Algo cambia y acredita para ser pesado y medido

Señor Director:
El título resume mi reflexión acerca del final del proceso judicial por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Lo nuevo no es la muerte violenta ni lo son las circunstancias en que se produjo, con toda la trama de complicidades que la indagación policial puso en evidencia. Crímenes así llenan la historia de las luchas sociales. Tampoco ha sido lo más relevante que se lograra dicha evidencia. Lo nuevo es que la culpa esta vez escaló desde quien fue autor material hasta una altura que antes estaba vedada salvo para casos de verdadera excepción. Lo que ahora queda por saber es si la decisión de ese tribunal pasará a integrar la estrecha lista de lo excepcional o estará abriendo un camino nuevo para la justicia y para la política en general. Asimismo, es singular que la sanción alcance a un dirigente originariamente obrero del riel, que había llegado a escalar hasta lo más alto en esa jerarquía, antes de las privatizaciones de los años ’90 y antes de que el papel sindical pasara a confundirse con el de empresario. Esta transformación se dio en más de un caso en esos años y explica más de una conducta.
Tal como fue explicitada la trama del acontecimiento que iba a culminar con el asesinato mencionado, aparte de un herido grave y otros dos también alcanzados por las balas, ha permitido ver el dibujo de una operación en la que tales gremialistas devenidos empresarios (en este caso, habían tomado a su cargo la gestión de servicios adicionales del ferrocarril) desde su doble papel disponen la operación de represión de una protesta gremial de trabajadores tercerizados que se manifestaban contra el despido de doce de ellos. Los encargados de la represión fueron armados al lugar e hicieron uso de las armas, dirigiéndolas contra algunos de los manifestantes. Logrado el objetivo (se diría “de escarmentar”), los responsables inmediatos hallaron que la policía había liberado la zona, con lo que se facilitó que pudieran alejarse del lugar de los hechos. Estas operaciones, este “armado” de una causa, no han sido lo novedoso en la historia de las luchas obreras. Lo extraño es que se las investigue, se las ponga en evidencia y se sancione a todos los implicados en la escala de responsabilidades. Para hacer más explícita la duplicidad, el antecedente a considerar es la privatización del ferrocarril y la asunción por el sindicato de un servicio adicional, con lo que se convirtieron en parte del lado empresario. Una suerte de Jano bifronte, con la diferencia que el dios romano tenía un papel defensivo y los dirigentes ahora condenados obraron como el que agrede y el que suprime la defensa.
La reacción de quienes asistían como público a la lectura de las sentencias resultó también significativa. Mientras que los familiares y amigos de las víctimas se mostraron básicamente conformes con esa culminación del juicio oral, aunque habían pedido penas mayores, los familiares y amigos de los condenados promovieron un estado de alteración del orden que obligó al tribunal a hacerlos sacar de la sala.
Ni es novedoso el papel policial, pues abundan, antes y ahora, las denuncias de actuaciones similares que implican traicionar la confianza pública.
Lo nuevo, lo que realmente da a este juicio oral un rasgo que lo diferencia y lo singulariza, es que se haya buscado el rastro de la culpa hasta una altura hasta ahora vedada y creadora de la sensación de impunidad.
Muy poco antes un ex presidente constitucional fue sancionado por operaciones de venta de armas, causa que ahora deriva en una nueva indagación de la voladura de una fábrica militar, como parte de la misma maniobra de encubrimiento. El caso Kosteki-Santillán, dos manifestantes asesinados en sucesos de comienzos de siglo, permitió conocer la trama real, desarmando su armado. En esta serie sobresalen como antecedente los juicios a gobernantes de facto por crímenes de lesa humanidad.
Atentamente:
JOTAVE