba abonando, tal la decisión que tomó el ministro de Energía, cuando dejó de comprarle a Bolivia e importar gas con Shell.
Según los datos de Oetec, la Argentina destinó a subsidios energéticos U$S 17.530 millones en 2015; mientras que Brasil: U$S 55.440 millones; Chile, U$S 9.270 millones; Colombia, U$S 12.670 millones; y México, U$S 30.860; entre los países de la región.

Sin plata.
Las empresas que proveen gas y luz, como Edenor y Edesur, Metrogas, Ecogas, etc., están presionando al gobierno para que se aplique el nuevo cuadro tarifario que decenas de fallos judiciales han suspendido.
Para paliar la situación, el gobierno espera que la Corte Suprema modifique el carácter “suspensivo” de los amparos, y disponga que sea “devolutivo”, esto es, que mientras se sustancia la cuestión de fondo y se resuelva la anulación o no de las nuevas tarifas, éstas se apliquen a la población. Hasta ahora, la mayoría de los fallos han suspendido la aplicación de los tarifazos, basados en la no realización de las audiencias públicas y en el gran perjuicio que podrían causar en la mayoría de la población, y en época invernal.
Aranguren se opone a que sea la Justicia la que fije las tarifas, y en parte tiene razón, es una decisión política. Pero también es política pura que desde hace semanas las manifestaciones contra los tarifazos se hacen oír en todo el país. Como no hubo audiencia previa al tarifazo, la población se hace escuchar en las calles, una tradición en el pueblo argentino, desde el 17 de octubre de 1945, hasta diciembre del 2001, pasando por el Cordobazo (1969) y otras grandes movilizaciones populares.