Alerta universitaria

La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad pampeana sumó su voz al cada vez más nutrido coro de los que cuestionan la reforma judicial lanzada desde el Ministerio de Justicia de la Nación. Jueces, instituciones, centros de estudio y facultades de derecho de todo el país vienen manifestando su descontento con muchas de las modificaciones planteadas por el nuevo gobierno nacional.
El Consejo Directivo de la facultad hizo suyo el reclamo del Consejo de Decanos de Facultades de Derecho que sesionó en abril en Tucumán y alertó sobre los riesgos de que se imponga una limitación a la autonomía de las universidades. El tema que más preocupa en los ámbitos académicos es la instancia de “acreditación” que el proyecto oficial pretende imponer a quienes ya han recibido su diploma en las universidades argentinas. Semejante iniciativa, expresan los decanos, colisiona contra la autonomía universitaria y degrada a las universidades en su función de expedir títulos habilitantes para el ejercicio profesional.
En nuestro país está fuertemente arraigada la tradición autonomista de las universidades públicas a partir de un acontecimiento que está próximo a cumplir su centenario: la Reforma Universitaria de 1918. Ese histórico avance nació en Córdoba a partir de un gran movimiento estudiantil y luego se extendió a las otras universidades del país. Pero también trascendió las fronteras argentinas y tuvo repercusión en América Latina y todo el mundo generando una corriente transformadora que modificó para siempre la antigua tradición universitaria conservadora y elitista.
El rechazo de las facultades de derecho ante lo que consideran un avance reglamentarista y policial se nutre del espíritu de aquel movimiento que introdujo por primera vez prácticas democráticas en los claustros. El injerto burocrático con el que se pretende limitar la competencia de las casas de estudio choca de frente con la tradición reformista argentina.

Desaire papal
El gobierno nacional acaba de recibir un desaire internacional de magnitud pocas veces visto, para peor generado por la Iglesia Católica, mayoritaria en nuestro país. Que la relación entre el Papa y el Presidente no es fluída era cosa sabida hace tiempo. Ya se había manifestado públicamente durante el breve y frío encuentro que mantuvieron ambos en el Vaticano. Y más tarde con el rosario que le envió Francisco a Milagro Salas, la prisionera de Gerardo Morales en Jujuy, y la recepción en audiencia especial a Hebe de Bonafini, dos mujeres que provocan fuerte rechazo en el gobierno de Cambiemos.
Quizás por esa razón el gobierno intentó, por decreto, aportar una millonaria donación a Scholas Occurrentes, una institución educativa católica, dejando constancia, de paso, que sus objetivos coinciden con las metas del gobierno nacional, lo que sugiere que el subsidio fue otorgado por coincidencia con los postulados del partido presidencial. Para peor, algunos dirigentes no se privaron de decir que la donación podía formar parte de una estrategia de acercamiento entre ambos dignatarios. Otro resbalón político.
La noticia de la donación le cayó muy mal al Papa y a su círculo más cercano. Un activista social muy cercano al pontífice llegó a criticar en términos muy fuertes a los dirigentes que piensan que “por darle plata, máxime fondos públicos, a una fundación, escuela, ONG, cooperativa o movimiento popular por el solo hecho de estar directa o indirectamente vinculada al Papa, está haciendo un gesto a Francisco”.
La torpeza también se coló hasta en la suma donada, que fue exactamente de 16 millones 666 mil pesos. Es muy conocido que en ciertas ramas de la creencia cristiana el triple seis constituye el símbolo numérico que identifica a la bestia del anticristo. Descartada la broma de mal gusto, queda sí el justificativo de la ignorancia.

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